EDITORIAL – LAS COMUNIDADES DE ESPINAR Y EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA – (BOLETÍN AMP N° 245, NOVIEMBRE 2019)

Foto: Vidal Merma

Como informamos oportunamente, el pasado 12 de noviembre, trece comunidades campesinas de Espinar iniciaron un paro indefinido en la provincia en contra del proyecto minero Integración Coroccohuayco – ampliación del proyecto Antapaccay de la empresa suiza Glencore. Las comunidades demandaban que la consulta tenía que haber sido implementada. El paro se levantó dos días después, luego de que las comunidades recibieran una carta del primer ministro en la que se comprometía a visitar Espinar para atender esta preocupación.

La visita del presidente del Consejo de Ministros se realizó el 18 de noviembre y con presencia de varias autoridades y los representantes de las 13 comunidades se firmó un acta en la que se acordó que: el Ministerio de Energía y Minas entregaría “el informe técnico legal que explica las razones por las que se adoptaron las decisiones sobre la consulta previa en el plan de minado del proyecto Antapacay-expansión Tintaya”; se conforme un grupo de trabajo para diseñar la implementación de un Fondo de Emergencia Social, liderado por el Gobernador Regional y; se conforme “una comisión multisectorial para evaluar daños de existir en las zonas indicadas por las 13 comunidades, como resultado de ello se evaluará el Plan de reparaciones”. En relación a la demanda de consulta, se señala que “de acuerdo al anuncio del Ministerio de Energía y Minas se implementará la Consulta Previa para el Proyecto de Expansión Corocohuayco, en un plazo de 30 días. Para lo cual MINEM implementará la normatividad correspondiente”.

Cabe precisar que la necesidad de realizar el proceso de consulta previa antes de la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco resulta particularmente importante, dado que su ejecución podría generar graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades de esa zona. Los planes de Glencore para este proyecto (descritos en la MEIA) contemplan la adquisición de numerosas tierras comunales e implicarían la pérdida de infraestructura de uso colectivo. Al evaluar esta propuesta, el SENACE ha observado que el plan de adquisición de tierras implicaría en la práctica el desplazamiento físico, económico y cultural de las comunidades de la zona de Coroccohuayco, y que para ello requeriría elaborar un plan de reasentamiento. La empresa no ha aceptado este requerimiento y SENACE no se ha vuelto a pronunciar formalmente sobre esta omisión, quedando la incertidumbre sobre cómo se va a abordar este problema.

Debemos recordar que los reasentamientos, por sus graves impactos en la vida de las poblaciones o comunidades requieren, no solo de consulta, sino también de consentimiento. Por lo tanto, consideramos que el  gobierno tiene la gran oportunidad de cambiar un comportamiento excluyente; puede hacer que se  visibilice los impactos en los derechos colectivos y de que en el EIA se adopten las medidas necesarias para evitar daños y riesgos sobre las condiciones de existencia de esas comunidades. La consulta de esta modificatoria del EIA puede ser la gran oportunidad para que los propios pueblos indígenas hagan respectar sus derechos.

Foto: Vidal Merma