EDITORIAL – EL APORTE TRIBUTARIO MINERO EN LAS PROPUESTAS ELECTORALES (MAYO 2021)

El Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región. En las últimas décadas, nuestra presión tributaria se encuentra alrededor del 14% del PBI, cuando en América Latina el promedio es de 23%, y en los países de la OCDE llega a 34% del PBI. Otros países de la Alianza del Pacífico también nos superan, por ejemplo Colombia y Chile, cuya presión tributaria se ubica entre el 18% y 21% del PBI.

Existen muchas metas de desarrollo social del país, algunas de las cuales han sido mencionadas por los candidatos en esta segunda vuelta electoral, que dependen de una mejor presión tributaria. Por ejemplo, la meta de incrementar el presupuesto de salud y educación a 6% del PBI en cada rubro, obligaría a aumentar la recaudación en 5.2% del PBI.

Además, la crisis económica generada por el COVID obliga a hacer mayores esfuerzos para mejorar la recaudación y poder tener los recursos fiscales necesarios para impulsar la reactivación de la economía de las familias. En ese sentido, en la escena internacional son cada vez más las voces que plantean la necesidad de reformas tributarias para afrontar los desafíos actuales. Por ejemplo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha instado a los Gobiernos el mundo “a aplicar un impuesto a los más ricos para afrontar la crisis económica global suscitada por la pandemia de la Covid-19”, en tanto que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha pedido que los países apuesten por “adaptar el sistema fiscal al mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo”, agregando que los impuestos deben ser más progresivos y que las grandes empresas y los que más tienen deben pagar “lo justo” en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos.

En ese contexto, ¿qué rol pueden cumplir los aportes fiscales provenientes de las actividades extractivas que, como la minería, generan importantes utilidades a partir de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables? El auge en el precio internacional de algunos minerales que se explotan en nuestro país, en particular el cobre, hace prever que este sector podría incrementar su aporte. ¿Qué proponen al respecto los partidos en pugna en esta segunda vuelta electoral?

Si uno observa el plan de gobierno de Fuerza Popular, no hay ni una línea sobre este tema. En la sección dedicada a la “reforma tributaria”, no se plantea ninguna reforma estructural, sino únicamente “recuperar la política de simplificación” buscando “la menor cantidad de tributos”, la “universalidad” y haciendo énfasis en la formalización del sector informal. Sobre la tributación del sector minero, no se plantea absolutamente nada.

En las últimas semanas, la candidata Fujimori ha ofrecido un mecanismo para que el 40% del canon sea entregado directamente a la población. Esta propuesta tiene algunos antecedentes en el país. Uno de ellos es el del ex gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos, que prometió entregar 500 soles a cada familia, lo cual fue considerado por el Ministerio Público como delito de inducción al voto. Otro antecedente es la propuesta del ex presidente Alan García del “canon comunal”, que buscaba que las poblaciones perciban de manera directa los beneficios económicos de la minería en sus territorios y así termine por aceptar la actividad.

En propuestas de este tipo, el carácter populista no radica solamente en que se juega con la expectativa legítima de la gente de tener ingresos, sino que saben perfectamente que implementarlas generaría problemas de todo tipo. Lejos de representar una alternativa seria, estas propuestas responden más a coyunturas electorales y al intento de ganar el respaldo de un sector de la población. Siempre puede resultar atractivo ofrecer que se va a repartir dinero, sin embargo si lo que se anuncia no está acompañado de una propuesta seria de diseño e implementación, en realidad estamos hablando de improvisación.

Investigaciones previas sugieren que, para que el dinero del canon permita mejores condiciones para el desarrollo regional, esos recursos -en vez de dispersarse en entregas individuales- deberían ser utilizados en el cierre de brechas considerado de manera multidimensional (educación y salud, complejidad económica y productiva, institucionalidad, planificación local y regional). La legislación actual sólo permite usar estos recursos en obras de infraestructura. Sin duda hay que hacer ajustes en el uso de los recursos del canon, pero entregarlos de manera individual no parece la propuesta más seria para ello.

En tanto, en el caso de Perú Libre, este partido claramente plantea cambios sustantivos en relación a la renta minera y de los recursos naturales. En el documento “ideario y programa” presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, se habla de “invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano”, y se señala que actualmente las empresas se llevan el 70% de las utilidades y el Estado únicamente 30% por concepto de impuesto a la renta, planteando que la proporción debiera ser 70% para el Estado y 30% para la empresa, a inspiración del modelo boliviano para el caso de los hidrocarburos.

En tanto, en el “Plan Bicentenario” presentado hace pocas semanas, se precisan algunos mecanismos más específicos para mejorar el aporte tributario del sector minero. Así, se habla de: un impuesto a las sobreganancias; la eliminación de exoneraciones tributarias; el cambio de fórmula para el pago de la regalía minera, regresando a una regalía sobre las ventas y no sobre las utilidades;  así como la renegociación de contratos de estabilidad.

Estos elementos se ubican dentro de una lógica de reforma tributaria que incluye otras propuestas referidas al combate de la elusión y evasión, la lucha contra el lavado de activos y los paraísos fiscales, entre otras.

Desde CooperAcción hemos venido planteando diversas propuestas en relación al aporte fiscal de la minería. Por ejemplo, cabe considerar la derogatoria del Art. 62 de la Constitución de 1993 que protege los convenios de estabilidad tributaria. El país y el contexto actual son completamente diferentes al que teníamos a principios de la década del 90 y estos mecanismos ya no se justifican. Varios países con una importante actividad minera, como Australia, México, Brasil, Canadá, entre varios otros, no tienen este tipo de convenios.

Por otro lado, una segunda vía sería modificar el régimen contributivo de la minería para que la recaudación sea mayor y esté mejor alineada con los ciclos de los precios de las materias primas. Por lo tanto, de lo que se trata es de implementar instrumentos fiscales complementarios, los que pueden incluir, en efecto, un retorno a la regalía minera calculada según las ventas, así como un impuesto sobre las rentas de recursos naturales -o RRT- que solo considera los flujos netos de efectivo.

Los bajos costos de producción en el Perú (en especial en el caso del cobre) y el auge de los precios internacionales, así como un escenario global donde está abierta la discusión sobre el tema tributario y el aporte fiscal de las empresas transnacionales, son un contexto propicio para plantear iniciativas en este ámbito. El próximo gobierno requerirá, sin duda, elevar la presión tributaria para cumplir con las metas de desarrollo social e impulsar la reactivación económica, y una reforma en los aspectos tributarios relacionados a la explotación de nuestros recursos naturales puede ser muy importante en ese camino.

27 de mayo, 2021