EDITORIAL – LOS CONFLICTOS DE FIN DE AÑO (DICIEMBRE 2020)

Estamos acabando un año complicado, marcado por la pandemia y la emergencia sanitaria que todavía no termina y que todo indica se prolongará el próximo año, sobre todo si no llega la ansiada vacuna. Además, la emergencia sanitaria ha tenido un fuerte impacto en la economía; se ha perdido alrededor de tres millones de puestos de trabajo y pese a los pronósticos del Ministro de Economía y Finanzas, la situación no pinta bien, sobre todo si terminamos enfrentando una segunda ola.

En medio de toda esta situación estamos acabando el año con una conflictividad social en ascenso y se presentan algunas nuevas tendencias que habrá que observar con atención cómo evolucionan en los próximos meses. Por ejemplo, hace unas semanas estalló el conflicto laboral en el boyante y globalizado sector agroexportador que, según los empresarios, sólo pueden ser competitivos si aplican condiciones laborales del siglo XIX: los trabajadores en la práctica no pueden sindicalizarse, sus sueldos apenas superan la remuneración mínima, gracias a que la CTS y las gratificaciones se terminan salarizando y donde el uso y abuso de contratos temporales campea en toda la actividad. Además, las boyantes empresas agroexportadoras sólo pagan la mitad del Impuesto a la Renta -a diferencia del resto de actividades productivas- y una pequeña parte de las aportaciones a EsSalud.

Pero este tipo de relaciones laborales no es una exclusividad del sector agroexportador. Algo de esto ha sido reconocido por el superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, cuando en una reciente entrevista (Gestión 7/12/2020) señala que sectores como el de la pesca para consumo humano, manufactura, retail, construcción civil -donde se contrata por rama- y también en el sector minero, donde se contrata trabajadores tercerizados para cubrir puestos que son permanentes, son sectores que deben ser fiscalizados de manera intensa y permanente. Habrá que ver si se concretan las anunciadas fiscalizaciones.

Lo cierto es que las famosas services, las contratas y las empresas intermediarias, también campean en sectores como el minero. Sólo un dato: en las últimas décadas, en promedio, apenas un 30% de trabajadores mineros ha tenido relación laboral directa con una empresa minera; el 70%, la inmensa mayoría, son trabajadores de empresas intermediarias, que además no tienen los mismos derechos que el resto y son los más expuestos a los accidentes fatales e incapacitantes.

Estamos terminando el año y somos testigos del alza de la conflictividad laboral en el sector minero. Son varios los motivos del malestar entre los trabajadores mineros: el incremento de los contagios por Covid-19 en medio de protocolos laxos; las condiciones labores cada vez más precarias, con jornadas que se han extendido a 30 días e incluso en algunos casos hasta 40 días de trabajo continuo; los despidos y la hostilización a sectores de trabajadores.

Esta tendencia de creciente conflictividad en el campo laboral minero ya ha sido identificada por la Defensoría del Pueblo: “Generalmente las demandas contra compañías mineras provenían de comunidades campesinas o frentes de defensa por temas ambientales, de propiedad o por el presunto incumplimiento de convenios, entre otros. Ahora se agrega a este frente, el de los trabajadores mineros, cuya fuerza podría incrementarse si las demandas trascienden a sus gremios sindicales”.

Harían bien las autoridades involucradas y las propias empresas mineras en prestarle atención a las justas demandas de alrededor de 200 mil trabajadores de la minería formal.

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