Entre la MAPE y la gobernanza criminal: el avance de la minería ilegal en la Amazonía

La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la Amazonía y para la seguridad de los pueblos que la habitan. Su expansión no solo destruye ecosistemas vitales, sino que alimenta redes criminales que controlan territorios, imponen normas y reemplazan al Estado en amplias zonas de frontera.

Este fue el tema central de la más reciente edición de La Hora Verde, que contó con la participación de Rafael Hoetmer, director del Programa de la Amazonía Occidental en Amazon Watch, y José De Echave, economista e investigador de CooperAcción. Ambos coincidieron en que la desatención histórica a la pequeña minería —profundizada desde la Ley General de Minería de 1992, diseñada para la gran minería y que dedica apenas dos artículos a la minería artesanal— ha facilitado el avance de la minería ilegal y la captura criminal de territorios amazónicos.

Rafael Hoetmer presentó los hallazgos de un informe elaborado por Amazon Watch y Amazon Underworld, que documenta cómo grupos armados como los Comandos de la Frontera, las disidencias de las FARC y organizaciones ecuatorianas como Los Choneros ejercen un control efectivo en la triple frontera entre Perú, Colombia y Ecuador.

“El panorama es dramático: lo que existe en la triple frontera es una suerte de gobernanza criminal. No es el Estado el que manda: son los actores armados quienes deciden quién entra y quién sale, quién produce qué y a qué precio. Controlan la economía, la política local y hasta la vida cotidiana de las comunidades”, señaló.

En el lado colombiano, relató Hoetmer, las comunidades están obligadas a portar carnés emitidos por los grupos armados, pintar los techos de sus casas de determinados colores para ser identificadas desde drones y hasta a participar en trabajos forzosos para abrir caminos en el bosque. También se registran casos de reclutamiento de menores.

“El oro ilegal es central en esta dinámica”, advirtió. “Estos actores no solo se dedican al narcotráfico o al contrabando, sino que diversifican sus economías. La minería de oro les da poder, ingresos rápidos y control sobre el territorio. Y lo más grave: la contaminación por mercurio y la devastación de los ríos y bosques amazónicos son irreversibles en el corto plazo”.

Para Hoetmer, la ausencia del Estado peruano es especialmente preocupante: “El Perú aparece hoy como un refugio atractivo para las economías ilegales, con marcos legales débiles, baja capacidad de fiscalización y un Estado que solo entra con operativos militares que no resuelven nada de fondo. Eso abre la puerta a que el crimen organizado se consolide en Loreto y otras zonas amazónicas”.

José De Echave, por su parte, puso el acento en el marco institucional que ha permitido esta expansión. Recordó que la Ley General de Minería de 1992 fue diseñada a la medida de la gran minería, dejando a la pequeña minería y a la minería artesanal en la marginalidad.

“Esa ley dedica más de 200 artículos a regular la gran minería, y apenas dos a la pequeña. Durante tres décadas, la pequeña minería ha sobrevivido con poca atención del Estado. Y esa desatención generó el espacio perfecto para que crecieran la informalidad y la ilegalidad, especialmente en la Amazonía”, explicó.

De Echave advirtió que el debate actual sobre una nueva Ley MAPE (para la minería artesanal y de pequeña escala) no puede desvincularse de esta estructura legal. “La pregunta es: ¿se puede pensar en una ley MAPE disociada de la Ley General de Minería? Yo no lo creo. Si no se toca esa ley matriz, estaremos reproduciendo el mismo problema”, señaló.

Además, subrayó que las propuestas que hoy se discuten en el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas están enfocadas casi exclusivamente en la minería andina, ignorando lo que ocurre en la Amazonía. “Mientras los gremios discuten problemas en Arequipa o Pataz, la minería ilegal en Loreto, Ucayali o Madre de Dios sigue expandiéndose de la mano del crimen organizado”, afirmó.

Ambos especialistas coincidieron en que las respuestas estatales —basadas casi siempre en la militarización— han fracasado. “La historia lo demuestra: la represión solo genera más violencia, masacres y desplazamientos forzados. Lo que necesitamos es reforzar la gobernanza territorial indígena, reconocer a las guardias comunitarias y garantizar alternativas económicas para las poblaciones locales”, dijo Hoetmer.

De Echave complementó: “Un problema de esta magnitud no se puede resolver sin Estado, pero tampoco sin bases sociales. Hoy vemos que son los pueblos indígenas, las rondas campesinas y las organizaciones locales quienes resisten en soledad. El deber del Estado es respaldarlos, no abandonarlos”.

La expansión de la minería ilegal no es solo un problema de seguridad: es también una amenaza climática de escala global. El uso indiscriminado de mercurio y la destrucción de bosques en zonas críticas de la Amazonía afectan la estabilidad climática y ponen en riesgo el futuro del planeta.

La Hora Verde dejó en claro que sin un cambio estructural en la legislación minera y sin presencia efectiva del Estado, la Amazonía seguirá siendo capturada por las economías ilegales. La urgencia es global, pero la acción debe comenzar en los territorios.

📺 Puedes ver el programa completo aquí: