BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – ENERO 2021)

1.  Gobierno se rectifica y deroga decretos que desconocían la Consulta Vecinal en Tambogrande

Mediante Decreto Supremo No. 001-2021-EM, el gobierno derogó los Decretos Supremos emitidos poco antes, No. 027-2020 y No. 028-2020, los cuales previa declaratoria de necesidad pública, otorgaban 21 derechos mineros a la empresa canadiense Nueva Arcoiris SAC, en zona de frontera, en un área total de 16,300 has, mayormente ubicada en el distrito de Tambogrande, en la región Piura.

La emisión de dichos decretos se produjo a pesar de tener pleno conocimiento de que la población de dicho distrito, en forma abrumadoramente mayoritaria, en la Consulta Vecinal del 2 de junio de 2002, se había expresado rechazando el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios y se había reafirmado en el desarrollo de su pueblo sobre la base de un modelo económico y social fundado en la agricultura.

La mayor parte de esa área que se convertirían en concesiones mineras se superpone al valle próspero de San Lorenzo, Por ello, desde un primer momento la población del distrito de Tambogrande expresó, de manera pública, su desacuerdo y exigió la derogatoria de dichos decretos supremos y respaldó las reuniones de su Alcalde Distrital, Alfredo Rengifo, con las autoridades del gobierno central, quien hizo conocer que esta decisión gubernamental generaba una innecesaria situación de conflictividad social en el distrito, porque de manera arbitraria se estaba desconociendo la voluntad popular expresada en la Consulta vecinal y poniendo en riesgo el valle y los derechos de 1,131 predios, 20 centros poblados y 2 tramos de quebradas.

Ante esas advertencias basadas en la información técnica y social expuesta por la autoridad municipal y no habiendo concluido el procedimiento de  concesiones, el gobierno reevaluó la declaratoria de necesidad pública de esos derechos mineros (contenida en los decretos supremos cuestionados), concordando así que no había sustento para emitir dichos decretos. Recordemos que el Articulo 71 de la Constitución exige que para que se otorguen derechos mineros a extranjeros en zona de frontera se tiene sí o sí que declarar la necesidad pública de dichos derechos mediante decreto supremo.

Esta es una necesaria y oportuna rectificación gubernamental que entendemos significa el respeto a la decisión del pueblo de Tambogrande, el reconocimiento de la importancia del valle de San Lorenzo en la agroexportación y el abastecimiento nacional de productos alimentarios, así como su derecho local a decidir el continuar con su desarrollo socioeconómico fundado en la agricultura.

2. Caso Tía María: cuestionan sentencia contra dirigentes sociales

Lo que empezó como una acusación de delito de extorsión por el video publicado que incriminaba al ex dirigente Pepe Julio Gutiérrez, se convirtió en un proceso judicial, en primera instancia, de criminalización de los derechos de organización y de protesta social, en el que se ha anticipado oralmente la sentencia, programándose para el 29 de enero la emisión escrita de la misma.

Tras cuatro horas de audiencia virtual, el 7 de enero el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa (Expediente No. 2545-2015), dio la sentencia sobre los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión, entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín, y conspiración para motín, que supuestamente se habrían cometido en el marco de la protesta social del período marzo-mayo 2015 en contra de la ejecución del Proyecto Tía María convocado por el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo (FADVT), de acuerdo a la acusación Fiscal de María Alejandra Cabana.

Si bien la lista de acusados superaba la decena de personas, solo tres fueron permanente y reiteradamente acusados por los cuatro primeros delitos mencionados. Se trata de las personas de Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz Gallegos. Precisamente los tres únicos acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir a razón de constituir el “aparato dirigencial” del FADVT el 2015; los otros acusados por este delito fueron por constituir el “aparato logístico”, el “aparato de prensa” y el “aparato legal” de acuerdo a las razones de acusación. Pero, todos los acusados fueron absueltos de este delito, pues era obvio que se trataba de criminalizar el derecho de organización del FADVT a razón de que esos supuestos “aparatos” tenían por objetivo rechazar el Proyecto Tía María, una inversión de interés público priorizada por el gobierno.

Si bien la sentencia fue absolutoria en este delito, uno de los principales argumentos centrales definitorios de la sentencia de condena por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín, fue el mismo. A esos mismos tres dirigentes del Valle en ese 2015, los acusaron de autoría no ejecutiva de ese delito. No podían acusarlos de haber ejecutado las tomas de locales, de impedimento de uso de vías públicas, daños a personas y/o propiedad porque no habían participado y por tanto no podían tener ni tenían pruebas. Entonces, la Fiscalía modificó su acusación a autoría no ejecutiva, se enumeró las declaraciones de testigos incriminándoles de convocar/movilizar a las personas a esas medidas.

Esta sentencia es injusta y pone en riesgo el principio garantista del derecho a la organización y la protesta social de quienes se oponen a poderes políticos y económicos de facto; pero que parcialmente es justa respecto a la absolución de 13 personas injustamente acusadas; 3 de las cuales habían fallecido en el período de desarrollo del proceso del juicio oral.

3. Proyección del canon de Las Bambas como tema central en Chalhuahuacho

La presentación del Informe sobre la proyección del canon minero habría sido el tema central del miércoles 20 enero, por parte de la Comisión Técnica encargada, en tanto ese fue el décimo acuerdo del Acta de Chalhuahuacho suscrita al final de la reunión del pasado 09 de diciembre, por las autoridades municipales y dirigentes del distrito de Chalhuahuacho, en la región Apurímac.

Entre las organizaciones que suscribieron el Acta de Chalhuahuacho estuvieron la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho, Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho, Comunidades Campesinas, la autoridad municipal provincial de Cotabambas, el gobernador regional de Apurímac, los titulares de los ministerios de Energía y Minas, de Desarrollo Agrario y Riego y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, el representante de la empresa minera Las Bambas y el congresista por Apurímac, Lenin Checco.

Esta Reunión de Diálogo estuvo precedida de un paro que se inició el 23 de noviembre del año pasado. Tal como lo reseña la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual, el 23 de noviembre del 2020 los dirigentes de Chalhuahuacho solicitaron al Presidente del Consejo de Ministros que se retome la Mesa de Diálogo; ante la desatención, el 30 de ese mes iniciaron un paro que incluyó el bloqueo del ingreso a la mina a la altura de Quehuira, el que suspendieron el 7 de diciembre ante la respuesta gubernamental de desarrollar la reunión el 9 de diciembre en Chalhuahuacho.

Actualmente la empresa Las Bambas está cumpliendo con las regalías que anualmente corresponden; pero aún el progreso de las ventas que se iniciaron en el segundo semestre del 2017 hasta la fecha, a un ritmo promedio anual de 2,509 millones de dólares (2017 al 2019) no se ha traducido en canon porque no ha reportado utilidades; si no hay utilidades no hay impuesto a la renta, con lo cual no hay canon porque constituye el 50% del impuesto a la renta. El ingreso del canon fue una de las promesas que influyó en la aceptación de la actividad minera en sus distritos (Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau), todos ubicados en zonas altoandinas donde buena parte de la población se organiza en comunidades campesinas postergadas en atención estatal históricamente. En tiempos como los actuales, en medio de la pandemia y las restricciones, se reactiva la expectativa de las autoridades municipales y regionales por contar con mayores ingresos y de las comunidades por influir en las decisiones sobre el destino de la inversión local con el canon.

Esa promesa fue acompañada de un año probable de canon: 2021, tal como lo recuerdan los actores locales y lo están reclamando; por ello reclaman se aborde esta proyección, lo que ha sido atendido con la conformación de esta Comisión Técnica.

4.Huancavelica: Proyecto minero amenaza con contaminar agua que consumen 50 mil personas

El 21 de enero, la Municipalidad Provincial de Huancavelica presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas el Recurso de Nulidad, que como su nombre lo dice es para que se anule la Resolución Directoral N° 171-2020-MINEM/DGAAM.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó, el pasado 15 de diciembre, la “Declaratoria de Impacto Ambiental”- DIA del proyecto de exploración minera Pukaqaqa Sur presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades y la Municipalidad exigieron mediante Memorial a las autoridades competentes del poder ejecutivo que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

La comisión de autoridades de la provincia de Huancavelica se reunió el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua; y les anunciaron que presentarían formalmente ante el MINEM el pedido para anular dicha resolución. Esta comisión estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el MINEM observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental (del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones que Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al aprobar la DIA el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

El memorial fue presentado el lunes 11 de enero ante el MINEM y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

5.Espinar: anuncian reinicio de protestas ante desatención del gobierno

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar, como el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar- FUDIE y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar- FUCAE, entre otras organizaciones, anunciaron que se retomará la huelga indefinida el 28 de enero.

Las organizaciones sociales se reunieron el 14 de enero en una asamblea que definió la plataforma de lucha pendiente de atención, entre ellas el abandono de la mesa de diálogo que se venía por parte del Estado y de la empresa minera Antapaccay- Glencore y reclamaron el reconocimiento oficial de la mesa de diálogo.

Entre los principales acuerdos destacó que se reiniciarán las medidas de lucha, con una huelga indefinida que se reiniciará este 28 de enero por el incumplimiento y abandono de la mesa de diálogo por parte del Gobierno central y de la empresa minera.

Rechazaron asimismo el papel de facilitador del Ministerio de Energía y Minas por ser, según expresaron en un comunicado, un actor parcializado a favor de la minera.

Asimismo, saludaron el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Finalmente se rechazó que el gobierno y el Ministerio Público estén criminalizando la protesta social, mediante la apertura de procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población.

6. Reactivación del Grupo de Trabajo de la Mesa de Diálogo-Espinar

El gobierno reactivó el Grupo de Trabajo centrado en la Mesa de Diálogo en la provincia cusqueña de Espinar, anticipándose así al inicio de la huelga indefinida el 28 de enero, que fue anunciada públicamente por acuerdo de la Asamblea Multi-organizacional de la provincia de Espinar, responsabilizando al Estado y a la empresa minera por falta de voluntad de diálogo y de no atender las demandas de la población.

En el plazo de diez días hábiles que vencen el 5 de febrero, debe instalarse el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial 032-2021-PCM publicada este 25 de enero.

Esta resolución incorpora un/a representante de la sociedad civil organizada por cada uno de los distritos de la provincia de Espinar, fortaleciendo así la representación social, pues antes las normas consideraban una representación de la sociedad civil organizada (provincial), junto a las representaciones ministeriales, del gobierno regional de Cusco y de los gobiernos locales de Espinar que conformaban y siguen conformando el Grupo de Trabajo. A su vez, la información del cumplimiento de los acuerdos a la sociedad civil por parte del Grupo de Trabajo debe ser realizado previo a la presentación del Informe Final al titular de la PCM.

Una tercera novedad es la incorporación de un nuevo Subgrupo de Trabajo de Justicia y Derechos Humanos, de tal modo que se conformarán los siguientes cinco subgrupos de trabajo de acuerdo a la norma actual: a) Subgrupo de Trabajo de Inversiones y Desarrollo de la provincia de Espinar, b) Subgrupo de Trabajo de Salud, Ambiente, Saneamiento y Residuos Sólidos, c) Subgrupo de Trabajo de Reformulación del Convenio Marco, d) Subgrupo de Trabajo Corredor Vial y e) Subgrupo de Trabajo de Justicia y Derechos Humanos.

De este modo, la Resolución emitida busca responder a dos de los principales componentes de la plataforma de lucha social de Espinar: i) el reconocimiento de la Mesa de Diálogo mediante Resolución y ii) la atención a su reclamo porque se viene “criminalizando a los dirigentes sociales con denuncias penales” mediante la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos. Quedando pendiente otra demanda central de la plataforma: el cumplimiento de la sentencia que ordena al MINSA y al Gobierno Regional del Cusco, la atención a las personas con metales tóxicos en Espinar y la necesidad urgente de “que se diseñe e implemente una estrategia y programa de atención integral”, a dicha población y las comunidades.

7. Caso Anabi: Dirigentes cusqueños absueltos vuelven a ser juzgados

El pasado 27 de enero del 2020, después de más de nueve años de audiencias, el Poder Judicial declaró inocente a diez dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, quienes fueron denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la empresa en mención, presentaron un recurso de apelación, el que, debido a la pandemia, recién se sustentó el 12 de enero del 2021.

La audiencia de apelación a la sentencia absolutoria se realizó desde las 9:30 a.m. en modalidad virtual en la Sala Mixta Descentralizada de Canchis, Sicuani, y se volvieron a sustentar los hechos ocurridos entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, período en que organizaciones sociales de base de Llusco, Chumbivilcas y Cusco protestaron y exigieron un diálogo con el Estado por la contaminación en la cuenca del río Yahuarmayo, y por las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera Anabi S.A.C.

En ese entonces, el Ministerio Público sustentó la acusación contra los ex dirigentes de Chumbivilcas, incriminando delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros.

La Fiscalía de Chumbivilcas denunció a los ex dirigentes, solicitando la pena privativa de libertad de hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera por más de dos millones y medio de dólares. La defensa legal de los acusados, conformada por abogados de Derechos Humanos sin Fronteras y EarthRights International, reafirmaron que no existen elementos probatorios que incriminen o individualicen directamente a los dirigentes con los delitos que se les imputa. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex trabajadores de la empresa minera; por tanto, se debería ratificar su absolución.

Después de casi dos horas de sustentación, la audiencia de alegatos finales se reprogramó para el 19 de enero, ante la probabilidad de que se anule la sentencia absolutoria, el juicio contra los dirigentes volvería a foja cero.

8.Reporte de conflictos de la Defensoría identifica 13 alertas tempranas

El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascensión (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).