Conga: se confirmó inocencia de defensores ambientales (Boletín AMP #231, Setiembre 2018)

(Noticia tomada del Boletín Actualidad Minera del Perú #231, setiembre 2018. Para acceder al boletín completo en PDF, click aquí: https://cooperaccion.org.pe/boletines/boletin-actualidad-minera-del-peru-setiembre-2018-no-231/)

El pasado 19 de setiembre, en la sala de audiencias de la segunda Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, el Juez Superior Henry Vera Ortiz dio lectura de la sentencia final que confirmó la sentencia de primera instancia, es decir, la absolución de los cargos imputados a las 16 líderes y lideresas criminalizados/as en 2014 por participar en una protesta pública.

Como se recordará, estos líderes entre los cuales se encuentra Milton Sánchez, Jeny Cojal, Ramón Abanto, entre otros, fueron procesados tras haber sido acusados por dos gobernadores del distrito de Sorochuco y Celendín, de haberlos secuestrado mientras realizaban una reunión pública. Luego de un proceso de investigación que duró más de cuatro años, se llegó a determinar la falsedad de dichas aseveraciones, demostrándose que dichos líderes solo participaron de una asamblea ciudadana donde la población increpó a dichas autoridades su actuación parcial a favor de las mineras, pero nunca existió tal privación de libertad.

En diciembre del año 2017 dichos líderes, para quienes se pedía 35 años de cárcel, fueron absueltos de los cargos, sin embargo tanto los supuestos agraviados, como el Ministerio Público, además de las procuraduría del Ministerio del Interior interpusieron recursos de apelación para procurar una condena.

El viernes 7 de setiembre se realizó la audiencia de apelación, ante la Sala Penal de Apelaciones presidida por el Juez Henry Vera Ortiz, pero ni el Ministerio Público ni la defensa de la parte agraviada pudieron sostener sus cargos. La procuraduría ni siquiera se hizo presente.

Este caso confirma nuevamente cómo la estrategia de criminalización de la protesta busca, mediante denuncias carentes de sustento, envolver a los líderes sociales en largos procesos judiciales, que implican costos económicos y personales muy elevados para las poblaciones rurales. Pese a que la ausencia de sustento lleva a que estas denuncias sean declaradas infundadas luego de varios años, el efecto real es inhibir o entorpecer la labor de los defensores y defensoras ambientales.

(Con información de GRUFIDES)

25/09/2018