Defensores ambientales bajo amenaza

En los últimos años, nuestros pueblos indígenas han cobrado mayor protagonismo en la defensa de sus territorios. Esto ha llevado a que defensores ambientales, indígenas y activistas en general, hayan sido asesinados o, en su defecto, sean hostigados con procesos sostenidos de criminalización.

La lista es cada vez más grande y cada cierto tiempo se abren nuevos capítulos de hostigamiento y criminalización. Algo de esto está pasando en la actualidad, en medio de la tensión social que vive el país, de las fuertes movilizaciones, sobre todo en los departamentos que concentran una mayor presencia de población indígena.

El pasado 10 de mayo, la jueza Smilly Bedoya del Juzgado Penal Unipersonal de Espinar dictó sentencia por el delito de difamación calumniosa agravada contra el presidente del Frente de Defensa de Espinar y defensor ambiental, Sergio Huamaní. La sentencia es de un año de pena privativa de la libertad y 10 mil soles de reparación civil para la empresa minera Antapaccay. Cabe señalar que la empresa había solicitado inicialmente una pena privativa de la libertad efectiva por 3 años y 230 mil soles como reparación civil. Frente a esta sentencia, la defensa de Sergio Huamaní ha señalado que van a apelar.

También está el caso de Jesús Cornejo, dirigente del Valle de Tambo y expresidente de la Junta de Usuarios del Agua, que fue detenido el pasado 7 de junio. Como se sabe, a Cornejo se le abrió un proceso a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María ocurridas en el 2015, y tiene una sentencia de 7 años y 4 meses. Producida la detención, organizaciones del Valle de Tambo han mostrado su solidaridad con Cornejo y afirman que éste es un caso de criminalización de la protesta.

Otro caso que genera preocupación es el de la activista y defensora ambiental Lucila Pautrat, del Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, que ha sido condenada a tres años de prisión suspendida y el pago de una reparación de 50 mil soles como consecuencia de una demanda de la empresa Tamshi SAC.

El abogado de la defensora ambiental, Carlos Bravo, ha señalado que éste “es un caso emblemático porque se trata de la deforestación de más de 2000 hectáreas de bosque amazónico por parte de la empresa Tamshi SAC sin contar con certificación ambiental previa al inicio pese al inicio de sus actividades” (La República). Lo único que se habría hecho es informar sobre acciones realizadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Agricultura en relación a las actividades de la empresa, con respaldo de documentos públicos.

Según la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la criminalización es una de las principales formas de agresión contra los defensores ambientales. Esta se manifiesta a través de denuncias, investigaciones fiscales y juicios. En los últimos años se han registrado más de 1000 casos de criminalización de los cuales, aproximadamente el 70% son a defensores del medio ambiente y líderes indígenas.