Cuatro defensores ambientales asesinados en una semana (NOTICIAS BOLETÍN AMP-MARZO 2022)

Desde que se inició la pandemia, 17 defensores ambientales han sido asesinados en el país. Los últimos casos han sido los asesinatos de Juan Fernández, defensor de la reserva de Tambopata, en Madre de Dios, ocurrido el pasado 21 de marzo, Juan Antaihua Quispe, su esposa Nusat Benavides de La Cruz y Gemerson Pizango Narvaez en la vía que conecta Puerto Sungaro con varias comunidades, en la selva de Huánuco.

Todos estos casos están vinculados a la presencia de actividades ilegales que siguen presionando nuestros bosques amazónicos. Mafias vinculadas a actividades de como la tala, el narcotráfico y la minería ilegal, son las que presionan a comunidades y pueblos indígenas en varias zonas del país.

Debemos recordar que en nuestro país no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú -que es como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe-. Como se sabe, el Acuerdo de Escazú da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo ocurren en América Latina. Además, Escazú busca fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental.

Debería ser una obligación del Estado peruano proteger a los defensores ambientales que de manera solitaria siguen luchando para proteger nuestros bosques primarios amazónicos, diversos ecosistemas en riesgo y que se enfrentan a diversas mafias.