EDITORIAL: LA MAPE Y LA LEY GENERAL DE MINERÍA

Luego de varias sesiones de trabajo, la mesa técnica de formalización minera, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, ha anunciado que se ha consensuado un documento con once puntos que será enviado a la Comisión de Energía y Minas.

Entre las propuestas se menciona un régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras, beneficios tributarios, áreas especiales para concesiones mineras, incentivos para contratos de explotación, una regulación novedosa sobre trazabilidad minera en tiempo real, con interconexión de datos en diversas entidades como la Sunat y la Policía Nacional, entre otras medidas.

Lo cierto es que, como ha sido reconocido, la propuesta trabajada no es vinculante y habrá que ver qué destino tiene en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que recién comenzará a abordar el tema en las próximas semanas.

Sin embargo, el proceso que se viene siguiendo en el Ejecutivo y en espacios como la propia Comisión de Energía y Minas del Congreso es seguir pensando en una Ley MAPE (minería artesanal y de pequeña escala) disociada de la Ley General de Minería. Desde CooperAcción consideramos que esta aproximación es incorrecta: se sigue pensando que la MAPE es un mundo aparte del resto de los estamentos de la producción minera y que no hay conexiones que deben ser reconocidas y atendidas.

La Ley General de Minería, que data del año 1992, fue pensada en función, sobre todo, de la gran minería y hasta de la mediana minería. Apenas dos artículos de esta ley mencionan a la pequeña minería para, básicamente, definirla tomando como referencia la extensión de concesiones y la producción. La pequeña minería y todas las ramificaciones que le han salido (artesanal, informal, comunal y la abiertamente ilegal) han sido tratadas como actividades marginales por el marco legal vigente desde hace tres décadas. Y lo cierto es que, en todo este tiempo, han resistido mientras eran ignoradas por los canales institucionales.

Recién ahora, que esta actividad ha tomado las proporciones que constatamos en buena parte del territorio nacional, es que se intenta reaccionar, pero sin tocar la estructura legal e institucional que ya tiene más de 30 años de vigencia y que no permite dar respuesta a un fenómeno que se ha salido de control y que pretende ser manejado por las economías ilegales y el crimen organizado.

Muchos de los cuellos de botella que deben ser abordados están en la Ley General de Minería. Solo una muestra: las concesiones mineras, uno de los temas que hoy día están sobre la mesa de debate y que debe ser tratado.  

Si no entendemos que las salidas a un problema tan complejo pasan en parte por revisar el marco legal e incorporar a los verdaderos mineros artesanales y de pequeña escala, y a los informales que buscan regularizar su situación, seguiremos sin encontrar verdaderas salidas que permitan revertir la situación que se vive en varios territorios.

La pregunta que hay que hacer a los diferentes estamentos de la minería es cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas e intereses de grupo, para construir respuestas que permitan atraer a los verdaderos mineros y aislarlos de los ilegales y del crimen organizado.