Criminalizan la protesta en el contexto de la convulsión social- AMP Dic 2022

El 15 de diciembre, Luis Alberto Germaná, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Lima Centro envió el oficio circular N°000335-2022-MP-FB-PJFSLIMA en el cual se comunicó que la Fiscalía de la Nación ha dispuesto que, en adición a sus funciones, las Fiscalías Provinciales Especializadas contra la Criminalidad realicen intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por los delitos que puedan cometerse en el marco de las manifestaciones que se vienen dando a nivel nacional.

La medida presentada evidencia que la Fiscalía estaría incluyendo las acciones de protesta como parte del delito de criminalidad organizada, entrando en contradicción con la Resolución N° 439-2022-MP-FN en donde se le exige a la Fiscalía no prejuzgar en contra de los y las defensoras de derechos humanos en las investigaciones fiscales.

Adicionalmente, esta medida representa un serio riesgo para la protesta pacífica, ya que las personas que participen en manifestaciones y sean detenidos pueden ser presentados como autores de delitos en organización criminal, lo que implica que ya no existe la obligación de derivarlos con un juez en un plazo de 48 horas, por lo cual se les podría aplicar detención preliminar hasta 15 días sin intervención de un juez.

De esta forma, la Fiscalía estaría buscando la desmovilización social a través de la criminalización de la protesta y dando cabida a que se den situaciones de abuso de autoridad. Más aún en este contexto en el cual la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha advertido que se están realizando detenciones arbitrarias.

Criminalización de la protesta ya se está dando en el sur andino

La empresa minera Las Bambas denunció ante la fiscalía al presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas (FREDIPCO), Bruno Cabrera Pusaclla; al Secretario General de la Federación de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Cotabambas, Fausto Torres Porras; al presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, Ivan Ovalle Escalante;  y al representante de la Federación Campesina del distrito de Tambobamba, Cornelio Cahuana Ledo por los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, contra la tranquilidad pública en modalidad de disturbios, contra la seguridad pública por medio de incendios o explosiones, fabricación tenencia o suministro de materiales peligrosos, delito contra la vida y el cuerpo en modalidad de homicidio simple y lesiones y contra el patrimonio en modalidad de robo agravado, usurpación y daños agravados.

La denuncia ha sido presentada, en el contexto de las protestas sociales tras la vacancia del expresidente Castillo, a raíz de una entrevista radial en la cual participó un dirigente y expuso algunas de las medidas de lucha que habían considerado emprender los representantes de las organizaciones sociales de base. En esta entrevista varios de los denunciados participaron, expresando sus opiniones sobre las medidas de lucha planteadas. Al respecto, el representante de la empresa minera Las Bambas consideró que las declaraciones o pronunciamientos que se dijeron en la entrevista radial representan una amenaza tanto para los trabajadores de la empresa, así como también para el patrimonio.

La Fiscalía resolvió dar inicio a un procedimiento preventivo para, supuestamente, evitar que las personas denunciadas cometan actos delictivos en el marco del paro indefinido convocado en la región Apurímac.