EDITORIAL: EL REINFO, LA LEY MAPE Y LA PRESIÓN DE LOS MINEROS

El pasado 26 de diciembre, el Congreso decidió censurar al ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 69 votos del bloque de la mayoría congresal, incluyendo al fujimorismo, Renovación Popular, Acción Popular, así como las bancadas de Perú Libre y Magisterial. Ello, en un contexto de una importante movilización de mineros que llegó a Lima y se instaló en las inmediaciones del Congreso de la República y que incluyó bloqueos de carreteras y marchas en varias zonas del país.

El mensaje publicado en las redes sociales del Congreso ha sido bastante explícito sobre la relación entre la censura y las demandas de los mineros: “censurado por su falta de idoneidad para atender la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales”. Así, la mayoría congresal apunta a cumplir con lo exigido por este sector: la enésima ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una suerte de limbo legal que permite a los mineros “en proceso de formalización” seguir operando pese a no terminar nunca de cumplir los requisitos ambientales.

Cabe recordar que cinco días antes, el 21 de noviembre, el Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (“Ley MAPE”), con el voto aprobatorio del Consejo de ministros. Luego de varias postergaciones y pese a que se había anunciado que sería aprobado y enviado al Congreso la primera semana de noviembre, el proyecto llegó en el tramo final de la legislatura. Los congresistas, casi al unísono, señalaron que les será difícil revisar el proyecto de ley en lo que resta de la legislatura y responsabilizan al Ejecutivo de la demora.

Desde el Ejecutivo, se argumenta que el proceso de elaboración del proyecto de ley duró más de lo esperado, debido a que se involucró a especialistas, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y a asociaciones de mineros (sin precisar cuáles han sido). Lo cierto es que instituciones de la sociedad civil no fueron invitados. Todo indica que la estrategia del Ejecutivo fue consensuar la propuesta con el sector empresarial minero y algunos círculos de exministros, dejando en un segundo plano la urgencia de los plazos.

¿Qué plantea la propuesta del Ejecutivo? La creación de zonas especiales para pequeña minería y minería artesanal, con un determinado número de cuadrículas, concesiones intransferibles y explotadas directamente por el titular; la implementación de una plataforma informática que integra información relacionada con pequeña minería y artesanal, de acceso público; instrumentos específicos para la gestión ambiental para la pequeña minería y artesanal.

El proyecto también propone un conjunto de disposiciones transitorias y, en el tema del Reinfo, se señala que los procedimientos administrativos iniciados por el proceso de formalización minera integral (DL 1293 – Reinfo), que se encuentren a cargo de las direcciones regionales de minería (es decir, de los gobiernos regionales) continúan su trámite durante 6 meses y, culminado el plazo, el Ministerio de Energía y Minas, asumiría las funciones relacionadas con el proceso de formalización. El proyecto también deroga el decreto legislativo que modificó el Código Penal y los mineros en proceso de formalización ya no estarían exentos del delito de minería ilegal.

Con la censura de Mucho, la propuesta del Ejecutivo queda huérfana y es probable que lo que avancen en el Congreso sean las propuestas de ampliación de Reinfo. Se habla de una ampliación de un año o incluso de 24 meses, con la posibilidad de nuevas ampliaciones posteriores. Una “formalización” infinita.

Cabe señalar que, en los últimos meses, se desató una fuerte campaña en los medios de comunicación, en horario estelar, apoyada por el sector empresarial minero (Colectivo Pas/País Seguro), que denunciaba a la minería ilegal y las perversiones del Reinfo. Por el lado de los pequeños mineros y artesanales, también hicieron su campaña en los mismos medios de comunicación, bajo el rótulo de una minería ancestral idealizada, que se diferencia de la minería ilegal.

Todo indica que estamos lejos de encontrar una salida a un problema que es de magnitud. Lo cierto es que es difícil creer que un Ejecutivo y un Congreso que tienen una aprobación de apenas un 3%, van a enfrentar y pretender encontrar una salida al tema de la minería informal y la abiertamente ilegal.

Mientras todo esto ocurre, los mineros ilegales siguen acumulando poder económico y político, al mismo tiempo que controlan territorios y las operaciones de extracción y las plantas de beneficio se siguen multiplicando (las plantas de beneficio vinculadas a la minería informal y la ilegal, sumarían 300 en todo el país).EDITOR