EDITORIAL – Tía María otra vez en el ojo de la tormenta (Boletín AMP #240, JUNIO 2019)

Los conflictos sociales vinculados a la minería no son iguales. Por ejemplo, mientras que Las Bambas es un típico conflicto de coexistencia -allí las comunidades no se oponen a la minería, la aceptan pero buscan que la empresa los respete y el Estado los proteja-, el caso del proyecto minero Tía María es un típico conflicto de resistencia o rechazo a la minería.

Dicho esto, lo cierto es que en la última década Tía María ha estado en más de una ocasión en el ojo de la tormenta de la conflictividad social en el país. Por lo menos han sido dos capítulos previos de extrema tensión que se vivió en la zona del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay y todo indica que estaríamos entrando a un tercer momento.

El primer capítulo se remonta al período 2009-2011. El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Deán Valdivia y una abrumadora mayoría de la población se pronunció en contra del proyecto minero. Por otro lado, una de las principales controversias giró en torno a la consistencia del EIA que había presentado la empresa SPCC. Fue en ese contexto que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por encargo del ministro de Energía y Minas de entonces, revisó el EIA de Tía María y sus conclusiones fueron contundentes: 136 observaciones que destrozaron el EIA presentado por la empresa. Luego del informe de UNOPS, el EIA de Tía María tuvo que ser tirado al tacho. De esa manera se cerró el primer capítulo de Tía María.

Luego de dos años, la empresa minera decidió intentarlo de nuevo e implementó una nueva estrategia en dos frentes: uno orientado a obtener algún tipo de respaldo en la población y el otro, elaborando una nueva versión del EIA del proyecto, implementando algunos cambios. De esa manera se abrió el segundo capítulo de Tía María.

Imagen: Público

Pese a todos estos intentos, los hechos siguieron mostrando que el rechazo al proyecto se mantenía. En relación al EIA, se presentó una nueva versión: el nuevo estudio planteaba cambios, como la propuesta de desalinizar agua de mar; sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto. Además, los agricultores veían a Tía María como el inicio de un proceso de reconversión de la provincia de Islay en una nueva zona de expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya contaban con derechos mineros vigentes en la zona.

En medio de mucha tensión social, disputas y enfrentamientos, el 1 de agosto de 2014, el EIA de Tía María fue aprobado, bajo una nueva legislación que había flexibilizado y sobre todo acelerado los procesos de aprobación de la certificación ambiental. Sin embargo, para los que tenían alguna duda sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la aprobación del EIA (a finales del año 2014) se realizaron elecciones municipales que arrojaron resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero. Para entonces el conflicto de Tía María ya había provocado el lamentable saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes criminalizados.

Habiendo hecho el recuento, lo cierto es que Tía María es uno de los conflictos más previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por los antecedentes y los reiterados episodios. Con este nuevo intento serían tres los capítulos y tres los gobiernos que han estado involucrados en el conflicto, implementando casi las mismas recetas: mesas de diálogo o de desarrollo y la estrategia de contrarrestar los cuestionamientos al proyecto con ofrecimientos de proyectos de inversión.

Imagen: Panoramical

Quizás uno de los principales problemas de todos los intentos de diálogo en torno a Tía María es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para los promotores del proyecto, debe ir sí o sí y que no hay vuelta atrás. Por otro lado, frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes y autoridades de la zona también han expresado en todos estos años -y todo indica que lo siguen haciendo- una posición irreductible: el proyecto no va y pretenden que las autoridades de turno y la empresa den marcha atrás.

La sensación que deja este posible tercer capítulo de Tía María es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre. Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas; fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.

Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción, una empresa seria en pleno siglo XXI, debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que pretenda imponerlo a la fuerza.