El año ambiental

El cierre del 2025 encuentra al país en un escenario ambiental marcado por retrocesos institucionales, conflictos socioambientales persistentes y una agenda climática debilitada frente al avance de intereses extractivos. A ello se suma un contexto político preelectoral que incrementa la presión sobre los territorios y pone en riesgo derechos fundamentales vinculados al ambiente, el agua y la vida.

Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, que realizó un balance ambiental del año y analizó los principales desafíos que se proyectan hacia el 2026. El programa abordó temas como el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la expansión de actividades extractivas formales e ilegales, la crisis climática y la necesidad de incorporar los derechos de la naturaleza y de los pueblos en el debate público.

Durante la conversación se destacó que, a lo largo del 2025, lejos de consolidarse políticas de protección ambiental, se han profundizado tendencias preocupantes: flexibilización normativa, reducción de capacidades de fiscalización y una narrativa oficial que prioriza la inversión por encima de la sostenibilidad. Este escenario ha tenido impactos directos en comunidades rurales, pueblos indígenas y defensores ambientales, quienes enfrentan mayores niveles de criminalización y violencia.

El programa puso énfasis en que el extractivismo sigue siendo el eje dominante del modelo de desarrollo, sin una discusión real sobre transición justa ni alternativas económicas sostenibles. Conflictos vinculados a minería, hidrocarburos y deforestación continúan reproduciéndose en diversas regiones del país, mientras el Estado muestra una respuesta fragmentada e insuficiente.

En el plano climático, se advirtió que el Perú llega al próximo año con escasos avances en adaptación y mitigación, pese a ser uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. La falta de articulación entre niveles de gobierno, la ausencia de presupuestos adecuados y la desconexión entre discursos internacionales y políticas internas fueron señaladas como brechas críticas.

Asimismo, se remarcó que el 2026 —marcado por procesos electorales— será clave para definir si el país profundiza el actual rumbo o abre espacio a una agenda ambiental basada en derechos, participación ciudadana y justicia territorial. La necesidad de que el debate ambiental ingrese con fuerza a la discusión política fue uno de los llamados centrales del programa.

La Hora Verde dejó sobre la mesa una reflexión urgente: sin una ciudadanía informada y organizada, y sin autoridades comprometidas con la defensa de los bienes comunes, el balance ambiental seguirá inclinándose hacia la pérdida de ecosistemas, el aumento de conflictos y el deterioro de las condiciones de vida. El desafío no es menor: redefinir el rumbo antes de que los daños sean irreversibles.

Puedes ver el programa completo aquí: