Editorial: Los conflictos nuestros – Octubre 2021

No es la primera vez que el inicio de un gobierno está acompañado de un incremento de conflictividad social en el país. Ocurrió con Humala, García, Toledo, entre otros presidentes. Altas expectativas de lo que puede hacer una nueva gestión, a lo que se le suman los casos embalsados, explican, entre varios factores, la reactivación de las tensiones en los territorios.

En esta ocasión habría que precisar que la mayoría de conflictos se está produciendo, precisamente, en zonas donde el presidente Castillo obtuvo un altísimo respaldo electoral (en las provincias del corredor minero obtuvo votaciones por encima del 90%): cocaleros, poblaciones afectadas por los derrames de petróleo, zonas con presencia minera, etc. La expectativa de que un gobierno que sienten como suyo resuelva las demandas pendientes, es enorme.

Si analizamos caso por caso, las situaciones son complejas: en las denominadas cuatro cuencas (Tigre, Pastaza, Marañón, Corrientes), el oleoducto sigue siendo el foco principal del conflicto, luego de más de 40 años  de una tubería que no ha tenido el mantenimiento adecuado y donde no se cumplen ni siquiera las normas del transporte de crudo. Si bien esta zona ha cerrado un histórico acuerdo de consulta previa hace poco, en el que uno de los compromisos es precisamente el cambio de los ductos, el conflicto se ha reactivado en Saramiriza, territorio que también es impactado por el oleoucto. El caso de la producción de coca es tremendamente complejo, con un crecimiento aparentemente sin contención de áreas cultivables (que, entre otras cosas, también son un factor de deforestación en zonas amazónicas), una base social cada vez con mayor poder de influencia y sin que las propuestas de cultivos alternativos terminen de consolidarse como una verdadera opción de reconversión.

Y finalmente, la minería ilegal y la legal. El accionar de la primera tiene semejanzas con otras actividades ilegales, como la tala y el narcotráfico: presiona territorios, genera impactos ambientales de envergadura y amenaza y asesina a defensores ambientales, principalmente de pueblos indígenas. Por su parte, la minería formal o legal, sigue siendo la principal fuente de conflictos sociales, sobre todo de los que la Defensoría del Pueblo denomina como conflictos socio ambientales.

La tarea no es sencilla. Ya el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pensó que por ser de la zona iba a resolver fácilmente el conflicto en Chumbivilcas y no le fue bien. Ahora Mirtha Vásquez toma la posta: una primera gestión le ha permitido desactivar el paro cocalero y se espera que pueda manejar de manera diferente el resto de conflictos.

Su trayectoria de defensora de dirigentes sociales y su experiencia en temas socio ambientales, será importante para que se pueda cambiar la estrategia de abordaje de los conflictos sociales en el país. Sin embargo, debemos tenerlo presente, esta será una tarea compleja en la que todos podemos y debemos contribuir.