Presentan acciones legales contra proyecto minero que amenaza el agua de Lima

En una conferencia de prensa realizada esta mañana se expuso las medidas legales que se han presentado para detener el proyecto minero Ariana, que amenaza las fuentes del agua que abastecen a más de diez millones de ciudadanos de Lima y Callao.

Imagen: CooperAcción

Ante la amenaza del proyecto minero, las congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio de la bancada de Nuevo Perú, así como el economista José de Echave, subdirector de CooperAcción, presentaron una medida cautelar el pasado 25 de abril para frenar la construcción del mencionado proyecto. Esta acción, complementaria a una acción de amparo presentada días atrás, cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal. La medida cautelar fue presentada al Juzgado de Derecho Constitucional de Lima, en contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana, ubicada en Junín.

En la conferencia de prensa la congresista Marisa Glave destacó que desde su despacho han seguido con preocupación este tema y han hecho varias visitas de inspección a la zona. “La aprobación del EIA por parte del Ministerio de Energía y Minas no ha contemplado las preocupaciones razonables de instituciones como de SEDAPAL y ENEL” dijo Glave.

Por su parte la congresista Katia Gilvonio señaló que también su despacho sigue con atención el tema. “La zona es altamente sísmica, habría filtración de aguas ácidas a un túnel transandino que trasvasa el agua de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac y el Santa Eulalia que dan agua para 10 millones de peruanos”, puntualizó.

Asimismo la abogada Ana Leyva, directora de CooperAcción señaló que “no hay un estudio hidrogeológico, no hay el detalle en el EIA, los que se necesitan para demostrar esta relación entre el agua subterránea y el agua superficial. Esto pone en riesgo la disponibilidad el agua para Lima y Callao.” También remarcó que este caso es un ejemplo de la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y la debilidad del sistema de evaluación del sistema ambiental. “Hay zonas de que no deben tener minería, este es uno de los ecosistemas que son proveedores de agua, como una cabecera de cuenca”, denunció Leyva.

Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL destacó que “en la demanda de amparo se prueba que hay afectación de derechos de rango constitucional, pues es el derecho fundamental al agua potable en 3 niveles: el derecho al acceso, a la suficiencia y la calidad del agua”.

Cabe destacar que en la sustentación de la medida cautelar se señala que existe un túnel, de donde proviene el 80% del agua que abastece a Lima, a través de un trasvase del río Mantaro hacia el río Rímac. Asimismo, existe una alta probabilidad de contaminación por la filtración de los relaves, provocados por la ejecución de este proyecto, hacía las lagunas que traen el agua a Lima.

Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental no ha evaluado todos los daños que se ocasionarían. A esto se suma los malos antecedentes de una de las empresas accionista de Ariana, Southern Peaks, ya que en la mina Quiruvilca en La Libertad, dejó altos niveles de contaminación en las aguas.

13 de mayo de 2019