Espinar: Suspenden juicio oral contra defensores y defensoras de Urinsaya por falta de intérprete quechua

El juicio oral que estuvo programado para el lunes 26 de agosto a las 8:00 a.m., en el que se acusa a 8 defensores y 2 defensoras de la comunidad indígena Urinsaya, fue suspendido por la Cuarta Sala de Audiencias del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de Cusco. La suspensión se debió a la ausencia de un intérprete en idioma quechua, necesario para asegurar que los acusados comprendan y participen plenamente en el proceso judicial.

Los acusados, miembros del pueblo originario de Urinsaya, distrito de Coporaque en la provincia de Espinar, enfrentan cargos de secuestro en agravio de Elvis Flores, trabajador de seguridad de una empresa minera. Sin embargo, la comunidad de Urinsaya y sus defensores legales han señalado que las acusaciones carecen de pruebas sólidas, y el proceso ha estado marcado por graves irregularidades, como la realización de diligencias sin la presencia del abogado defensor y la exclusión de testimonios clave.

El conflicto que dio origen a este caso se remonta a enero de 2020, cuando la comunidad de Urinsaya protestó contra la contaminación ambiental y el incumplimiento de acuerdos por parte de una empresa minera que utilizaba la carretera comunal. La situación se complicó aún más con la emisión de la Resolución Ministerial N.º 054-2019-MTC, que reclasificó la carretera comunal como vía nacional sin consulta previa, violando los derechos de la comunidad según el Convenio 169 de la OIT.

La suspensión de la audiencia ha revitalizado la movilización de la comunidad, que exige una revisión justa e imparcial del caso, así como el respeto a sus derechos fundamentales. Los comuneros se trasladaron a Cusco para apoyar a los acusados, y hacen un llamado al juez Miguel Ángel Castelo Andia para que emita una resolución que respete los derechos de las comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales.

Este caso ejemplifica una preocupante tendencia hacia la criminalización de la protesta social en Perú, especialmente en contextos de defensa del territorio y el medio ambiente. La comunidad de Urinsaya y sus aliados continúan luchando por justicia, insistiendo en la importancia de garantizar un juicio justo y el respeto de los derechos reconocidos por la ley. (Con información del Observatorio de Conflictos Mineros)