Empresas y derechos humanos: hacia una transición justa frente a la crisis climática y democrática

En medio de una profunda crisis democrática y un clima de creciente inseguridad e incertidumbre, la IV Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos se consolidó como un espacio plural de diálogo y reflexión sobre los desafíos del país para construir una economía que respete los derechos humanos y ambientales.

Organizada por la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (PSCEDH), la Semana se desarrolló a lo largo del mes de octubre con actividades descentralizadas en el sur andino (Cusco) y el norte (Chiclayo), donde se abordaron temas como la situación de los defensores ambientales, el impacto de la minería y los avances del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH). Estos encuentros regionales permitieron fortalecer la participación de liderazgos locales, comunidades indígenas, organizaciones sindicales y defensores ambientales, aportando una mirada territorial a la agenda nacional.

El Coloquio Nacional e Internacional “Empresas, Derechos Humanos y Cambio Climático”, realizado del 21 al 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, constituyó el eje central de la Semana. Bajo el lema “La realidad detrás de la promesa: Empresas y Derechos Humanos”, el Coloquio abordó múltiples dimensiones del vínculo entre desarrollo económico, medio ambiente y justicia social, con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos y cooperación internacional.

La Conferencia Magistral de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Derechos Humanos, Elisa Morgera, abrió las jornadas con la ponencia “Empresas y cambio climático: por una transición energética con derechos humanos”. Su intervención enfatizó la necesidad de que la transición energética global se base en la justicia ambiental, la equidad y la participación de los pueblos, destacando el rol del Perú en el marco de la COP30.

El 22 de octubre, el Coloquio reunió mesas simultáneas que exploraron los impactos del cambio climático y la vulneración de derechos desde distintos enfoques sectoriales y territoriales. En el primer bloque, se discutió la variabilidad climática y sus efectos sobre la agricultura familiar en los Andes peruanos, en una sesión organizada por Oxfam en Perú, que destacó la urgencia de fortalecer políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y protejan a las comunidades rurales más expuestas. En paralelo, la organización Perú Equidad presentó la mesa sobre el Lote 192, donde se abordaron las persistentes vulneraciones de derechos en comunidades amazónicas afectadas por la actividad petrolera y la ausencia de mecanismos efectivos de reparación y justicia ambiental.

Durante la tarde de ese mismo día, los debates se centraron en la mirada de largo plazo y en los marcos de política pública. En el panel “Perú al 2040: una política de derechos humanos con grandes deudas pendientes” (RedGE – FES), se subrayaron los vacíos en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) y la urgencia de incorporar la debida diligencia empresarial en la planificación nacional. En simultáneo, CooperAcción expuso los conflictos territoriales del sur andino y su vínculo con la expansión minera, mientras el Observatorio Ciudadano de Chile presentó un análisis regional sobre el litio y los derechos humanos en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile, evidenciando los dilemas sociales y ambientales de la transición energética en América del Sur.

El 23 de octubre, las sesiones retomaron el análisis de la gobernanza ambiental y la responsabilidad empresarial, en una mesa conducida por Perú Equidad, que resaltó los retos del Estado frente al control de los impactos corporativos y la necesidad de marcos regulatorios más exigentes. En otra sesión, la organización AIDA revisó los casos emblemáticos de La Oroya (Junín) y el derrame de petróleo en Ventanilla (Lima), destacando los aprendizajes sobre reparación integral, justicia ambiental y el rol de las comunidades en la exigencia de rendición de cuentas.

Por la tarde, el Coloquio cerró con dos paneles de alto contenido político y territorial. En “Defensa y justicia por la Amazonía” (Oxfam en Perú y CAAAP), se discutieron los conflictos socioambientales derivados del avance del agronegocio y la presión extractiva sobre los pueblos indígenas. Paralelamente, Red Muqui lideró el espacio “Agua, minería y transición energética: tensiones y oportunidades en el Perú”, que puso en evidencia las contradicciones entre los compromisos climáticos y la expansión de proyectos extractivos. En ambos espacios se insistió en la necesidad de avanzar hacia una ley de debida diligencia empresarial obligatoria, capaz de prevenir y reparar violaciones de derechos humanos y ambientales, y garantizar que la transición energética no se construya a costa de los territorios y comunidades.

En paralelo, la mañana del 23 de octubre se realizó el Diálogo sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y el cambio climático, en el Hotel Casa Andina Select de Miraflores. Este encuentro reunió a representantes de embajadas, agencias de cooperación internacional, la OACNUDH, la OIT, la OCDE y la Unión Europea, junto con voceros de la sociedad civil y líderes sindicales. Durante el diálogo, la Plataforma de Sociedad Civil presentó un balance de la implementación del PNAEDH y planteó propuestas para su fortalecimiento, subrayando la necesidad de vincular la agenda empresarial con la acción climática y la protección de los defensores de derechos humanos.

La jornada culminó con la presentación de la “Ruta de los Pueblos” hacia la COP30, una iniciativa que busca articular las demandas territoriales sobre transición energética, justicia climática y debida diligencia, reforzando el compromiso de la sociedad civil con un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La IV Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos dejó en claro que, frente a un Estado debilitado y un modelo económico que continúa generando desigualdad y conflictividad, la sociedad civil peruana mantiene viva la exigencia de una transición justa, una economía con responsabilidad y un país donde los derechos humanos sean el punto de partida y no la consecuencia del desarrollo. El debate no terminó en San Marcos: continúa en los territorios, en las comunidades y en cada esfuerzo colectivo por construir justicia climática y empresarial.