Audiencia por acción de amparo en Espinar es reprogramada por cuarta vez

A casi un año de presentada la demanda, la audiencia única de la acción de amparo por presunta contaminación ambiental en Espinar continúa sin realizarse, en perjuicio de las comunidades afectadas. El proceso se tramita ante el Juzgado Civil de Espinar, bajo el expediente N.° 00042-2025-0-1009-JR-CI-01, sin que hasta la fecha se haya logrado avanzar hacia una evaluación de fondo del caso.

La demanda fue interpuesta en marzo de 2025 por la Asociación Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMATEC) y la Comunidad Campesina Huisa, contra la empresa Compañía Minera Antapaccay y el Estado peruano, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El proceso denuncia la contaminación con metales pesados en comunidades del área de influencia minera.

La demanda fue admitida el 14 de abril de 2025. Sin embargo, desde entonces, la audiencia única ha sido suspendida en cuatro oportunidades: el 27 de mayo, el 22 de julio y el 23 de septiembre de 2025, así también hoy 18 de febrero de 2026. Como consecuencia, el juzgado reprogramó nuevamente la diligencia para el 10 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con la resolución judicial, la última postergación responde a la carga procesal del Juzgado de Vacaciones, a la prioridad otorgada a otros procesos. Se viene reprogramando la audiencia por cuarta vez en menos de un año.

La acción de amparo busca que se reconozca la vulneración del derecho a la salud y a un ambiente sano en comunidades de Espinar, ubicadas en el entorno del centro minero Antapaccay. Los demandantes señalan que la contaminación está vinculada a las operaciones de la empresa, incluyendo la expansión Tintaya y la integración Coroccohuayco.

Según las organizaciones afectadas, los informes de causalidad elaborados por el OEFA concluyen que existe contaminación ambiental atribuible a la actividad minera, así como responsabilidades pendientes en materia de remediación. Estos reportes advierten sobre la afectación al agua, los suelos y el entorno natural, lo que representa un riesgo permanente para la salud de la población.

Asimismo, los demandantes recuerdan que existe una sentencia firme emitida por la Sala Civil de Canchis, que ordena la atención sanitaria de las personas afectadas por metales provenientes de la actividad minera. No obstante, denuncian que esta disposición no se cumple de manera integral y que muchos pobladores continúan sin recibir atención médica especializada.

A esta situación se suma la falta de acceso a agua potable en varias comunidades, lo que incrementa su vulnerabilidad. Además, la población señala que existen indicios de la desaparición progresiva de fuentes de agua utilizadas para el consumo humano y de los animales en la zona de influencia minera, lo que pone en riesgo la subsistencia de las familias.

En su demanda, las comunidades solicitan que se ordene a la empresa minera cesar la contaminación del agua, aire y del suelo hasta que se implementen medidas correctivas efectivas. También exigen la remediación del daño ambiental, garantía del acceso al agua,

Los dirigentes comunales consideran que las reiteradas suspensiones vulneran su derecho a una tutela judicial efectiva y retrasan soluciones urgentes frente a los daños ambientales y sanitarios. Por ello, esperan que la audiencia programada para el 10 de marzo de 2026 se realice sin nuevas postergaciones y permita establecer responsabilidades y medidas concretas para garantizar la protección de la salud y del ambiente en Espinar.