CooperAcción presenta una propuesta de gobernanza para territorios con presencia minera en el Perú
Como se sabe, la minería ocupa un lugar importante en la economía peruana. Sin embargo, las últimas tres décadas han demostrado que el modelo extractivista vigente no ha respondido a los desafíos sociales, ambientales y económicos que enfrentan los territorios. Si bien la inversión minera ha aportado a las exportaciones y a la recaudación fiscal, persisten profundas desigualdades, conflictividad social y graves impactos ambientales que evidencian las limitaciones del marco legal e institucional actual.
Ante esta realidad, y en el contexto de la realización de la Convención Minera Perumin, CooperAcción presenta el documento de trabajo “La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera”. La publicación es fruto de más de 25 años de experiencia de la institución en el acompañamiento a comunidades, el monitoreo de conflictos y la formulación de propuestas de política pública. Recoge aprendizajes de casos emblemáticos como Tambogrande, Conga, Tía María, Espinar y Las Bambas, así como de la expansión de la minería artesanal, informal e ilegal.
El punto de partida es claro: la Ley General de Minería de 1992, diseñada para favorecer principalmente a la gran minería, no consideró la realidad de la pequeña minería ni de la informalidad, ni abordó adecuadamente la conflictividad socioambiental ni la prevención de los impactos ambientales. Como resultado, el Estado ha ofrecido respuestas improvisadas y carece de herramientas eficaces para gestionar los conflictos y proteger derechos.
Ejes centrales de la propuesta
- Conflictos y gobernanza territorial
Los conflictos deben verse como señales de alerta y no solo como problemas de orden público. El Estado necesita pasar de la reacción tardía a un enfoque preventivo, con instituciones sólidas, presencia efectiva en los territorios y mecanismos de diálogo creíbles. - Gobernanza ambiental
Se propone fortalecer la autoridad ambiental, eliminar la gestión sectorial y priorizar evaluaciones ambientales estratégicas. Los estudios de impacto ambiental deben ser supervisados desde el inicio y no controlados por las empresas. Asimismo, se requiere avanzar en procesos de ordenamiento territorial que definan zonas donde la minería no debería realizarse. - Economía y fiscalidad
El país no puede seguir dependiendo de manera extrema de la renta minera. La propuesta plantea diversificar la matriz productiva y avanzar hacia una reforma tributaria progresiva y redistributiva. También exige mayor transparencia y rendición de cuentas, recordando que en 2022 el Perú fue suspendido temporalmente de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). - Minería informal e ilegal
Uno de los problemas más complejos es la expansión de la minería ilegal, que hoy incluye oro, cobre y carbón. Se plantea diferenciar a los verdaderos mineros artesanales y de pequeña escala de las redes ilegales, generar rutas viables de formalización y enfrentar el poder económico y social de estas mafias. - Derechos laborales
De los más de 250 mil trabajadores del sector formal, cerca del 70% labora para contratistas, sin acceso a beneficios ni condiciones seguras. La propuesta busca garantizar trabajo decente, fortalecer la sindicalización, reducir la tercerización abusiva y reforzar la fiscalización de Sunafil y Osinergmin. - Consulta y participación ciudadana
El derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, sigue siendo limitado. El documento insiste en su plena implementación con estándares internacionales y en fortalecer mecanismos de participación ciudadana más amplios y vinculantes.
Más allá de las medidas sectoriales, CooperAcción plantea que la gobernanza minera solo es posible en el marco de un proceso de transición social y ecológica. Esto implica construir nuevos equilibrios sociales y ambientales, romper con la dependencia de las materias primas, proteger ecosistemas en riesgo, declarar zonas de exclusión y promover un pacto ecosocial e intercultural que priorice la vida, los derechos y la naturaleza.
El documento no es un diagnóstico más, es una hoja de ruta para repensar la minería en el Perú. Se dirige a comunidades, organizaciones sociales, academia, Estado, empresas y cooperación internacional, invitándolos a un debate necesario e impostergable.
Con esta publicación, CooperAcción reafirma su compromiso de llevar propuestas concretas a la discusión sobre el futuro de la minería, en un contexto marcado por crisis de gobernabilidad, emergencia climática y demandas sociales insatisfechas.
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