Desalojo en Morococha: la otra cara de la inversión china

La empresa minera Chinalco concretó el 19 de setiembre el desalojo de un conjunto de familias no reasentadas de la ciudad de Morococha por orden judicial y con el apoyo de la Policía y seguridad privada.

El desalojo se realizó con gran resguardo policial en la zona, se bloqueó todos los accesos a Morococha y se impidió el ingreso de periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Han venido con un gran número de policías, no sé de dónde han venido, todo lo han rodeado, serían más de 200” dijo Elvis Atachagua, una de las personas desalojadas.

Según la versión de Atachagua la empresa no precisó si van a devolver las cosas que retiraron de sus viviendas y esto les causa preocupación e incertidumbre ya que no solo se trata de enseres y artefactos familiares sino también de animales.

El Juzgado Civil de La Oroya ratificó la orden de desalojo, a pesar de que la defensa de los no reasentados presentó una apelación a la medida judicial. Los no reasentados solo pedían un reasentamiento a un lugar en condiciones dignas para vivir.

Para el abogado Carlos Castro, el Poder Judicial vulneró la Ley N. ° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, una situación anómala.

La norma “no habla de despojo o desalojo, habla de reubicación o reasentamiento definitivo a una zona segura” dijo en entrevista para Servindi.

El desalojo a viva fuerza se realizó a pedido de la empresa Minera Chinalco Perú SAC., subsidiaria de la estatal china Aluminum Corporation of China

Chinalco opera el megaproyecto minero Toromocho, ubicado en la zona de Morococha, bajo la modalidad de tajo abierto, en lo que significa uno de los más grandes emprendimientos mineros en la región Junín.

Para permitir la expansión de Toromocho, Chinalco impulsó el reasentamiento de la población de la antigua Morococha hacia una nueva ciudad construida en Carhuacoto, conocida como Nueva Morococha.

Sin embargo, muchas familias se resistieron a abandonar sus viviendas, denunciando falta de garantías, condiciones precarias en el nuevo asentamiento y vulneración de derechos humanos. (Tomado de Servindi)