EDITORIAL – CORREDOR DE CONFLICTOS (Boletín AMP #237, Marzo 2019)

Los conflictos sociales comenzaron a activarse desde inicios de este año y las respuestas del gobierno han sido dispersas. Quizás se pensó que estos no representaban mayor peligro de escalamiento. Craso error.

Algunos ejemplos: a inicios del mes de febrero, las comunidades de la zona tomaron el aeródromo de Andoas, en la provincia del Datem de Marañón en Loreto. Como se sabe, estas comunidades, agrupadas principalmente en la Federación Indígena Quechua del Pastaza y la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, se ubican en la zona de influencia del Lote 192 y del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano: el reclamo permanente gira en torno a los reiterados incumplimientos de  remediación ambiental; además, una comunidad había sufrido el corte del servicio eléctrico por parte de la empresa Frontera Energy. Luego de la visita del presidente del Consejo de Ministros, el conflicto quedó en estado de latencia.

El 5 de febrero se inició un paro indefinido en Hualgayoc, Cajamarca. La situación en Hualgayoc estaba tremendamente crispada en los meses previos: una población que, durante décadas, sufre los impactos de los pasivos ambientales mineros, regados a lo largo y ancho de su territorio y que afectan su salud, sus fuentes de agua y actividades económicas tradicionales, y de parte de las autoridades, sólo se ha recibido promesas y compromisos que una y otra vez han sido incumplidos. Si sólo se toma en cuenta compromisos recientes en Hualgayoc -luego del paro indefinido el año 2016-, la zona ha sido declarada en emergencia ambiental; sin embargo esta declaratoria quedó solamente en el papel, no hubo ninguna mejora y los compromisos que asumió el Estado peruano nuevamente se incumplieron. La historia se ha vuelto a repetir en Hualgayoc y la gente ha dicho basta.

Imagen: Ojo público

Pero quizás el caso más complicado era el de Las Bambas y su proyección a todo el corredor minero del sur andino. Ahora se conoce que en la zona del fundo de Yavi Yavi (provincia de Chumbivilcas, Cusco), se presentaba un bloqueo  de los vehículos de transporte de minerales que cuando se quiso reaccionar ya había cumplido 50 días. Debemos precisar que por esa carretera pasan 370 vehículos diariamente generando incesante polvareda, vibraciones y ruido.

Parte de esa vía se encuentra en tierras comunales que fueron entregadas en servidumbre para la fase de construcción a la empresa minera y que luego, se convirtió en vía de acceso público por decisión del gobierno local. En relación a este caso, en su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de que se garantice el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades afectadas. Esta situación no resuelta fue una de las causas que ocasionó el estallido del conflicto en octubre del 2016, que tuvo como saldo un muerto.

Se puede cuestionar, y con razón, la actuación de los abogados Chávez Sotelo y las demandas económicas de la comunidad; sin embargo lo que debe quedar claro es que el Estado peruano no compró ni expropió tierras comunales para la carretera, incluidas las de Fuerabamba. En resumen, las tierras comunales fueron tomadas sin la autorización debida.

Ahora constatamos que el conflicto se está proyectando a todo lo largo del corredor minero. Ya se ha manifestado la población de un distrito de Paruro por donde pasa la carretera que transporta los minerales de Las Bambas, y distritos como Velille en Chumbivilcas, esperan que sus demandas sean atendidas. Además, otro caso complejo es el de la provincia de Espinar: la población de esta provincia cusqueña también está indignada y con razón, por los graves impactos en la salud, la contaminación por metales pesados y un proceso de ampliación de las operaciones de Glencore que en realidad debería ser evaluado como un nuevo proyecto minero (Corocohuayco).

Imagen: El Montonero

Lo cierto es que la estrategia (si la hay) del presidente Vizcarra frente a los conflictos sociales  está siendo sometida a prueba y a todas luces está haciendo agua. Ahora queda claro que la tendencia a declarar estados de emergencia, como ha venido ocurriendo precisamente en la zona del corredor minero del sur andino, no es la solución a los problemas de fondo. Pero además, otra decisión que generó preocupación fue el Decreto Supremo N°120-2018, publicado el pasado 12 de diciembre de 2018, que aprobó la extinción de los diferentes espacios de diálogo que fueron creados, precisamente, para canalizar los conflictos por vías institucionales, pacíficas y de diálogo. ¿Cuál fue el argumento para declararlos extinguidos? Según el texto del propio decreto supremo, la decisión forma parte del proceso de modernización de la gestión del Estado, consistente en eliminar aquello que ha perdido razón de ser o cuyo objeto se encuentra ya cumplido.

El problema es que en muchos casos -de procesos de diálogo post conflicto o estallidos sociales-, la razón de ser de estos espacios todavía se justificaban en la medida que los objetivos no han sido alcanzados. Un ejemplo precisamente es el caso de la mesa de Cotabambas, Apurímac, en la zona de influencia de Las Bambas. La decisión de suspender los procesos de diálogo generó mucho malestar en las organizaciones sociales de esa zona, ya que precisamente habían venido exigiendo la reactivación del espacio que se instaló el 2016 para tratar una agenda que abordaba casos de derechos humanos, las declaratorias de los estados de emergencia, los impactos ambientales, como el de la carretera y en los cuerpos de agua, y por supuesto los temas de desarrollo.

Un consejo Presidente: revise a fondo su estrategia de abordaje de conflictos sociales y sobre todo préstele mucha atención a toda la complejidad que se presenta en el denominado corredor minero que corre el riesgo de convertirse en un corredor de conflictos.