Este martes se decide el futuro de los 11 defensores ambientales de Cotabambas criminalizados

Mañana, 22 de abril, la Corte Superior de Justicia de Apurímac dará lectura a la sentencia de apelación de 11 defensores de derechos humanos y del medio ambiente de la provincia de Cotabambas, Apurímac, quienes fueron criminalizados por participar en protestas sociales contra la empresa minera MMG Las Bambas. Los acusados ​​fueron previamente condenados en primera instancia por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas a penas de entre 8 y 9 años de prisión, además del pago de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado peruano y 88 600 dólares a favor de la empresa MMG Las Bambas SAC.

El caso ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional debido a las graves irregularidades denunciadas durante el proceso judicial, así como al contexto de criminalización de la protesta social. Los acusados ​​son líderes comunales que participaron en protestas pacíficas en septiembre de 2015, en rechazo a modificaciones unilaterales del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto minero Las Bambas, realizadas sin consulta previa ni información adecuada a las comunidades afectadas, y al incumplimiento de acuerdos previos con las comunidades de Cotabambas.

La primera audiencia de apelación se llevó a cabo el 19 de marzo de 2025 de manera presencial, con la participación virtual de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos. Durante la sesión, la defensa legal de los acusados ​​enfatizó que no existen pruebas directas que sustenten la acusación bajo la figura de autoría mediata, figura jurídica utilizada para atribuir responsabilidad penal sin evidencias de participación directa en los hechos.

Durante las audiencias de apelación, el principal sustento del Ministerio Público fue un acta de una reunión realizada el 12 de septiembre de 2015, en la que se conformó un comité de lucha. La defensa argumentó que dicho documento no constituye una prueba incriminatoria, sino una manifestación legítima del derecho a la organización y la protesta.

En la segunda audiencia del 31 de marzo, se reiteraron los argumentos sobre la ausencia de pruebas materiales y la falta de sustento en la imputación. Los magistrados también cuestionaron la fundamentación presentada por la Procuraduría Pública y Fiscalía, la cual se limitó a conceptos teóricos sin justificar de manera adecuada la responsabilidad individual de los acusados.

Pese a estas observaciones, la empresa MMG Las Bambas solicitó el pago de la reparación civil bajo el concepto de “monto solidario”. A su vez, la Fiscalía y la Procuraduría Pública solicitaron incrementar la reparación civil a favor del Estado a 200 mil soles, argumentando daños a la imagen del Estado peruano.

El 4 de abril, los defensores de Cotabambas tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra durante dos minutos cada uno. En sus intervenciones, reafirmaron su inocencia y su colaboración con la justicia, destacaron que son padres y madres de familia, agricultores y comuneros quechuahablantes originarios de las comunidades de Cotabambas, y señalaron que sus familias dependen de ellos.

El proyecto minero Las Bambas ha sido foco de múltiples conflictos sociales desde el inicio de sus operaciones. La protesta pacífica de septiembre de 2015 fue duramente reprimida por la Policía Nacional del Perú, resultando en la muerte de tres comuneros y decenas de personas heridas. Posteriormente, el Estado emprendió procesos penales contra más de 300 personas; 37 fueron llevados a juicio, y 11 defensores de Cotabambas fueron condenados en primera instancia en el año 2024.

Las Bambas, considerada una de las mayores explotaciones de cobre del país y la más grande operada por una empresa china en América Latina, ha sido señalada reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales por su impacto negativo en los derechos humanos. Con un flujo diario de aproximadamente 370 camiones de alto tonelaje recorriendo más de 450 kilómetros hasta el puerto de Matarani, en Arequipa, la operación afecta directamente a 169 centros poblados ubicados en el llamado corredor minero del sur, entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que este caso forma parte de una preocupante tendencia de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en un contexto de creciente militarización del territorio y alianza entre intereses corporativos y estatales.

Mientras se espera el veredicto de la Sala Penal de Apelaciones de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, organizaciones sociales de Cotabambas han convocado a movilizaciones pacíficas en distritos como Challhuahuacho, Haquira, Mara, Tambobamba y Abancay, en respaldo a los 11 defensores procesados. Asimismo, se prevé la presencia de nuevos observadores internacionales en la audiencia del 22 de abril, como mecanismo de garantía de justicia e imparcialidad en el proceso.

Más de 708 organizaciones y personas defensoras de 26 países firmaron un pronunciamiento en apoyo a los 11 defensores de Cotabambas. También se sumaron comunidades, organizaciones sociales e instituciones, exigiendo su libertad y justicia. El caso ha despertado una amplia solidaridad nacional e internacional.

El fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Abancay podría marcar un precedente decisivo en la protección de los derechos fundamentales en el Perú. La comunidad internacional observa con atención este caso emblemático que pone en juego no solo la libertad de personas, sino también la legitimidad del derecho a la protesta en defensa del territorio y del medio ambiente.