¿Cómo se blanquea la minería ilegal?

La minería ilegal en el Perú no opera en los márgenes del sistema: forma parte de una compleja cadena que le permite ingresar al circuito formal y convertirse en exportaciones aparentemente “legales”. Ese fue el eje del programa de esta semana de La Hora Verde, a partir de recientes investigaciones periodísticas que revelan cómo empresas formales, vacíos normativos y débiles mecanismos de control facilitan el blanqueo del oro de origen ilícito.

El programa contó con la participación de Milagros Salazar, directora de Convoca; Aaron Wörz, periodista de Ojo Público; y Thomas Niederberger, investigador de CooperAcción, quienes analizaron cómo funciona este engranaje y cuáles son las responsabilidades pendientes del Estado y del sector privado.

Milagros Salazar presentó los hallazgos de una investigación de Convoca que, a partir de un trabajo de campo con drones y cámaras, rastreó la ruta del oro que sale de zonas de minería informal en el sur del país. Explicó cómo realizaron el seguimiento a camiones que salían de Secocha (Arequipa), donde más del 70% de los permisos están suspendidos, y verificaron que estos cargamentos se dirigían a la planta de Minera La Poderosa en Ayacucho. Detalló que, en este tipo de operaciones, el transportista presenta una guía que certifica que el oro proviene de una zona con permiso, mientras que el trabajo periodístico documentó, con registro visual, la ruta y el supuesto origen real del mineral.

Salazar subrayó la falta total de control por parte de las autoridades en una zona estratégica y la incongruencia de que La Poderosa, siendo una pequeña productora en el papel, sea la cuarta exportadora de oro del país, vendiendo a Estados Unidos, Suiza y Emiratos Árabes con cifras que no coinciden con lo que reporta. «Es el papel versus los hechos, lo factual y la evidencia», sentenció.

Por su parte, Aaron Wörz explicó los resultados de investigaciones de Ojo Público que han rastreado una modalidad distinta de exportación: los concentrados de oro y el aprovechamiento de relaves mineros. Señaló que sus reportajes revelaron un caso en el que una presunta organización criminal, conformada por ocho empresas, intentó ocultar el origen ilegal de relaves (extraídos sin permisos y presuntamente robados) para exportarlos a China. Para ello, construyeron una cadena de suministro con permisos falsos y agencias aduaneras cómplices, logrando realizar 44 envíos por casi 12 millones de dólares.

Wörz destacó el rol de los traders internacionales, mencionando el caso de una empresa suiza (Red Comet Resources) que, desde el inicio, coordinó para declarar el material de otra forma y así evadir controles. «Es uno de los pocos casos donde podemos ver en detalle cómo una cadena de empresas ha intentado ocultar el origen ilegal», advirtió, subrayando que China es el destino clave por su capacidad de procesar estos materiales no refinados.

Desde una mirada más estructural, Thomas Niederberger señaló que estas investigaciones obligan a entender la logística y cómo estos envíos operan en gran cantidad. Puso el ejemplo de una empresa que exportó mineral de hierro desde Matarani, una zona sin minería formal de hierro, sugiriendo que su origen estaría en la minería informal de Chumbivilcas. Además, explicó que buena parte del llamado «concentrado de oro» podría estar saliendo del país sin pasar por una planta de procesamiento, embolsado y enviado directamente como piedra chancada desde el Callao. Esto, dijo, lleva a preguntarse quiénes son los actores en los depósitos del puerto.

También se refirió al reciente artículo 307-F del Código Penal, que al criminalizar toda la cadena de suministro de minerales ilegales, pone en el foco a operadores logísticos que antes no tenían responsabilidad directa. Niederberger explicó que la norma establece que quienes almacenen, transporten o comercialicen estos minerales tienen la obligación legal de conocer su origen y, si existen indicios de ilegalidad, pueden ser considerados responsables. Esto, dijo, pone en alerta a operadores de puertos y almacenes que antes podían desentenderse del problema.

En el cierre del programa, los tres coincidieron en que enfrentar la minería ilegal requiere intervenir toda la cadena de valor y no solo realizar operativos en zonas de extracción. Sin controles efectivos sobre comercializadoras y exportadoras, sin trazabilidad real y sin voluntad política para sancionar a actores formales que participan del circuito, advirtieron, el oro ilegal seguirá encontrando mecanismos para blanquearse dentro del propio sistema.