EDITORIAL: CRISIS POLÍTICA Y MINERÍA

La crisis política no deja de acentuarse en el país. El pasado 10 de octubre, Dina Boluarte se convirtió en la sexta presidenta en dejar el poder en menos de diez años y José Jerí, en el séptimo que asume la presidencia en el mismo período y que, en principio, debería completar el mandato. Sin embargo, la crisis política está lejos de estar superada.

Todo indica que ni siquiera con las elecciones del próximo año se resolverá la situación. Más allá de la gran fragmentación, la ausencia de liderazgos y la notoria crisis de representación política en el Perú, algunos sectores pretenden consolidar una peligrosa tendencia autoritaria. Los meses que nos separan de las próximas elecciones seguirán siendo turbulentos. El avance de la criminalidad sigue estando fuera de control y pese a que las luces y los análisis se centran en Lima y otras zonas predominantemente urbanas, no podemos dejar de mencionar la situación preocupante que se vive en algunas zonas algo más apartadas. Por ejemplo, a estas alturas el Perú ha perdido soberanía en varias zonas de la Amazonía, donde imperan economías criminales, controladas en muchos casos por bandas transfronterizas: es el caso de Putumayo, la Cordillera del Cóndor y la cuenca del Cenepa, o el Trapecio Amazónico. En estas zonas, bandas como Los Pulpos y los Choneros de Ecuador, el Comando Vermello de Brasil y el denominado Comando de la Frontera controlan territorios y poblaciones, al mismo tiempo que manejan todos los circuitos de las economías ilegales que están cada vez más conectadas.

Son varios sectores los que se han venido movilizando en estos meses. El ciclo de protestas precede a la vacancia de Boluarte y ha continuado luego de su caída: los jóvenes de la denominada Generación Z, los transportistas, los colectivos feministas, diversas regiones en el norte, sur y en la Amazonía, los mineros y sus centrales, todos con agendas diversas que se siguen manifestando. La movilización del pasado 15 de octubre, convocada por diversos colectivos, no solamente fue en Lima, también ocurrió a nivel nacional.

En relación con la agenda vinculada a la minería, el fin de año coincide con un nuevo ciclo de movilizaciones y de debate en torno a la minería artesanal y en pequeña escala y sus ramificaciones informales e ilegales. Parece lejano el Perumin, cuando en la clausura la ahora expresidenta Boluarte, anunciaba al auditorio de empresarios mineros que su gobierno no pactaba con lo ilegal: «No solo le decimos no a la minería ilegal, sino que la combatimos de forma estratégica”. La realidad es que su gobierno no hizo nada sustantivo para enfrentar la expansión de las economías ilegales, entre ellas la minería. Ni una sola de las leyes pro crimen, aprobadas en el Congreso, fue observada por el Ejecutivo. Dicho sea de paso, su sucesor, José Jerí forma parte del grupo de congresistas que aprobaron las leyes que debilitaron la lucha contra el crimen organizado. El nuevo gabinete que se ha conformado, lo que garantiza es la continuidad de las políticas que se han venido aprobando en los últimos años, precisamente como parte de la alianza entre el sector que controla el Congreso y el Ejecutivo. Esa alianza se ha consolidado con el nombramiento de Jerí y su nuevo gabinete.

Las centrales de mineros siguen presionando en las bancas y en el Congreso para que se amplíe una vez más el Reinfo y varias bancadas y congresistas están dispuestos a satisfacer sus pedidos. Tres proyectos de ley han sido presentados y, por el momento, la Comisión de Energía y Minas ha decidido conformar un nuevo espacio de trabajo. Será difícil que puedan elaborar en un tiempo tan corto un proyecto de Ley MAPE. Todo indica que estamos encaminados a una nueva ampliación del Reinfo.  

Debe quedar plenamente establecido que de la crisis política permanente también se nutren las economías ilegales y el crimen organizado. Peor aún si se sigue legislando a favor de estos grupos.