Apurímac: suspenden desalojo contra comunidad originaria de Chuicuni

Para la mañana del 25 de agosto se tenía prevista la ejecución de la sentencia de desalojo contra el sector Juan Velasco Alvarado, perteneciente a la comunidad originaria de Chuicuni, en el distrito de Challhuahuacho, Apurímac. Sin embargo, la diligencia se suspendió debido a la falta de garantías ya que en la zona había docenas de familias constituidas en sus viviendas y menores de edad que estudiaban en el colegio del mismo lugar.

«El juez suspendió el desalojo debido a las evidentes faltas de garantías, puesto que hay un colegio de niveles primario e inicial, así como casi 100 viviendas con vivencia probada» mencionó el abogado de Chuicuni, Alexander Anglas, quién además precisó que el concepto de este desalojo era «restitución» debido a la figura legal que sería usurpación de tierras. Sin embargo, para la comunidad esto sería un artilugio legal en el que solo estarían involucrados 5 personas quienes fueron denunciadas, y la sentencia estaría vulnerando el derecho de las demás familias que habitan esta zona.

«La restitución está cuestionada mediante un proceso constitucional de amparo, el cuál fue presentado ante la corte superior de Justicia de Apurímac con el expediente 1104-2019» continuó el abogado, quien afirma que el proceso aún va a continuar, debido a que estos juicios son muy largos.

«Ya terminó la diligencia, solo se ha levantado un acta donde afirma que el territorio está habitado por muchas familias, no somos una invasión como han pretendido mostrarnos», afirmó David Huillca, ex presidente de la comunidad, quién estuvo en coordinación y apoyo directo al presidente y toda la junta directiva.

El presidente de la comunidad, José Luis Yucra estuvo durante agosto presentándose en diferentes medios de comunicación, tratando que el caso se haga visible, ya que muchas veces los casos de comunidades campesinas no pasan las fronteras de la provincia, incluso del distrito. Por su parte, el abogado, afirmó que esta es solo una suspensión de diligencia de restitución a la parte demandante, la familia Cruz, quienes son ex hacendados, pero el proceso judicial continúa, ya que existe una sentencia contra Chuicuni.

Es preciso aclarar que este sector, Juan Velasco Alvarado, tiene 3 fronteras: la zona arqueológica Marcapuchungo, la empresa minera Las Bambas y con el distrito de Challhuahuacho (cruzando el río).

Según fuentes locales, existirían más comunidades que están sufriendo este tipo de amenazas de desalojo por parte de ex hacendados, y una de las causas sería el interés de negociar tierras con algunas empresas mineras presentes en la zona.

La versión de los denunciantes

En dialogo con nuestra web, la señora Ada Graciela Cruz Coll, representante de los propietarios de los terrenos en disputa, señaló que existe una desinformación por parte de las personas que ocupan sus tierras y que pretenden victimizarse. Denunció que en realidad de trata de algunas familias que fueron invasoras de los terrenos de su familia desde los años 80.

“Mis padres, Héctor Raúl Cruz de la Vega y Leonor Coll Cárdenas Ayala,  compraron esta propiedad de 153 hectáreas en el año 1950 al señor Jerónimo Encalada y su esposa. Esos terrenos no fueron afectados por la Reforma agraria de 1969. Mi familia usó estos terrenos para la sobrevivencia, agricultura y ganadería, como despensa de la familia”, señaló Cruz Coll.

Cruz Coll comentó que, en los años 80, 3 familias habían invadido parte de sus terrenos. Se trata de las familias Huillca, Ccoropuna, y Lima. Su padre denunció a Vicente Huillca, en el año 1988, como autor de la invasión. Hubo un juicio de 10 años con el sr Huillca. El juicio se llevó en Tambobamba, Abancay y Cusco.

El juicio terminó dándole la razón a Héctor Cruz, quien murió a los 83 años ya empobrecido y enfermo. La sentencia debía ejecutarse en el año 2000. Los hijos procedieron a ejecutar el desalojo de unas chozas precarias, pues las habría usado no como viviendas, sino para agricultura y pastizales.

A pesar de las advertencias del juez que vio la causa, los hermanos no accedieron a quemar todas las chozas para permitir que algunos ocupantes terminen de retirar sus cultivos. Sin embargo, en el 2009 nuevamente las mismas familias invadieron nuevamente los terrenos. Esta vez la familia había crecido.

“Esta vez no buscaban los pastos, su motivación era hacer negocios con la minera Las Bambas. Además, han construido una cantera de agregados en nuestros terrenos, con la que se han convertido en proveedores de la minera” señaló Cruz Coll.

La denunciante señala que las familias invasoras han logrado hacerse del control de la personería jurídica de la comunidad campesina de Chuicuni, que actualmente estaría dividida en 3 sectores. Las familias invasoras tienen la personería y ocupan el sector de Chuicuni bajo, que estaría ocupando el 70 % de los terrenos que serían de la familia Cruz.

En enero 2011, un juez en Tambobamba les dió la administración del terreno nuevamente a la familia Cruz. Sin embargo, denuncian que por radio los dirigentes de la comunidad ocupante señalaron que ellos habían sido confirmados como propietarios e invitaban a construir una nueva urbanización.

Tras el desalojo frustrado del 25 de agosto último, la señora Cruz Coll señaló finalmente que están a la espera que se cumpla el mandato judicial de desalojo de sus tierras, sin que se tenga que llegar al uso de la violencia.