EDITORIAL AMP 273- El corredor del sur andino: intentando construir salidas
Está claro que el denominado corredor minero del sur andino se ha convertido en el centro neurálgico de la conflictividad social en el país. Las sucesivas paralizaciones de los últimos meses, en varios puntos de los casi 500 kilómetros del corredor, son una clara muestra de una situación que es cada vez más compleja y explosiva.
Los estallidos pueden presentarse en diferentes puntos a la vez o con intervalos. Pueden ocurrir en algún punto de Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Pero además, las demandas y expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.
Algunos intentan improvisar salidas a los conflictos. Desde el gobierno regional de Apurímac se ha propuesta poner en operación una vía alternativa para el transporte de minerales que pasaría por seis distritos (Challhuahuacho, Haquira, Oropeza, Juan Espinoza Medrano, Carabamba y Cotarusi), recorriendo 250.8 kilómetros, para luego salir al puerto de Marcona (Ica). Por otro lado, el ex ministro, Luis Miguel Castilla, de la institución Videnza, una consultora que asesora a empresas mineras, ha planteado propuestas que van desde terminar el asfaltado de la carretera, despolitizar la gestión de los conflictos en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y mejorar los medios de vida de las comunidades, entre otras.
La sensación que queda es que seguimos sin entender los problemas que están detrás del conflicto y que cualquiera de las salidas planteadas no terminan de encarar los temas de fondo. Por ejemplo, si se habilita una vía alternativa para el transporte de minerales, ¿no se corre el riesgo de trasladar los impactos a nuevos territorios y, por lo tanto, el ámbito del conflicto se estaría ampliando? ¿El problema se soluciona asfaltando la carretera o, por ejemplo, despolitizando la gestión de la PCM, como dice Castilla? Los conflictos son multidimensionales y el problema de la PCM no es tanto una supuesta politización; es más bien un tema de debilidad institucional que en realidad caracteriza a todo el Estado peruano.
Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a un conflicto que se ha complejizado, una posibilidad es hacer un giro radical en el abordaje. Para ello se debe partir por reconocer que el denominado corredor minero del sur andino fue una imposición arbitraria y unilateral a toda la población de las zonas alto andinas de Apurímac y Cusco: la empresa minera y los gobiernos locales y regionales convirtieron abruptamente tierras comunales y de particulares en vía pública para asegurar el transporte de más de 300 camiones diarios cargados de minerales. Posteriormente, el gobierno central clasificó la vía como nacional. Debe quedar claro que en las provincias altas de Apurímac y Cusco se hizo lo que bajo ninguna circunstancia se haría, por ejemplo, en una ciudad como Lima o en otra área urbana[1].
Por lo tanto, un primer paso es reconvertir el mal llamado corredor minero del sur andino en una vía por donde transiten, en primer lugar, las visiones y proyectos de las poblaciones de esas provincias alto andinas. Hay que corregir lo que se hizo mal: la vía actual que ha sido tomada por la minería, debe convertirse en el corredor de las poblaciones y de sus proyectos de vida, donde por supuesto la minería tiene un espacio.
Para ello, es necesario construir un sistema de gobernanza para el corredor, donde estén representados de manera permanente el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones. Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado.
Reconocemos que la tarea no es sencilla y los desafíos son enormes. Para comenzar se necesita el compromiso de todos los actores mencionados y el liderazgo de las organizaciones representativas de las poblaciones para generar las condiciones básicas para poner en marcha el nuevo enfoque.
Sin embargo, está claro que es necesario hacer un giro en el abordaje del conflicto. Desde CooperAccion sugerimos que, a la par que se siguen atendiendo demandas puntuales, comencemos a darle contenido a una propuesta de verdadera gobernanza para el corredor del sur andino, que debe convertirse en mucho más que una zona de tránsito de minerales.
[1] Es decir, construir una vía sin negociar previamente con los propietarios de los predios, llegar a acuerdos, hacer una expropiación formal y pagar justiprecio.
29 de marzo 2022
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