BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – FEBRERO 2021)

1.Experto: se debe rechazar mina Ariana por amenaza al agua

El agua que consumimos en Lima y Callao estaría bajo amenaza. La proximidad del depósito de relaves del proyecto minero Ariana al Túnel Trasandino, que trasvasa el agua bajo los andes desde la cuenca del río Mantaro hasta la cuenca del río Rímac, genera altos riesgos para la disponibilidad de agua potable para más de 10 millones de personas.

“Este depósito de relaves estaría a 115 metros del túnel trasandino, y la presa de relaves a 1275 metros aguas arriba de la bocatoma de agua del túnel”, precisó el investigador Steven Emerman, quien recomienda por ello, rechazar este proyecto minero “sin mayor consideración”. Esto en el marco de una exposición de su informe realizada el 16 de febrero.

El investigador subrayó que en el Perú han ocurrido 18 fallas conocidas desde 1952, por lo tanto, no puede descartarse una eventualidad de este tipo, sea por sismos, malas construcciones, u otras causas. El Dr. Emerman agregó, si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar los pueblos de Corpacancha, Santa Ana,  Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso.

Sumado a ello, Emerman precisó que el cimiento de la relavera del proyecto minero presentaría una gran fragilidad, que sometida a un esfuerzo o tensión horizontal, por ejemplo en caso de un sismo, tendría altas probabilidades de colapsar. En una situación así, se soltarían los relaves, lo cual podría afectar gravemente las fuentes de agua y el entorno de escorrentía natural de éstos.

“La ingeniería y la ciencia tras este proyecto son muy débiles. Los peligros para las comunidades aguas abajo y para la población de Lima son muy altos. Por eso la recomendación es rechazar este proyecto”, dijo tras exponer los hallazgos de su investigación “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú”.

Sobre la posible ruptura de la presa y su impacto en la capital, Emerman sostuvo que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona que da suministro de agua para una ciudad capital de un país. “Desde mi conocimiento, nunca se ha construido una presa de relaves aguas arribas de un suministro de agua para una gran ciudad”, enfatizó.

A su turno, Luisa Eyzaguirre, secretaria general del sindicato de trabajadores de Sedapal (SUTESAL), recalcó que más del 60% del agua que consumimos los limeños viene por el túnel trasandino y que la cercanía de la presa de relaves a esta infraestructura implica muchos riesgos. Asimismo, señaló que la minera Ariana no ha permitido a Sedapal medir el agua de las lagunas que son parte del sistema hídrico de la zona.

“Sedapal tiene la obligación de tener una posición bastante firme. No se trata de tener una postura antiminera, el Estado está para preservar el derecho a la vida de las personas por encima de intereses económicos”, precisó.

Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAccion, hizo también hincapié en la ubicación de esta presa de relaves. “Es una zona altamente sísmica, y ello, unido a precipitaciones, configuran un peligro real. No es ser antiminero, es apostar por la vida. En otros países se rechazaría esta propuesta solo por su ubicación. Estamos reclamando el derecho a la vida”, manifestó.

Sedapal había sido citada el 17 de febrero a la audiencia del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para exponer su posición sobre el proyecto. Sin embargo, la audiencia ha sido reprogramada por la Jueza Rocío Rabines para el día 4 de marzo aduciendo las dificultades del estado de emergencia.

Por su parte, mediante un comunicado publicado el 16 de febrero, Sedapal informó que solicitará a una firma independiente que determine si las actividades del proyecto minero Ariana afectarán la provisión de agua potable para Lima y Callao.

2.Apurímac: comunidad de Pumamarca alerta de un desalojo alentado por Las Bambas

Las tensiones van en aumento entre la Empresa MMG- Las Bambas y la comunidad de Pumamarca, ubicada en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, debido a que los comuneros denuncian un eventual desalojo por parte de efectivos policiales de las tierras que ellos reclaman.

La comunidad ha cumplido dos semanas de haber iniciado la ocupación de las tierras que vendieron el año 2011. Según sus denuncias, hubo vicios en cuanto a la información necesaria para la operación y también denuncian falta de cumplimientos de acuerdos con la comunidad.

El 19 de febrero se tuvo una reunión virtual entre la PCM, la empresa MMG -Las Bambas, la Región Policial Apurímac y la Defensoría del Pueblo, pero según se ha conocido no habrían llegado a ningún acuerdo.

La población señala que hay presencia de efectivos de PNP en la zona y la comunidad ha alertado de un posible desalojo.

Antecedentes de la compra de tierras

El relacionamiento bilateral que impulsa la empresa Las Bambas con las comunidades parece repetirse también en otros casos. Por ejemplo, en la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores; de esta manera, con una situación asimétrica en términos de poder e información entre la empresa y estas comunidades, los resultados no siempre fueron satisfactorios para estas últimas.

En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa.

Cabe recordar que la comunidad de Pumamarca emitió un comunicado el pasado 9 de febrero alertando sobre las irregularidades que se dieron en ese proceso de venta y la falta de disposición de la empresa para abordar el tema. Por su parte, la empresa minera Las Bambas también emitió un comunicado.

Para la tarde del sábado 20 de febrero, las y los comuneros denunciaron a través de las redes sociales y medios de comunicación locales, la presencia masiva de integrantes de la PNP, quienes haciendo uso de la fuerza y de bombas lacrimógenas intentaron desalojarlos. La comunidad insiste en cuestionar el proceso de venta de sus tierras. Hasta el momento se mantiene una tensa calma, y una delegación de comuneros se encuentra en Lima buscando ser atendidos por el Congreso y otras autoridades.

3.Caso Cotabambas: Juzgado archiva acusación fiscal de algunos delitos a favor de defensores

A través de una audiencia virtual, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas admitió declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento solicitado por la Fiscalía de Challhuahuacho, y por tanto, retirar de la acusación fiscal los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir imputados a dirigentes denunciados por las protestas ocurridas en setiembre del 2015 en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac.

El juzgado reconoció la no existencia de elementos probatorios que vinculen a los defensores y defensoras con los delitos imputados, por lo que declaró fundado el sobreseimiento y dispone el archivamiento de la causa por los delitos mencionados.

Si bien esta decisión es favorable, aún continúa el proceso penal en etapa de acusación fiscal contra los defensores de Cotabambas por los demás delitos imputados: daño agravado, contra la seguridad pública en la modalidad de delito contra los medios de transporte y disturbios.

Cabe recalcar, que según el Expediente N°41-2016, las y los imputados son Virginia Veluz Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos, Hugo Américo Huillca Peña, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torres Garces, Maximiliano Huachaca Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa, Franklin John Tejada Salas, Walter Velasco Chinchayo, Roberto Martinez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña, Cosme Bolívar Escudero.

4.Shougang: Trabajadores mineros denuncian aumento de contagios de COVID-19

En diferentes medios de comunicación, locales y nacionales, Julio Ortiz, Secretario General del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, ha denunciado la preocupante situación que enfrentan los trabajadores de esa empresa frente a los contagios de COVID-19 y la falta de una debida atención en la salud de los trabajadores de parte de la minera.

Shougang tiene su centro de operaciones en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, Ica, y tiene muchas denuncias sobre las malas condiciones de trabajo y la dejadez de las medidas para la atención de la salud de los obreros frente a la pandemia. Los médicos señalan que la empresa no dispone el traslado de los enfermos a sitios donde puedan brindarles mejor atención.

Ante esta situación, Julio Ortiz ha hecho llegar sus reclamos ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, con quienes mantuvieron dos reuniones bajo la modalidad virtual.

Ortiz expuso ante funcionarios de la SUNAFIL el incumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en Shougang, seguido de la cantidad limitada de personal médico para la atención de los trabajadores en el campamento minero; asimismo, señaló la falta de entrega de los documentos con los resultados de las pruebas COVID-19 de los trabajadores.

La SUNAFIL ha iniciado las acciones de inspección correspondientes. Además, se brindará capacitaciones a los dirigentes sindicales para que puedan defender los derechos de sus afiliados sin represalias de las empresas, contribuyendo así al cumplimiento de los derechos laborales, de seguridad y salud en el trabajo.

5.Cusco: dirigentes de Velille firmaron acuerdos con minera Las Bambas

A comienzos de febrero, autoridades y dirigentes del distrito de Velille, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, firmaron un acuerdo con funcionarios de la empresa minera MMG- Las Bambas después de varios espacios de diálogo desarrollados en modalidad virtual, en los que participaron como intermediarios representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre los acuerdos se destaca que la empresa en mención realizará en favor del distrito de Velille un aporte único de S/. 3 millones para la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible que beneficie a los barrios y comunidades. Estos proyectos serán priorizados por un Comité de Gestión que estará conformado por representantes de Las Bambas y del distrito de Velille, para luego ser socializados en una Asamblea Multisectorial.

Asimismo, la empresa donará por única vez al distrito dos ambulancias que serían entregadas a finales de mayo del 2021. También se comprometieron, en coordinación con la municipalidad de Velille, a gestionar un proyecto de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Por su parte, los dirigentes esperan que estos acuerdos se cumplan realmente, pues no es la primera vez que firman acuerdos que al llegar a los plazos establecidos no se cumplen. Una situación como esta última sólo repercute a que los conflictos en el corredor minero del sur continúen agudizándose.

6.Chumbivilcas: ante mayor riesgo del COVID-19 y sin acuerdos con Hudbay

La declaración de la cuarentena y la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas irrumpieron en un momento crítico en las decisiones de la Mesa de Diálogo que llevaban las organizaciones y autoridades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas con la representación de la empresa Hudbay, titular de la mina Constancia.

El desacuerdo en relación al Convenio Marco continúa, por tanto, el conflicto social sigue latente. Además, la reanudación de la Mesa de Diálogo sólo podrá ser mediante reuniones virtuales durante el mes de febrero, en un contexto donde la tasa de contagio COVID-19 está siendo más alta respecto a la tendencia en el 2020.

Ya no fue posible que se cumpla con el acuerdo de la reprogramación de las reuniones presenciales a inicios de febrero. Como se conoce, los días 26 y 27 de enero 2021 se desarrollaron reuniones presenciales de la Mesa de Diálogo, después de que se frustrara la sesión del 15 de enero por ausencia de la representación de la titular minera. Al final del segundo día, se suspendió la Mesa de Diálogo, decidiéndose que la siguiente reunión presencial se programaría el 1 de febrero, una vez que se confirmara la participación del Gerente General de Hudbay a fin de asegurar que los compromisos a los que se arribe se traduzcan en acuerdos exigibles. Esa decisión no ha podido cumplirse debido a que el 29 de enero, el Ministerio de energía y minas dispuso “la suspensión de todas las reuniones presenciales programadas en los espacios de diálogo durante el mes de febrero y mientras dure el confinamiento” (comunicado del 29-01-21); además la empresa Hudbay también había solicitado reprogramación de la reunión a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas dado el incremento de casos COVID-19 en la provincia.

Por otra parte, en el mes de enero, en la provincia de Chumbivilcas se han confirmado 381 casos nuevos con Covid-19 de un total de 1,226 personas a quienes se les aplicó las pruebas, lo que resulta en una alta tasa de positividad del 31%, de acuerdo a la data de DIRESA-Cusco. En este contexto es razonable pensar que no se reanudarían las reuniones presenciales. Por su parte, es posible reprogramar reuniones virtuales de la Mesa de Diálogo con las garantías de las condiciones y facilidades requeridas que ha ofrecido el Ministerio de Energía y Minas mediante el comunicado mencionado.

Sobre la agenda de la Mesa de Diálogo provincial, es necesario recordar que hace más de 4 años, las organizaciones campesinas y las autoridades provinciales de Chumbivilcas han venido planteando a la empresa minera Hudbay, titular de la mina Constancia, la suscripción de un Convenio Marco. Este es el primer punto de la Plataforma de lucha suscrita por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas- FUDICH, frentes de defensa distritales, rondas y comunidades campesinas.

Es importante destacar que la firma del Convenio Marco no es sólo de interés de las organizaciones campesinas y sociales de Chumbivilcas, sino también de las altas autoridades municipales provinciales y del gobierno regional de Cusco, por lo que también participaron en la reunión de la Mesa del 26 y 27 de enero.

En la citada reunión las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre los tipos y montos de beneficios a incorporar en el Convenio Marco. Las organizaciones campesinas pusieron en la mesa su solicitud para que el 7% de las utilidades anuales se destinen a proyectos de desarrollo de los distritos y la provincia de Chumbivilcas a fin de que los beneficios del progreso minero lleguen a los territorios de influencia directa e indirecta. El titular de la minera hizo una contraoferta para destinar 4 millones hacia ese fin (menos del 1% solicitado), así como un fondo por valor de 42 millones destinado al financiamiento de obras bajo la modalidad de obras por impuestos y 1 millón de soles para acciones de prevención y lucha contra el COVID-19. La propuesta minera no convenció a las organizaciones sociales, por lo que suspendieron la reunión y exigieron la presencia del Gerente General de Hudbay para llegar a acuerdos firmes.

7.Metales Tóxicos: Aprueban reglamento de Comisión Multisectorial

El año pasado el gobierno creó la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (en adelante, la comisión), a través de la Resolución Suprema (RS) N° 034-2020- PCM, la cual fue modificada por la RS N° 007- 2021-PCM. Esta comisión tiene como objetivo elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

De acuerdo a lo establecido en la RS N° 007-2021-PCM, el ministro del ambiente aprobó el reglamento de la comisión mediante la Resolución Ministerial N° 022-2021-MINAM, la misma que fue publicada en febrero en el diario oficial El Peruano.

Este reglamento regula el funcionamiento interno de la comisión y es aplicable a los integrantes de ésta, así como a los representantes de instituciones públicas o privadas, gremios u organizaciones sociales invitados a participar en las sesiones.

En cuanto a la estructura de la comisión, el reglamento precisa que la presidencia será asumida por el/la viceministro/a de gestión ambiental, la secretaría técnica será ejercida por el/la director/a general de calidad ambiental, y el pleno estará integrado por el/la viceministro/a de gobernanza territorial, viceministro/a de hidrocarburos, viceministro/a de minas, viceministro/a de salud pública, viceministro/a de interculturalidad, viceministro/a de gestión ambiental, presidente/a de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, cuatro representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas del Perú, entre otros.

Respecto al quórum necesario para el desarrollo de las sesiones de la comisión, el reglamento nos dice que para que éste exista se debe contar con la asistencia de dos tercios de los miembros de la comisión, dentro de este grupo deben estar incluidos los integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas del Perú.

De manera complementaria, el reglamento menciona que las sesiones de la comisión se realizaran de forma virtual preferentemente y que las decisiones se adoptaran por consenso.

A pesar de los momentos de tensión vividos en las primeras reuniones de la comisión, saludamos la aprobación de este reglamento porque es un avance en el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de atender a las personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que generalmente viven en zonas de influencia de proyectos extractivos. A su vez, esperamos que este reglamento permita que la comisión sea la instancia en la que las demandas de la población afectada sean realmente escuchadas y canalizadas.

8.Caso Anabi: Reafirman sentencia absolutoria a favor de dirigentes

En una nueva audiencia realizada el 4 de febrero del 2021, Mariliana Cornejo Sanchez, presidenta de la Sala Mixta Descentralizada de Sicuani, confirmó la sentencia que declaraba inocentes a los diez defensores del territorio que habían sido procesados por las protestas contra la minera Anabi SAC en el 2011. Se trata, sin duda, una buena noticia para la lucha contra la criminalización de la protesta social.

Como se recuerda, el pasado 27 de enero del 2020, después de más de nueve años de audiencias, el Poder Judicial de Cusco declaró inocente a los dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, quienes fueron denunciados por la empresa minera Anabi S.A.C. en el 2011. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la empresa en mención, presentaron un recurso de apelación, la misma, que, debido a la pandemia, recién se sustentó el 12 de enero del 2021.

La audiencia de apelación a la sentencia absolutoria se realizó en diferentes fechas a lo largo del mes de enero en modalidad virtual en la Sala Mixta conformada por Mariliana Cornejo Sanchez , Ermitaño Gilberto Gil Caviedes y Eduardo Sumire Lopez.

Durante las sesiones se volvieron a sustentar los hechos ocurridos entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, período en que organizaciones sociales de base de Llusco, Chumbivilcas y Cusco protestaron y exigieron un diálogo con el Estado por la contaminación en la cuenca del río Yahuarmayo, y por las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera Anabi S.A.C., problemáticas que las comunidades siguen enfrentando.

En ese entonces, el Ministerio Público sustentó la acusación contra los ex dirigentes de Chumbivilcas, que los implicaba en delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros.

La Fiscalía de Chumbivilcas denunció a los ex dirigentes, solicitando la pena privativa de libertad de hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera por más de dos millones y medio de dólares. La defensa legal de los acusados, conformada por abogados de Derechos Humanos sin Fronteras y EarthRights International, reafirmaron que no existen elementos probatorios que incriminen o individualicen directamente a los dirigentes con los delitos que se les imputa. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex trabajadores de la empresa minera; por tanto, se debería ratificar su absolución.

Desde CooperAcción, reconocemos y a las y los defensores Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco, por tanto años de lucha y resistencia, que han visto afectada su economía y su salud emocional personal y familiar.

Cabe señalar que la defensa legal de los procesados fue responsabilidad de EarthRights International (ERI) y Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco ( DHSF), además, este caso ha movilizado a muchas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Regional de Jóvenes del Cusco y la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (Fartac).