Caso Ariana: nueva audiencia en proceso judicial para proteger el agua de Lima

Una nueva audiencia judicial sobre el caso Ariana se realizó el viernes 22 de noviembre en la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se trata de la recta final en la segunda instancia de este largo proceso de amparo constitucional en defensa del agua. El proceso inició el 2019 buscando detener el proyecto minero Ariana, que se ubica dentro del sistema de lagunas de Marcapomacocha que abastece de agua a Lima y Callao.

La audiencia realizada ha sido una de “discordia”, una etapa en la que se busca que un nuevo juez pueda conocer el caso para emitir un voto dirimente. Ello porque los tres jueces que integran el colegiado ya emitieron sus votos el pasado mes de octubre. Dos de ellos, los magistrados Tapia Gonzales y Ordoñez Alcántara, lo hicieron en el sentido de anular las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que aprueban las autorizaciones ambientales del proyecto minero Ariana y, por lo tanto, detener este proyecto por considerar que existen indicios razonables de una amenaza sobre las fuentes de agua de Lima y Callao. En tanto, el juez Cueva Chauca votó en el sentido de declarar infundada la demanda y dejar el camino libre para la ejecución de este proyecto minero. Como se requieren legalmente tres votos en el mismo sentido para emitir una sentencia en este tipo de procesos, la audiencia de “discordia” permite contar con el criterio de un juez adicional, que en este caso ha sido el magistrado David Suárez.

En la audiencia, los abogados y técnicos de la parte demandante expusieron las razones por las que el proyecto minero Ariana pone en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao. Elizabeth Zamalloa, ingeniera geoambiental de CooperAcción, explicó que los trabajos de minería subterránea en el corazón del sistema hídrico de Marcapomacocha implican un grave riesgo sobre la cantidad de agua que capta el túnel trasandino Cuevas Milloc, de donde la empresa de agua potable Sedapal capta aguas de la cuenca del Mantaro para abastecer a Lima y Callao porque implica drenaje de las aguas subterráneas para hacer posible las operaciones. Así mismo, implican riesgos de contaminación por la posible filtración de aguas ácidas hacia esta infraestructura hidráulica. Por su parte, el geógrafo Dionel Martínez mostró la importancia de este sistema de lagunas y la infraestructura construida por el Estado hace más de 50 años para asegurar el acceso al agua en la capital del país.

Ana Leyva, abogada de parte demandante, puntualizó los argumentos legales mostrando cómo el proyecto significa una amenaza cierta e inminente al derecho al agua de la población de Lima y Callao, y señaló que Ariana no se ubica “cerca” sino “dentro del sistema Marcapomacocha, en el corazón del sistema para el abastecimiento del agua de Lima”, lo que es aún más preocupante en tiempos de cambio climático y estrés hídrico.

Asimismo, participó Julio César del Solar, abogado de Sedapal, empresa que también es parte en la demanda contra el proyecto Ariana. Del Solar dejó muy en claro los argumentos por los cuales Sedapal considera que la actividad minera en la zona es una amenaza cierta para las lagunas Antacoto y Marcapomacocha, las principales reservas de agua que tiene la empresa.

Por la parte demandada, participaron los abogados Claudio Cajima, de la empresa Ariana, y por parte del Estado los abogados Jorge Torrico del Ministerio de Energía y Minas, María Mercado del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Mendoza del Congreso, y Víctor Oliveros de la Presidencia del Consejo de Ministros, todos ellos defendiendo la posición de la continuidad del proyecto. Uno de los argumentos esgrimidos por la parte demandada fue que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado el 2015 y hasta ahora no se ha cumplido ninguno de los peligros que los demandantes señalan. Sin embargo, como explicó Leyva, los peligros recaen fundamentalmente en la etapa de explotación minera, que todavía no ha iniciado. Otro argumento utilizado por la parte demandada es que ya existen estudios técnicos sobre los cuales las autoridades correspondientes han evaluado y aprobado el proyecto, lo que demostraría que no hay ningún riesgo. Sin embargo, justamente la demanda es contra la actuación de dichas autoridades al haber aprobado los estudios del proyecto pese a los abundantes argumentos técnicos presentados por Sedapal, Enel, la empresa Walsh, entre otros, que muestran la existencia de duda razonable sobre los impactos de este proyecto. Por lo tanto, como señala la demanda, debe primar el principio precautorio para prevenir un posible daño grave al derecho al agua de la población de Lima y Callao.

Finalizada esta audiencia, se espera el voto dirimente del magistrado David Suárez. ¿Prevalecerá el derecho al agua? ¿Se protegerán las fuentes de agua de Lima y Callao? Más de 10 millones de habitantes de la capital esperan la respuesta.