Exigen ley para prohibir minería en la Amazonía

Pueblos indígenas afectados por la minería aurífera demandan al Congreso promulgar una ley para prohibir esta actividad en la Amazonía ante la incapacidad del Estado para controlar y sancionar sus impactos.

Denuncian que la minería aurífera avanza con total impunidad afectando los ríos y generando graves impactos en seres humanos, animales y plantas, además de estar provocando enfermedades y otras actividades ilegales.

“Esta es una infección de que, de no ser frenada, arrasará con todo a su paso”, señalan en un pronunciamiento denominado “Mandato de Acción Indígena ante el infierno minero”, publicado la noche del 2 de octubre.

El documento incluye otras demandas para frenar la minería como resultado de un encuentro que reunió a organizaciones indígenas, gobiernos territoriales autónomos y guardias indígenas en Lima desde el 30 de setiembre.

Entre estas demandas, piden también al Gobierno suspender la emisión acelerada e irresponsable de concesiones mineras encima de sus territorios, y considerar el consentimiento previo de las comunidades como requisito para su aprobación.

“Perú afronta el impacto de 2 millones 491 mil 390 hectáreas afectadas por 30 mil 754 concesiones, 115 mil hectáreas deforestadas y 22 ríos que atraviesan 32 distritos amazónicos impactados”, alertan

Con ello, se “expande el cáncer minero que destruye las riberas, cambia el cauce de los ríos y los contamina con 185 toneladas de mercurio cada año y otras sustancias químicas nocivas”, agregan los indígenas.

Asimismo, hacen una exhortación para que países como Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita, principales compradores del oro peruano, suspendan sus compras pues saben que el 45% del oro que compran provienen de la ilegalidad.

“Exigimos que se suspendan esas compras hasta que se garantice trazabilidad y la garantía de que no provienen de la destrucción minera amazónica ya sea legal, informal o ilegal”, indican los indígenas.

El Mandato de Acción Indígena ante el infierno minero es firmado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus bases regionales, Gobiernos Territoriales Autónomos y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entre otros. (Tomado de Servindi)