Autoridades de Puno y Gobierno central enfrentados por derechos del lago Titicaca

En un hecho sin precedentes para la defensa ambiental en el Perú, el pasado 24 de abril, el Consejo regional de Puno aprobó por unanimidad una ordenanza que declara al lago Titicaca como sujeto de derecho. Esta medida reconoce al lago más alto del mundo como un ente viviente con derechos propios como existir, mantenerse, ser restaurado y regenerado. No obstante, esta victoria simbólica para las comunidades locales y ambientalistas ha sido puesta en cuestión por el Gobierno central, que sostiene que la norma es inconstitucional y carece de validez jurídica.

La ordenanza, impulsada por la Red de mujeres lideresas en defensa del lago Titicaca, recoge una visión ancestral que considera al lago como un ser vivo. El documento establece un marco legal regional para la protección integral del lago, exige políticas de descontaminación y restauración ecológica, e insta al Congreso de la república a otorgar el mismo reconocimiento a nivel nacional. Además, contempla la creación de un Consejo de cuenca del Titicaca con participación de los pueblos originarios y organizaciones sociales, marcando una gobernanza ambiental desde abajo hacia arriba.

«Esta es una victoria de nuestras comunidades, especialmente de las mujeres defensoras que luchamos por la vida y por el agua», afirmó Soraya Poma Cotrado, presidenta de la Red de mujeres líderes defensoras del lago Titicaca. Su mensaje fue claro: no se trata solo de una norma, sino de una transformación en la manera de relacionarse con la naturaleza.

Sin embargo, el entusiasmo de la región ha sido atenuado por el pronunciamiento del poder Ejecutivo. A través de un comunicado conjunto, los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura expresaron su rechazo a la ordenanza, argumentando que vulnera la Constitución y genera un conflicto de competencias entre niveles de gobierno. Según el gobierno de Dina Boluarte, el reconocimiento de derechos a un ecosistema no puede ser establecido por una autoridad regional sin respaldo legal nacional, por lo que consideran la norma sin eficacia jurídica.

Frente a esta postura, las autoridades regionales de Puno han reafirmado su autonomía. El consejero regional Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito Juli, sostuvo que el Consejo regional actuó dentro de sus atribuciones legislativas. «Vamos a defender esta ordenanza porque se trata de la vida del lago Titicaca. No tenemos miedo a las represalias jurídicas. Lo que ha hecho el gobierno central durante años es abandonar el lago, y ahora que queremos protegerlo, nos dicen que no podemos», declaró con firmeza.

Vizcarra también convocó a un frente común entre organizaciones sociales y autoridades locales para defender la ordenanza. “Esto no solo es legal, es moral. El lago está agonizando y alguien tiene que responder por ello. Nosotros hemos dado el primer paso”, enfatizó.

El abogado Julio César Mejía, del Instituto de Derecho, participación social y medio ambiente, quien brinda acompañamiento a la organización de mujeres defensoras del lago Titicaca, destacó la trascendencia de la reciente ordenanza que reconoce al lago como sujeto de derechos. Señaló que “es un acto de justicia histórica, reivindicación cultural y una apuesta por la vida. Trae una postura contra-hegemónica, critica corrientes históricas como el racionalismo, que ignora otras formas de conocimiento y la relación con la naturaleza, la colonialidad, que impone una jerarquía entre cultura y naturaleza y el capitalismo que ve la naturaleza como objeto destinado a la apropiación y la explotación.”

Para el abogado, reconocer al lago Titicaca como sujeto de derechos constituye un acto de reparación histórica, en respuesta a siglos de olvido, contaminación y uso extractivista de sus aguas. Además, enfatizó que esta medida es fruto de la resistencia organizada de mujeres que han sostenido por años la defensa de este territorio sagrado.

El debate sobre el reconocimiento de derechos a la naturaleza no es nuevo en el país. En marzo de 2024, el Juzgado mixto de Nauta reconoció al río Marañón como titular de derechos, en una sentencia histórica que aún se encuentra en apelación. En ambos casos, el enfoque ecocéntrico desafía el modelo jurídico tradicional centrado en la propiedad y el uso extractivo de los recursos naturales.

Mientras tanto, las organizaciones promotoras de la ordenanza continúan su labor de incidencia. La implementación del reglamento y la articulación de instituciones para garantizar la protección efectiva del lago dependerán, en gran parte, de la capacidad de presión social y política frente a un Estado que ha sido señalado por años de desatención a este ecosistema compartido entre Perú y Bolivia.

La controversia abre un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de la naturaleza en el país, donde la cosmovisión indígena y las nuevas corrientes jurídicas se enfrentan a estructuras estatales que aún no terminan de adaptarse a estos paradigmas.

¿Será este el inicio de una transformación legal en defensa de los ecosistemas o una confrontación sin precedentes entre gobiernos regionales y el Estado central? Por ahora, el lago Titicaca está en el centro de esta histórica disputa.