EDITORIAL – CONFLICTOS MINEROS Y AGENDA ELECTORAL (MARZO 2021)

El Perú inició un ciclo de expansión minera que lleva más 30 años y que nos ha colocado a la fecha entre los cinco primeros exportadores netos de minerales del mundo. Pero de cara al bicentenario, el Perú trae un legado de numerosos conflictos sociales en los que seguramente también venimos batiendo “records mundiales”. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en febrero último se registraron 197 conflictos sociales en todo el país, y de estos 83 conflictos están relacionados con actividades mineras (42% del total).

En este punto existen distintas interpretaciones acerca de las causas de este alto nivel de conflictividad relacionada a la minería. Para algunos voceros del sector minero, ésta se origina debido a la desinformación de las poblaciones en las zonas de extracción o a la ausencia del Estado en zonas rurales. Lo cierto es que estas explicaciones generalmente han tenido a simplificar los orígenes de esta alta conflictividad minera.

Esta conflictividad minera nos interpela pues expresa una compleja realidad y que requiere propuestas de soluciones múltiples y articuladas. Un primer prerrequisito para una buena aproximación es no sólo acercase desde las necesidades que tiene el empresariado, sino considerar las problemáticas de las poblaciones sociales para plantear medidas más eficientes social y ambientalmente.

La compleja realidad social del país en el campo minero requiere una respuesta estratégica, siendo éste un tema clave para los candidatos y candidatas en carrera electoral. Desde la experiencia de CooperAcción, con más de 20 años de acompañamiento a poblaciones rurales en zonas extractivas mineras, creemos que es necesario abordar los siguientes ejes estratégicos desde la política pública:

Propiedad y derechos mineros: en el Perú existen derechos territoriales “en competencia”, en los cuáles se superponen en efecto los derechos de las poblaciones, actores económicos y de la propia naturaleza. El Estado no cuenta con una política de planificación del territorio con niveles de priorización, que protejan recursos estratégicos como el agua. Asimismo, en el caso minero, no hay una comunicación correcta a las comunidades sobre zonas concesionadas a la minería en sus territorios ancestrales.

Certificación ambiental: en el Perú se ha producido una continua desregulación ambiental desde 2013, el caso más conocido es la creación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) y de su proceso de evaluación de solo 15 hábiles que no hace posible la participación ciudadana, las opiniones técnicas y limita la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos de componentes mineros. En el país no contamos con una correcta evaluación de los impactos acumulativos que incluya varias unidades mineras y otras actividades existentes. Asimismo, existen deficiencias en participación ciudadana en el sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, no se permite opinión ciudadana para la definición de los TDR de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o el Estado no da información ni asesoría técnica a la ciudadanía durante el proceso informativo del EIA.

Regulación del uso del agua: la autorización de agua en minería está desvinculada de los Consejos de Cuenca Hídrica (antes sí tenían que dar opinión). Asimismo, es muy escasa la información sobre recursos hídricos que produce la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o las Autoridades Locales del Agua (ALA), en efecto, contamos con pocas estaciones meteorológicas e hidrológicas en el país. Con ello los balances hídricos para operaciones mineras se producen con información desactualizada, incompleta, la información histórica es muy escasa y por ello resulta difícil hacer proyecciones. Igualmente, para definir la protección de cabeceras de cuenca no existe información hidrológica sobre agua subterránea, acuíferos y otros.

Consulta previa en minería: se realiza sobre la autorización de inicio de operaciones de explotación y exploración minera y por lo tanto por ser una decisión tardía, se constituye en un acto meramente formal. Es decir, la consulta se realiza cuando todas las autorizaciones más importantes ya han sido aprobadas. La sociedad civil tiene como propuesta y considera eficiente en términos de derechos que la consulta se deba realizar sobre la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Por último, en la etapa de exploración minera no es legal equiparar el acuerdo previo a la consulta previa, ya que la primera es un contrato entre la empresa y el titular del terreno superficial y la segunda es un proceso donde se dialoga sobre una autorización del Estado en relación a un proyecto extractivo.

Administración de justicia y orden público: alrededor de la minería se identifican tres elementos críticos. Primero, el permiso de convenios de empresas mineras con la policía nacional del Perú le quita neutralidad en el accionar de esta última. Segundo, la aplicación inconstitucional de declaración de Estados de Emergencia “preventivos”, que durante varios años se han venido utilizando en zonas de extracción minera, han restringiendo derechos de libertad y seguridad personal, libre tránsito o reunión en la población. Y tercero, en el país desde hace quince años se han incrementado y endurecido las normas que penalizan la protesta social, sin considerar la vulneración de los derechos fundamentales de las poblaciones que originan estas acciones. Con todo ello, se ha invisibilizado la importancia que tienen los defensores ambientales para la democracia y las graves consecuencia de perder interlocutores válidos que representen los distintos intereses existentes en la sociedad, sobre todo aquellos que representan a los sectores más débiles.

Renta minera y reforma tributaria: existe una postergación de las trasferencias de canon a las regiones, ya que los primeros 5 a 6 años de operaciones en promedio las empresas mineras no generan impuesto a la renta. Frente a ello, se plantea una reforma del sistema de regalías mineras sobre la producción. Asimismo, la inversión de canon y regalías se centra principalmente en inversión en infraestructura y no aborda las necesidades de la población de manera multidimensional.  Es importante también la reforma tributaria integral, que incluye luchar contra evasión y elusión de impuestos, delimitar los beneficios tributarios, entre otros.

Los últimos gobiernos se han centrado en darle certidumbre y buenas condiciones al desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, no se ha garantizado y se habla muy poco de otorgarle ese mismo nivel de certidumbre a las poblaciones rurales cuando se inicia la explotación minera. Por ejemplo, en el sur andino, es importante que la población tenga certeza que la carretera por la que pasan cuatrocientos camiones diarios con concentrado de cobre no generará polvo, vibraciones y ruido alterando sus vidas; o la certeza de que la población no se contaminará y afectará su salud con metales tóxicos frente a los más de 7,000 pasivos ambientales mineros existentes.

El Perú presenta claros desequilibrios en varios campos, lo que ha quedado evidenciado con la crisis del Covid 19. Los últimos gobiernos han privilegiado el eje de la competitividad y han dejado atrás la atención de los derechos ciudadanos y la gobernabilidad. Es prioridad para quien asuma la presidencia equilibrar estos tres ejes que son la base para darle viabilidad al Perú.