Apurímac: defensores de DDHH cuestionan “sentencia irregular silenciadora»

En una conferencia de prensa realizada el 7 de agosto de 2024, 11 defensores y defensoras de derechos humanos y protectores del territorio de las provincias de Cotabambas y Grau se pronunciaron sobre la reciente sentencia emitida por el juez Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que los condenó a penas de entre 8 y 9 años de prisión efectiva. Además, se les impuso el pago de reparaciones civiles de manera «solidaria» por un total de 50 mil soles a favor del Estado y 88,600 soles a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.

Los defensores sentenciados, quienes enfrentan cargos relacionados con las protestas de 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, expresaron su total rechazo a la decisión judicial injusta que busca silenciarlos. Durante la conferencia, calificaron la sentencia de «irregular» y manifestaron su intención de apelar el fallo, argumentando que, durante el proceso, que se ha extendido por casi 9 años, no se han podido probar los hechos que se les imputan.

Entre los sentenciados se encuentra Jacinto Limaluca, ex dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Challhuahuacho, quien en la conferencia manifestó “Este proceso ha sido discriminatorio y selectivo, a los que provenimos del campo. La justicia no hace nada por nosotros, en el año 2015 hubieron 3 compañeros fallecidos y no hay justicia para ellos, en cambio para nosotros que hemos defendido nuestro ambiente, la vida y los derechos humanos nos han sentenciado”.

Del mismo modo, Maximiliano Huachaca, integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau aseveró: “Nosotros no somos criminales, no somos antimineros, no somos terroristas, así nos han tildado, nosotros  somos defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, la queremos sin contaminación”, refiriéndose así a su sentencia. 

Así mismo, los defensores sentenciados hicieron un llamado público a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que investigue el actuar del juez Flores Aguilar. Sostienen que la sentencia es desproporcionada y que podría tener como objetivo disuadir futuras protestas sociales en defensa del territorio, medio ambiente y los derechos humanos en la región.

A lo largo de la conferencia, los defensores compartieron cómo este prolongado proceso judicial ha impactado sus vidas personales y profesionales, denunciando haber sido objeto de estigmatización y acoso a través de medios de comunicación digitales, lo cual ha afectado no solo a ellos sino también a sus familias.

Lisbeth Abarca del distrito de Tambobamba, condenada a 9 años de prisión, declaró: “Mi delito fue ser representante de mi barrio Huancalle y defender mi pueblo. Han sido 9 años de tortura, maltrato psicológico y emocional, nos ha afectado en nuestro planes de vida, por defender al pueblo”. De la misma manera, Juan Pablo Conishlla, también sentenciado a 8 años con 8 meses, dirigiéndose a la prensa mencionó que: “a nosotros nos miran como asesinos, como ladrones, nosotros somos de las comunidades campesinas, somos defensores de nuestro territorio”, refiriéndose así a lo vertido a los diferentes medios de comunicación locales. 

Tras la conferencia, se realizó un plantón frente al Poder Judicial de Abancay, en el que participaron defensores y defensoras ambientales, así como organizaciones de la sociedad civil que expresaron su solidaridad con los defensores. Durante el plantón, se corearon consignas en defensa de los derechos humanos y del territorio, denunciando lo que consideran una criminalización de la protesta social y una injusticia hacia aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Virginia Pinares Ochoa, conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos (2022), manifestó ante medios de comunicación “Me han sentenciado a 8 años con 10 meses por expresar mi preocupación por el tema ambiental, la mayoría de los que vivimos ahí, vivimos de la agricultura y la ganadería con eso comemos, nos vestimos y educamos a nuestros hijos” Además, afirmó: “en el pueblo hay esa preocupación pero nadie dice nada por miedo”

A pesar de la adversidad, los defensores y defensoras de derechos humanos condenados reafirmaron su compromiso con la causa. Declararon que continuarán la protección de sus territorios y con la lucha que intenta silenciarlos, enfatizando que el caso ha trascendido el ámbito meramente jurídico para convertirse en una batalla por la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos en el Perú.