Ayacucho: Gobierno se compromete a garantizar cierre adecuado de cuatro unidades mineras

Después de largas horas de diálogo, la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, liderada por la premier, Mirtha Vásquez, logró consensos con las autoridades y dirigentes comunales de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. El acuerdo más destacado está la conformación de una Comisión Ejecutiva de negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de las 4 unidades mineras , las mismas que ya tenían fechas de cierre previstas. Esta comisión será liderada por la PCM.

Para darle continuidad a este acuerdo, el Ministerio de Energía y Minas presentará el próximo 15 de diciembre un cronograma de visitas al entorno de las unidades mineras con participación de las comunidades.

El Ministerio de Energía y Minas también tendrá que informar el cronograma de reuniones que se tendrá con funcionarios de las empresas mineras Apumayo, Sami SAC y Compañía Minera Ares (con las unidades mineras Inmaculada y Pallancata) para revisar el cierre de minas previsto. Se evaluará la situación de otros proyectos mineros que existan en la zona. Es necesario señalar que el cierre de operaciones de las empresas en mención ya tenía fecha prevista, y lo que busca el gobierno, es garantizar un cierre según reglamentación, y evitar futuros conflictos.

‘Las operaciones mineras que ya tienen fecha de cierre prevista deben hacerlo de forma adecuada y cumpliendo los estándares y plazos de ley. La recuperación de la cuenca es nuestro compromiso firmado con el sur de Ayacucho. No significa cierre unilateral’, aclaró Vásquez en su cuenta de twitter.

Mirtha Vásquez manifestó que la prioridad del gobierno de Pedro Castillo es garantizar la protección del agua y las cabeceras de cuenca. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, zonificación y delimitación de las cabeceras de cuenca en Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, cómo el proyecto piloto a nivel nacional.

Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visitará el entorno de la unidad minera Breapampa para realizar evaluación ambiental de causalidad a fin de identificar el origen de las fuentes de alteración ambiental. Se coordinará con las autoridades y organizaciones sociales los alcances de la participación ciudadana.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acompañará a los líderes y dirigentes sociales que hayan sido criminalizados durante las protestas que se realizaron a fines de octubre.

Reacción empresarial

Tras el acuerdo, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y las cuatro empresas en cuestión realizaron un pronunciamiento conjunto denunciando que se estaba violando el Estado de derecho y que el cierre de las unidades mineras era arbitrario y unilateral. En los días siguientes, hubo una intensa campaña empresarial denunciando a la presidenta de la PCM de “antiminera”. Tras una reunión sostenida con la SNMPE, la PCM aclaró que no se trata de un cierre unilateral y que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en el estricto apego a la normatividad vigente, y que las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley. Además, Vásquez aclaró que no es “antiminera” sino “proderechos”.

El 23 de noviembre, el comité de lucha de Ayacucho sur contra la contaminación minera emitió un comunicado en el que señala que el acta firmada en Cora Cora debe cumplirse o de lo contrario retomarían las protestas.

Publicado en: Boletín Actualidad Minera, noviembre 2021