Desde Lima, más de 300 líderes de 25 regiones del Perú exigen acción ambiental y presentan propuestas rumbo a la COP30

Audiencia Nacional “La Ruta de los Pueblos” reunió en Lima a comunidades afectadas por la crisis ambiental

Más de 300 líderes de comunidades de las 25 regiones del país participaron en la Audiencia Nacional “La Ruta de los Pueblos”, espacio que reunió las principales demandas y propuestas ciudadanas frente a la crisis climática y ambiental que atraviesa el Perú, y que será llevada a la COP30, el encuentro mundial climático a realizarse en noviembre en Brasil.

El encuentro, realizado el 23 de octubre en el Colegio de Abogados de Lima, marcó un hito importante en el proceso de 4 audiencias macroregionales desarrolladas durante todo el año, y que fue recogiendo las voces de los voceros y voceras de comunidades campesinas, pueblos indìgenas, activistas ambientales, pescadores artesanales, ronderos, entre otros sectores que defienden sus territorios frente al avance de actividades extractivas.

Desde abril, la Ruta de los Pueblos recorrió el país a través de encuentros en Huancayo (Macrocentro), Chiclayo (Macronorte), Cusco (Macrosur) y Tarapoto (Macroamazonía), donde líderes y lideresas locales identificaron problemáticas comunes —como la contaminación minera, la escasez de agua, la deforestación y la inseguridad alimentaria—, y consensuaron propuestas que apuntan a una agenda ambiental y climática nacional.

La Ruta de los Pueblos se ha construido desde los territorios para que sean las comunidades quienes definan su propia agenda y exijan políticas públicas reales, tanto a nivel nacional como regional y local”, destacaron los organizadores durante el encuentro.

Voces desde los territorios

Kevin Inuma, joven dirigente de la Federación Fepikecha de San Martín, enfatizó el compromiso de las nuevas generaciones:

“Nosotros, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de comprometernos a defender esta causa. La crisis ambiental ya la estamos viviendo; se trata de velar por el bien colectivo del país y del mundo”.

Desde La Libertad, Melissa Rodríguez, integrante de la Asociación de Monitores Ambientales de Huamachuco, alertó sobre el impacto de las concesiones mineras y la privatización del agua en el norte del país:

“En nombre del desarrollo se han abierto brechas enormes. No estamos en contra del progreso, pero el Estado debe definir dónde pueden operar las actividades extractivas. En la Macronorte, casi la mitad del territorio está concesionado. Además, el agua se está prácticamente privatizando para minería y agroindustria, dejando sin acceso a la agricultura familiar”.

Rodríguez agregó que la defensa del agua es central para las comunidades:

“El agua está antes que la economía. Sin este elemento no hay vida, y ninguna riqueza servirá sin ella”.

Por su parte, Elsa Benavente, representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Huancavelica, denunció que en el agua de consumo humano en la Macrocentro se supera en más de 2,000% los límites máximos permisibles de arsénico, generando un incremento del 30% en casos de cáncer en la zona.

“Estamos bebiendo agua contaminada. Exigimos la implementación urgente del Plan Especial Multisectorial (PEM) para atender a las personas afectadas por metales pesados, y pedimos al Ministerio de Energía y Minas que transparente la información sobre los pasivos ambientales que ponen en riesgo la vida y la salud”.

Desde el sur, Lucio Flores, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua, señaló que en la Macrosur —que agrupa regiones como Tacna, Arequipa, Puno, Apurímac, Cusco y Madre de Dios—, más de 1 millón 500 mil personas entre niños y adultos están expuestas a metales pesados.

“Ya se están consumiendo productos agrícolas contaminados. Hemos presentado 12 propuestas concretas, entre ellas la implementación del Plan Especial Multisectorial y la vigilancia comunitaria de la calidad del agua”.

Una agenda ambiental desde los pueblos

La Audiencia Nacional “La Ruta de los Pueblos” concluyó con el compromiso de las organizaciones participantes de presentar su Agenda Ambiental y Climática Nacional ante autoridades nacionales e internacionales, especialmente en la Cumbre de Los Pueblos y la COP30 que se desarrollarán en Brasil en el mes de noviembre, asimismo, se espera que a partir de esta agenda se apunte a que el debate ambiental sea parte prioritaria del proceso electoral de 2026.

Entre las propuestas presentadas destacan la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas, la reforma de la Ley de Recursos Hídricos para proteger las cabeceras de cuenca y la implementación de un Fondo Nacional de Energía Justa que impulse un proceso de transición energética justa y popular, acorde con las necesidades de los pueblos y sin exponer los territorios a la explotación de minerales críticos ni a la degradación ambiental. También se planteó fortalecer la protección legal de los defensores ambientales y promover economías locales sostenibles basadas en la agricultura familiar.

El encuentro fue impulsado por una plataforma amplia de instituciones como el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC),  Red Muqui, CAAAP, FOVIDA, CEAS, Forum Solidaridad Perú, CooperAcción, la Red de Centros Sociales Jesuitas,  entre más de 150 organizaciones sociales.