BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – ABRIL 2021)

1.- Minas Justa y los costos de producción de las minas de cobre peruanas

En varias publicaciones hemos destacado que los minas de cobre en el Perú tienen los más bajos costos de producción a nivel mundial. Si bien hay minas que están por debajo del dólar la libra de cobre, en promedio las principales minas peruanas tiene un costo de producción que apenas supera el US$ 1. Con los actuales cotizaciones del cobre (por encima del US$4/Lb.), se entiende el interés de los principales grupos mineros a nivel mundial de seguir desarrollando  proyectos cupríferos en el Perú.

Corroborando esta tendencia, se acaba de anunciar que Minas Justa, el flamante proyecto del grupo de Minsur, que el próximo año entraría en producción, tendría un cash cost por debajo de US$1.00/Lb., durante los primeros cuatro años de operación, con una producción anual promedio de 140 mil toneladas métricas.

De esta manera la participación del cobre pasaría a representar el 60% de las ventas de Minsur, cayendo la participación del estaño (mina San Rafael en Puno).

2.- Cusco: instalan mesa de diálogo a favor del desarrollo de Espinar

El 19 de abril, después de una extensa reunión semipresencial dirigida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se instaló la “Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, departamento del Cusco” conformada mediante Resolución Ministerial N° 085-2021-PCM.

En el acto participaron autoridades como el viceministro de Gobernanza Territorial, Edgardo Cruzado; y de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); así como de funcionarios del Minem y de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud, Inclusión y Desarrollo Social, y de Construcción, Vivienda y Saneamiento.

Asimismo, se contó con la presencia de representantes del Gobierno Regional del Cusco; del alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas; alcaldes distritales de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Pichigua, Suyckutambo, Alto Pichigua; y de dirigentes sociales y comunales.

En la sesión se presentaron informes y planes de trabajo de los subgrupos que conforman la mesa de diálogo: Inversiones y desarrollo de la provincia de Espinar, dirigida por la PCM; Salud, ambiente, saneamiento y residuos sólidos, liderado por el Minam; Reformulación del Convenio Marco, dirigido por el Minem; Corredor vial, bajo la responsabilidad del MTC; y Justicias y Derechos Humanos, liderado por el Minjus.

Finalmente, se acordó iniciar las reuniones de los subgrupos, de forma semipresencial en los próximos días. La siguiente sesión de la mesa de diálogo se programó para el 26 de abril.

Cabe recordar que este proceso de diálogo entre autoridades nacionales, regionales y dirigentes, se ha retomado tras diversas jornadas de protesta realizadas por las organizaciones sociales de esta provincia cusqueña, que tienen una serie de demandas, sobre todo las relacionadas a los impactos y aportes que realiza la minera Antapaccay y su proyecto ampliación Coroccohuayco.

3.- Cajamarca: sentencian a defensores del valle de Condebamba por difamación a empresa minera informal

A mediados de abril, el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca, ha condenado a dos defensores ambientales como autores del delito de difamación, producto de la denuncia de la empresa minera informal Pauco Dorado E.I.R.L.

Se trata de Rosas Duran Carrera y Arnulfo Soria Dilas, quienes han sido sentenciados a siete meses de pena privativa de libertad con carácter de suspendida y al pago de 80,000 soles por reparación civil a favor de la empresa minera, la que inició el proceso de querella.

Rosas Duran Carrera, presidente de las Rondas Campesinas de Campo Alegre, distrito de Eduardo Villanueva-San Marcos y Arnulfo Soria Dilas, agricultor y poblador del caserío de Chirimoyo, distrito de Cachachi- Cajabamba, participaron en la Asamblea del 28 de agosto del 2019 convocada por el Frente de Defensa de los intereses del río Cajamarquino. En esta reunión, informaron y denunciaron que el agua proveniente de Huayta el Pauco se encontraba de un color amarillento, para lo cual en semanas previas Rosas Duran había formulado una denuncia ante el OEFA.

Para el Juzgado, el delito ha quedado configurado porque los querellados no demostraron la veracidad de sus afirmaciones, ya que la empresa únicamente se dedicaría a la extracción de minerales que no requiere el uso de químicos. Además (según se deduce de la sentencia) la única forma que los dirigentes pueden comunicar y denunciar es a través de una “denuncia formal” a las autoridades y no a través de una asamblea.

En cuanto a la veracidad, se debe recordar que lo que se protege es la verosimilitud de la información y no una verdad incontrastable, así como la ausencia de malicia del informador/a (Acuerdo Plenario 003-2006, fundamento 12), situación no advertida por el Juzgador.

Otro punto fundamental es el interés público de la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que la protección a la honra o reputación sólo debe garantizarse a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o una persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, siempre en atención a los principios del pluralismo democrático.

La decisión del Juzgado Penal de Cajabamba, nos recuerda lo ocurrido con Lucila Pautrat, reconocida defensora de los bosques de la Amazonía que viene denunciando las actividades ilegales en la selva peruana. La defensora fue sentenciada también por difamación, lo que genera un efecto amedrentador en las y los defensores ambientales.

Desde la defensa, se viene preparando la apelación, esperando que el órgano revisor revoque esta resolución, que limita la libertad de expresión e información en asuntos de interés público. (Fuente: GRUFIDES)

4.- Pasco: trabajadores de la mina Animon realizaron una huelga

Los trabajadores de la unidad minera Animon, que es propiedad de la Compañía Minera Chungar S.A.C., subsidiaria de la minera Volcan en Pasco, iniciaron una huelga indefinida el día 14 de abril.

La Federación nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú- FNTMMSP ha recogido y difundido sus demandas. Según señalan en una nota de prensa, “a pesar que las poderosas mineras siguieron acumulando millonarias ganancias en cuarentena, los trabajadores mineros siguen siendo vulnerados”.

Por eso, los trabajadores de la unidad minera Animon exigen: pagos justos de utilidades, cumplimiento de convenio colectivo, pago de horas extras y mejores condiciones de salud y alimentación. Pero hasta el momento la empresa mantiene la negativa de escuchar los petitorios de sus trabajadores.

“Continúan implementando como siempre la política del “cholo recontra barato” sin querer negociar un beneficio justo para sus trabajadores que, con tanto sudor, muerte y lágrimas, aportan durante años a la acumulación de ganancias de la empresa minera y del país”, señala la nota de la FNTMMSP.

Es por estas razones que el sindicato aprobó por unanimidad realizar una huelga indefinida el 14 de abril desde las 07:00 am.

Desde la FNTMMSP han realizado un llamado al gobierno de Francisco Sagasti y a la opinión pública nacional e internacional para que intervenga para generar vías de diálogo fructífero y se actúe con justicia de acuerdo a la realidad financiera de las compañías mineras, cuyas utilidades parecen no llegar a sus trabajadores.

Cabe mencionar que la mina Animon se localiza en el distrito de Huayllay, al suroeste en la provincia de Pasco, región Pasco, a una altitud comprendida entre los 4,250 msnm y 4,830 msnm. Animon es una operación de tipo subterránea en la que se efectúan actividades concernientes a la industria minera y metalúrgica, las cuales comprenden labores de exploración, desarrollo, preparación, cubicación, explotación, transporte y beneficio de minerales polimetálicos, siendo sus principales productos los concentrados de zinc, plomo, plata y cobre.

5.- Empleados de minera Volcan realizaron medidas de fuerza

Los integrantes del Sindicato único de empleados de la empresa minera Volcan, que opera en la región Pasco, realizaron una huelga general el día miércoles 07 de Abril desde las 00:00 horas.

En su petitorio exigieron el pago justo de utilidades y derecho a la vida y la salud. La medida fue acordada en la Asamblea general extraordinaria realizada el 22 de marzo pasado.

Las demandas son el pago en la participación de las utilidades del 2020 que corresponden a un 8 %. “Se sabe que la empresa no ha dejado de producir, el precio de los minerales ha subido a diferencia del 2019, más aún la empresa no reconoce al capital más importante que es el capital humano ya que hemos reiniciado operaciones poniendo en riesgo la vida del trabajador y familiares”, señalan en una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Asimismo denunciaron la exposición a la vida, cuerpo y la salud de los trabajadores a contagios masivos por el COVID-19. “Pero nuestra empleadora hace caso omiso, más aún cambiaron la prueba molecular por la antígena, de las cuales no están dando resultados ya que se tiene varios contagiados dentro de las instalaciones de la Empresa” puntualizan en la carta.

Estas denuncias y la medida de lucha han sido respaldadas por la Federación Nacional de trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico del Perú- FNTMMSP que ha difundido el comunicado del sindicato por diversos medios.

Otras demandas en las subsidiarias de Volcan

Por otra parte, el Sindicato de trabajadores mineros metalúrgicos de Cerro SAC. – Cia. Minera Volcan SAA, que es subsidiaria del Grupo Empresarial Volcan, y que también opera en la región Pasco, denunciaron que no han respetado la repartición justa de las utilidades en la modalidad de bonos, pues no dieron detalle de los estados financieros auditados e incumplen el convenio colectivo.

El sindicato ha denunciado públicamente esta actitud y que la empresa no quiera negociar un aumento salarial a los trabajadores que, con tanto esfuerzo, aportan durante años a la acumulación de ganancias de la empresa. Así mismo, los trabajadores manifestaron el permanente abuso de autoridad dentro del campamento y exigen la dotación de agua potable, así como condiciones sanitarias en el trabajo, pues esto atenta contra su salud y la de sus familias.

Cabe recordar que la minera Volcan es propiedad de la transnacional suiza Glencore, uno de los grupos mineros más grandes del mundo y que tiene otras importantes inversiones mineras en el Perú, como el proyecto Antapaccay en Cusco, con serios conflictos sociales con las comunidades aledañas.

6.- Las Bambas: comunidad de Pumamarca denunció un nuevo intento de desalojo

En plena semana santa, la comunidad de  Pumamarca, ubicada en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, denunció a través de las redes sociales un nuevo intento de desalojo de las tierras que ellos reclaman, promovido -según indicaron- por la empresa minera MMG Las Bambas.

Como se recuerda, a inicios de febrero, la comunidad volvió a ocupar las tierras que vendieron el año 2011. Según la comunidad, hubo vicios en cuanto a la información necesaria para la operación y también denuncian falta de cumplimientos de acuerdos con la comunidad

El 24 de febrero, un grupo de representantes de la comunidad viajaron hasta Lima para reunirse con funcionarios de la PCM, ministerios y otras entidades, sin embargo, aquella visita no fue muy fructífera, pues no fueron recibidos por ninguna oficina.

Antecedentes de la compra de tierras

El relacionamiento bilateral que impulsa la empresa Las Bambas con las comunidades parece repetirse también en otros casos. Por ejemplo, en la compra de tierras de las comunidades de Huancuire y Pamputa, la empresa exigió una negociación individual sin la presencia de otros actores; de esta manera, con una situación asimétrica en términos de poder e información entre la empresa y estas comunidades, los resultados no siempre fueron satisfactorios para estas últimas.

En el caso de Huancuire, esta vendió 1900 hectáreas por un valor de S/. 122,4 millones en febrero de 2013; en dólares, esto equivalió a 24.988 por hectárea, es decir US$ 2,49 por metro cuadrado. En el caso de Pamputa, la transacción de venta fue de 4343,44 hectáreas a US$ 2 millones en marzo de 2011, lo que equivalió a US$ 460 por hectárea o US$ 0,46 por metro cuadrado. Huacuire, entonces, recibió de la empresa 5,4 veces más por metro cuadrado que Pamputa.

Este tipo de inequidades y negociaciones bilaterales poco transparentes son motivos que están a la base de la conflictividad social que persiste en el corredor minero.

7.- Se crea grupo de trabajo para la elaboración del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal

En el año 2012, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo Nº 1099. A través de esta norma declaró de necesidad pública la interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, a fin de garantizar la salud y la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y la conservación del patrimonio natural, y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

Posteriormente, en el año 2019, el Poder Ejecutivo inició la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, localizada en el departamento de Madre de Dios. Esta operación fue diseñada con la finalidad de erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos, reducir la presión sobre los ecosistemas y la tasa de deforestación, y recuperar el Estado de Derecho en La Pampa.

Debido a lo expuesto en párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo creó el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar la propuesta del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal (en adelante, el plan). Dicho grupo de trabajo fue creado mediante la Resolución Ministerial Nº 083-2021-PCM, la misma que fue publicada el 31 de marzo pasado en el diario oficial El Peruano.

Esta resolución señala que el grupo de trabajo estará integrado por un/a representante del Ministerio del Ambiente (quien asumirá la presidencia), un/a representante del Ministerio del Interior, un/a representante del Ministerio de Energía y Minas, un/a representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, un/a representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un/a representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y un/a representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

El grupo de trabajo se instalará dentro de los 10 días calendario siguientes a la publicación de la Resolución Ministerial Nº 083-2021-PCM, y la propuesta del plan será presentada ante el/la presidente/a del Consejo de Ministros en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la instalación del grupo de trabajo.

De manera complementaria, la resolución advierte que el referido plan será aplicado en el departamento de Madre de Dios y en los distritos de Camanti, provincia de Quispicanchi, y Ayapata, provincia de Carabaya, de los departamentos de Cusco y Puno respectivamente, con la finalidad de erradicar la minería ilegal en aquellas zonas y evitar su desplazamiento a otros ámbitos del territorio nacional.

Sin perjuicio de lo mencionado, consideramos que el grupo de trabajo también debería estar integrado por representantes de la población afectada por la minería ilegal, para que las acciones que se propongan en el plan respondan a la realidad.

8.- Denuncian trabajos en Morococha pese a resolución de SENACE contra ampliación

El pasado viernes 16 abril, trabajadores de la empresa minera Chinalco iniciaron trabajos de instalación de mallas y cercos perimétricos dentro de la zona de las 34 hectáreas en litigio con los últimos pobladores de la antigua Morococha y dicha empresa minera.

Representantes de la población se acercaron para dar a conocer que no podían realizar ese tipo de trabajos debido a que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no admitió la ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco tomando en cuenta el informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), donde indicaron que Chinalco no logró subsanar dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones realizadas en materia de recursos hídricos.

Sin embargo, al llegar efectivos policiales manifestaron que la empresa minera no se encontraba afectando ningún derecho de ningún poblador y por tal motivo podían realizar sus trabajos. Tras una breve discusión con los pobladores continuaron con los trabajos de enmallado.

Cabe recordar que todo ocurre en medio del hostigamientos que la empresa minera Chinalco viene desarrollando en contra de las 25 familias que aún viven dentro de las 34 hectáreas; quienes se encuentran preocupadas porque ocurran más daños que no terminen siendo reparados, un temor comprensible si tenemos en cuenta que desde finales del año pasado se han visto afectados los servicios básicos como la electricidad y el agua e incluso la empresa ha limitado el tránsito de las vías a sus domicilios. Motivo por el cual, el Frente de Defensa de Morocoha  interpuso un hábeas corpus el 17 de noviembre pasado para que la empresa desbloquee las vías; sin embargo, el Poder Judicial aún no responde.

Fuente: Red Muqui

9.- Aprueban norma para proteger la salud de personas afectadas por metales pesados

El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone fortalecer la prevención y la atención de la salud de las personas contaminadas con metales pesados u otras sustancias químicas.

Omar Merino López (APP), presidente de la Comisión de Salud, fue el encargado de sustentar los proyectos de ley 1256 y 2740. Señaló que la norma tiene como objetivo velar y fortalecer la prevención y atención de la salud poblacional afectada.

Además, se incorporará la formulación y ejecución de políticas públicas de salud y en materia ambiental a escala nacional, regional y local.

El proyecto también plantea una articulación intersectorial e intergubernamental, encargándole a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Salud una función rectora y los mecanismos para la articulación.

Asimismo, se establecieron los protocolos e instrumentos a utilizarse para estos casos, así como también la necesidad de establecer un registro nacional de las personas afectadas por esta problemática.

“Creemos que esta norma es una necesidad para abordar de manera responsable el fortalecimiento, la prevención y la atención de la salud poblacional afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, que ha causado y sigue generando enfermedades a la población”, manifestó el titular de la Comisión de Salud.

Cabe recordar que en el Perú existen decenas de casos de contaminación por metales pesados, en contextos donde se realizan actividades extractivas, como Espinar, Hualgayoc, Cerro de Pasco, el río Ramis, entre otros muchos, evidenciando un problema de salud pública nacional.

10.- Gobierno realizará inversión en regiones que conforman el Corredor minero del sur

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto de Urgencia (DU) 040-2021, autorizó ayer, 25 de abril, al Ministerio de Energía y Minas (Minem) transferir un monto de 200 millones de soles para obras e iniciativas de desarrollo en cuatro regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco y Loreto, con el objetivo de dinamizar sus economías, generar empleo y revertir las afectaciones producidas por la crisis sanitaria debido a la pandemia que enfrentamos.

Esta inversión servirá para financiar obras de agua potable, saneamiento, infraestructura de riego, vías peatonales, carreteras, centros de salud, entre otros, en las regiones del Corredor Minero del Sur y en las provincias loretanas incluidas dentro del Plan de Cierre de Brechas para el Corredor Petrolero.

Específicamente, en el Corredor Vial Sur, se ha incorporado el financiamiento para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, inversión en instituciones educativas y proyectos de riego para las provincias de Chumbivilcas y Espinar (Cusco), Cotabambas (Apurímac).

Por otro lado, en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas (Loreto), las inversiones proyectadas incluyen la carretera Saramiriza-Borja, proyectos de agua y saneamiento, puestos modulares de salud, infraestructura peatonal, entre otros.