BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – MAYO 2021)

1) Cusco: Comunidad de Ccollana y MINEM reinician diálogo con minera HudBay

El último 20 de mayo se realizó una reunión entre funcionarios del MINEM, representantes de la empresa minera HudBay y dirigentes de la comunidad campesina de Ccollana, del distrito de Velille en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, quienes llegaron al acuerdo de reiniciar el proceso de diálogo que permita atender las demandas que exige la comunidad.

La reunión se llevó a cabo en el complejo deportivo de Ccollana. Los dirigentes y funcionarios mostraron su disposición para seguir dialogando, por ello se decidió constituir una comisión de trabajo tripartita, conformada por la comunidad, empresa y Gobierno, para atender el pliego de reclamos.

Como se recuerda, la comunidad protestó la semana pasada para exigir que sea considerada como área de influencia directa ambiental y social de las operaciones de la Unidad Minera Constancia. Asimismo demandan el pago de indemnización y compensación por los daños ambientales y sociales ocasionados por la empresa minera y que se declare sin efecto la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Constancia, por incumplir requisitos administrativos, técnicos y legales que atentan su derecho a la Consulta Previa.

La próxima reunión de trabajo estaba programada para el día 28 de mayo, y la comunidad exige la presencia permanente de los funcionarios del MINEM, la PCM y otras instituciones del Estado.

2) Espinar: Se suspende consulta previa de proyecto minero Coroccohuayco

El lunes 17 de mayo, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas llegaron hasta la provincia cusqueña de Espinar para reunirse con 11 de las comunidades que son parte del área de influencia directa del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco. El principal acuerdo pactado fue suspender temporalmente el proceso de consulta previa hasta que se instale el nuevo gobierno nacional.

Según anunciaron a través de sus redes sociales, las comunidades no solo tomaron en cuenta el proceso electoral, sino también ‘la falta de capacidad para articular entre las entidades estatales, pues se pretende llevar adelante el proceso sin contar con la participación de otros sectores del Estado’.

En su comunicado, las Comunidades Originarias solicitan la oportuna participación de los representantes de los ministerios competentes en la atención de la problemática socio ambiental, y no exclusivamente funcionarios del MINEM: ‘Con entidad promotora de la consulta previa se pueden tratar los temas referidos a las operaciones mineras y otros relacionados a su sector, pero no tienen ellos capacidad para asumir compromisos respecto a temas como salud, agua, tierras y otros sobre los que no tienen ningún tipo de competencias’.

Asimismo, cuestionan que no se haya garantizado la participación de la Defensoría del Pueblo, como organismo veedor del proceso.

Pandemia y salud

Las comunidades también han denunciado que hasta la fecha no se ha implementado ningún proyecto sobre la base del Fondo Social de Emergencia, tampoco la implementación de medidas que apunten a la reactivación económica en sus territorios, donde se han visto afectados por la paralización de actividades debido a la pandemia.

Respecto al tema de salud, exigen un documento que les permita saber la magnitud de los daños causados por las operaciones mineras y establecer el plan de reparaciones correspondiente.

Debido a todas las omisiones de parte del Gobierno, como lo señalan las comunidades, decidieron suspender el proceso de diálogo. Aunque cabe señalar que el proceso de consulta previa tiene muchas contradicciones.

3) Congreso posterga decisión de convocar un Pleno de Pueblos y Ambiente

El martes 18 de mayo se reunió la Junta de Portavoces del Congreso de la República, instancia que debía definir si cumple con el compromiso de diversas bancadas de convocar a un Pleno de Pueblos y Ambiente para inicios de junio, pero finalmente la decisión se postergó.

Se esperaba que esta decisión fuera tomada en la sesión anterior, pero el tema no fue tratado, causando la preocupación de las organizaciones sociales, indígenas, afroperuanas y ambientales que vienen demandando la realización de dicho Pleno.

El pasado 6 de mayo, tras un plantón realizado por organizaciones de los pueblos originarios, campesinos y afroperuanos, así como por instituciones y colectivos ambientalistas y de la sociedad civil, los voceros de ocho bancadas firmaron un Acta en la cual se comprometieron a agendar el Pleno de Pueblos y Ambiente para los días 03 y 04 de junio. Los legisladores que formaron dicha acta representan a las bancadas de rente Amplio, Somos Perú, Bancada Morada, Podemos Perú, Unión por el Perú, Acción Popular, Descentralización Democrática y Nueva Constitución.

En dicha sesión del Pleno del Congreso de la República, deberían debatirse y aprobarse un conjunto de iniciativas legislativas que buscan garantizar los derechos de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, así como una mejor gestión ambiental y el respeto de los derechos de la Naturaleza. Existen hasta 15 dictámenes aprobados en comisiones parlamentarias, así como diversos proyectos de Ley presentados por diversas bancadas, que recogen propuestas presentadas por las organizaciones de los pueblos y la sociedad civil, en torno a estos temas.

Hace pocas semanas, un conjunto de más de 100 organizaciones entregó una carta al Congreso de la República exigiendo la realización de este Pleno de Pueblos y Ambiente antes que los actuales legisladores terminen sus funciones.

4) Congreso: Se promulga ley para afectados por metales pesados

Gracias al trabajo de incidencia realizado por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas del Perú, el Estado peruano reconoció que tiene la obligación de atender a las personas cuya salud ha sido afectada por sustancias químicas provenientes de la minería y otras actividades industriales y extractivas.

En el marco de este deber, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 31189, para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, la misma que fue publicada el 4 de mayo pasado en el diario oficial El Peruano.

A través de esta norma, el Congreso incorpora la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por contaminación con sustancias químicas, como enfoques en la formulación y ejecución de políticas públicas en salud y materia ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local.

También mediante esta ley, el Congreso dispone lo siguiente:

La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud son las instituciones encargadas de elegir a los actores y los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental aplicables para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por contaminación con sustancias químicas, en los planes y programas a cargo de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

El Minsa es responsable de la elaboración y actualización de los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por contaminación con sustancias químicas.

El Minsa es responsable de la implementación y actualización del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas.

De manera complementaria, el Congreso declara de interés nacional la atención prioritaria en la salud de las personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. A su vez, menciona que el Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento de la Ley N° 31189 en un  plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de dicha ley.

Esperamos que el Estado peruano siga implementando normas y acciones que (1) hagan posible la atención de personas cuya salud viene siendo afectada por sustancias químicas provenientes de la minería y otras actividades productivas, y que además (2) apunten a prevenir y mitigar este tipo de vulneración del derecho a la salud.

5) Puno: afectados por metales tóxicos de la cuenca del Coata anuncian paro indefinido

La Mesa de Diálogo en el marco de la articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata, acordó abordar la problemática ambiental y de salud de dicha cuenca en dos grupos. Esta mesa se reunió el pasado 6 de mayo en el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno

En la reunión participaron representantes de la Presidencia del Concejo de Ministros, ministerios de Ambiente, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y Construcción, asimismo dirigentes y autoridades de la cuenca Coata. El grupo de salud, liderado por el Ministerio de Salud (MINSA) y Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA), acordaron impulsar el grupo de trabajo desde el 13 de mayo en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria de forma semipresencial para elaborar el Plan de Acción de Atención para los afectados y afectadas por metales pesados. Motivo por el cual los dirigentes de la cuenca del río Coata, se constituyeron para impulsar el desarrollo de la agenda propuesta. Sin embargo, al constituirse para participar de esta reunión, después de viajar desde Coata hacia Puno, fueron desairados por los funcionarios de salud al no encontrarse en el lugar. Ante esto, los representantes del MINSA propusieron que los dirigentes asistan de forma virtual.

El incumplimiento de este acuerdo, ocasionó que los dirigentes abandonen la reunión virtual en su totalidad, para posteriormente manifestar su descontento y anunciar una movilización masiva indeterminada. Las razones según detalló el presidente del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca son: 1) el desinterés de las autoridades del sector salud para elaborar y ejecutar el Plan de Acción de atención a los afectados y afectadas por metales pesados, y 2) las pocas garantías que la plataforma virtual brinda, ya que personas sin representación se infiltran con facilidad.

Por lo anterior, dirigentes de la sociedad civil anunciaron que los pobladores afectados acatarán un paro indefinido desde el 02 de junio del presente año para exigir a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), puedan atender a sus demandas planteadas con celeridad, siendo la demanda principal llevar a cabo reuniones presenciales en las zonas afectadas.

Siguen las reuniones

Los representantes de la PCM junto a los asistentes acordaron que las próximas reuniones se llevarían a cabo en dos grupos: 1) grupo de trabajo de salud, integrado por alcaldes de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, DIRESA y MINSA, cuya reunión se programó para el 13 de mayo y 2) grupo de trabajo de proyectos de saneamiento, cuya reunión se tenía prevista para el 14 de mayo. (Con información de Red Muqui)

6) Madre de Dios: Deforestación por minería ilegal arrasa más de 200 hectáreas de bosque

Un último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), reveló que la deforestación debido a la minería ilegal en el entorno del Pariamanu, ubicado en Madre de Dios, se incrementó en los últimos meses. Según el reporte, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, esta actividad arrasó más de 15 hectáreas de bosque.

El MAAP viene documentando esta deforestación desde el 2017 hasta la actualidad, y en total han registrado 204 hectáreas de deforestación en esta zona de Madre de Dios. “Esto, en términos de área deforestada, presión constante de mineros y calidad de bosque (se trata de una afectación a bosque primario)”, indicó Matt Finer, director del MAAP a Mongabay Latam respecto a la depredación minera que se vive en Madre de Dios.

En agosto de 2020, el medio de investigación reportó que el Pariamanu era el sector con gran incremento de deforestación generada por nuevos focos de minería ilegal, tras la operación denominada Mercurio en La Pampa, en febrero de 2019.

En ese entonces, el MAAP con la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Association (ACA) y con el apoyo del proyecto Prevenir de USAID, registraron que esta deforestación alcanzaba 99 hectáreas con un aumento del 70%, donde la tasa de depredación de hectáreas por mes había aumentado de 2,5 entre 2017 y 2018 a 4,2 durante el 2019.

Los enclaves mineros estaban frente a la comunidad nativa de Boca Pariamanu, y se extendían desde la margen izquierda del río hasta unas 10 hectáreas de bosque de castaña, según pobladores indígenas de la zona. En patrullajes a canoa que realizaron, detectaron al menos ocho focos mineros que contaminaban el río. Ellos fueron reportando estos hechos, lo cual les costó amenazas de muerte, pero sus denuncias fueron cruciales para que las autoridades realicen operativos y contengan la expansión.

Se conoció que entre agosto y noviembre de 2020, hubo destrucción de campamentos, maquinaria para extraer oro y construcciones. Las áreas que iban siendo intervenidas ya no estaban solo frente a la comunidad de Boca Pariamanu, sino también kilómetros más allá.

De acuerdo al informe de Mongabay Latam, algunos indígenas amahuacas que accedieron a declarar sin revelar sus nombres, indicaron que “los concesionarios de castaña siguen permitiendo que los mineros operen en sus terrenos y a cambio reciben entre 10 y 15 gramos de oro semanalmente. La retribución, explican, está sujeta a la cantidad de metal que sea extraída por los ilegales”.

Avances en interdicción

El pasado 23 y 24 de abril, la Capitanía de Puerto Maldonado y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, realizaron un operativo contra la minería ilegal, en el sector del Pariamanu, correspondiente a Boca Pariamarca, donde incautaron 60 galones de combustible y destruyeron un campamento minero, balsas y maquinaria para la extracción de oro.

Según los indígenas amahuacas, tras cada operación, las mafias esperan cuatro o cinco días para volver a instalarse en el mismo lugar o seguir avanzando en la expansión. 

En tres meses, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, Carlos Chirre, ya ha encabezado varios operativos. En uno de ellos, indica que hallaron un foco minero que había generado aproximadamente 20 hectáreas de deforestación; sin embargo, hasta ahora no se ha logrado capturar a ningún minero ilegal. Esto hace indicar, que hay vigía en las entradas o los enclaves que dan aviso cuando hay intervenciones.

Falta de presupuesto

El director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, general PNP José Ludeña Condorí, señaló para Mongabay Latam que los trabajos de su personal en Madre de Dios, están focalizados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Sin embargo tienen contemplado ampliar el radio de operaciones policiales a otros puntos de expansión como el Pariamanu, pero su principal problema es la falta de presupuesto para seguir con las acciones.

Para el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, la deforestación cerca a las cuencas de los ríos Pariamanu y Pariamarca se hizo incontrolable desde la quincena de abril pasado, y lo atribuye a la falta de una estrategia amplia del Gobierno para luchar contra las mafias.

Zambrano, como los amahuacas, señalan que la presencia esporádica de las autoridades en operativos de interdicción no garantiza el retiro de las redes de mineros ilegales porque “son mafias inmensas que siempre se reinstalan”.

(7) Amazonas: Fuerzas Armadas continuarán realizando interdicción contra la minería ilegal

El Ministerio del Interior extendió la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en mantener el orden interno y trabajar de manera conjunta en las operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, Condorcanqui, en la región Amazonas.

Este lunes 03 de mayo se publicó la Resolución Suprema Nº 072-2021-IN en el Diario El Peruano, donde se  autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas por 30 días calendarios, hasta el 01 de junio de 2021.

En el documento, señalan que esta prórroga fue solicitada por la Policía Nacional, ente responsable de la interdicción contra la minería ilegal en el Cenepa,  para tener apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas para frenar esta actividad ilícita.

“Debido a la presencia de las Fuerzas del Orden y la realización de operaciones policiales especializadas de interdicción contra el delito de minería ilegal, así como otros delitos conexos, las actividades de extracción de mineral ha cesado; sin embargo, no se descarta el reingreso de mineros ilegales o la planificación de acciones de protestas y atentado contra la integridad física del personal o de las Fuerzas del Orden y otras autoridades intervinientes”, se lee en parte de la Resolución Suprema.

Según el párrafo anterior, las actividades de interdicción ya se habían realizado en Condorcanqui. Sin embargo, para la abogada Siu Lang Carrillo de CooperAcción, esto se refiere sólo a la zona de la Cordillera del Cóndor en El Cenepa, la cual no es la única donde se denuncian actividades de minería ilegal.

“Esta no amplía la interdicción en las zonas, las deja igual. Esas resoluciones vienen desde el 2018, y se ha prolongado mes a mes y se ha hecho en la Cordillera del Cóndor, sigue prolongando en la zona de arriba”.

La especialista señala que la resolución implica “que hay voluntad de hacer acción de interdicción en El Cenepa, pero se limitan solo a la parte alta, no se atiende la parte baja del Cenepa, la cual es un problema para las comunidades”.

Esta extensión, asegura, “solo ha servido para que la Policía Nacional se mantenga en la Cordillera del Cóndor, vigilando la zona, y evitando que haya ingreso de mineros ilegales”.

Respecto a los pedidos de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) sobre la interdicción en su territorio ubicado en Condorcanqui, Siu Lang Carrillo señaló que los dirigentes necesitan de manera urgente apoyo del Estado para enfrentar la minería ilegal.

“Odecofroc viene pidiendo hace varios meses el tema de interdicción y ya han puesto denuncias contra mineros ilegales y han estado evitando la minería ilegal en el río El Cenepa, pero estos esfuerzos necesitan ser apoyados por el Estado Nacional para que ellos no pongan en riesgo su vida”, acotó.

27 de mayo, 2021