Dirigentes de Cotabambas y Grau solicitan la nulidad de juicio que criminalizó su derecho a la protesta

El día jueves 12 del presente mes, la defensa legal de 11 dirigentes campesinos condenados de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau en Apurímac, mediante adelanto de sentencia por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac, interpuso un recurso legal solicitando el quiebre (nulidad) del juicio oral en el que fueron juzgados en primera instancia y, al mismo tiempo, solicitó la realización de un nuevo juicio oral, conforme lo establece el Código Procesal Penal cuando entre sesiones de la Audiencia se superan 8 días en procesos no complejos o 16 días en caso de procesos declarados complejos.

En efecto, con fecha 25 de julio de 2024, al considerar el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que no iba a terminar la redacción íntegra de la Sentencia, solo adelantó unos argumentos y señaló el sentido de su fallo, con cargo a leerse en la siguiente sesión de Audiencia el íntegro de la Sentencia y notificarla a las partes procesales (Expediente No. 41-2016).

Sin embargo, dicho magistrado no ha cumplido con leer el íntegro de la Sentencia y  notificarla dentro del plazo de ley, por lo que la defensa legal de dichos dirigentes campesinos condenados, argumentando el respeto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a que se conozca la verdad  y a que se respete el debido proceso judicial recogidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y el código procesal penal, ha solicitado se anule el juicio oral y se lleve a cabo uno nuevo en el que sí se respeten estos derechos. El proceso actual lleva ya casi 9 años desde que ocurrieron los hechos y 2 años de juicio sin sentencia.

En efecto, como se recordará, a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas. Esto se dio ante el desinterés del Estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas, venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron denunciados y luego acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban encarcelando a sus dirigentes.