Noticias – (Boletín AMP #238, Abril 2019)

Se está privatizando la función policial. Así concluyó el informe titulado «Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú», elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización estadounidense Earth Rights Internacional (ERI). Este documento es la base para la denuncia que estas organizaciones han presentado el pasado lunes 8 de abril, para que se declare la inconstitucionalidad de los convenios firmados entre compañías mineras o petroleras y la Policía.
«Las normas que permiten estos convenios deben ser declaradas inconstitucionales. Se están violando derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que defienden su territorio», dijo en conferencia de prensa, Juliana Bravo, directora de ERI.
Bravo agregó que estos convenios son parte de lo que consideran «andamiaje institucional para la criminalización de la protesta».

Imagen: GRUFIDES

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, explicó que, en base al estudio de 138 convenios, concluyeron que estos convierten a los funcionarios públicos (policías) en seguridad privada de empresas. Además, señaló que las declaratorias de estados de emergencia, como en el caso del Corredor Minero del Sur, donde se desarrolla el conflicto Las Bambas, están siendo usados de manera indiscriminada.»Se están usando estados de emergencia «preventivos». Se suspenden derechos como la libertad de reunión sin acreditar grave afectación al orden de interno que lo justifique», dijo.
El abogado de IDL también criticó las modificaciones al Código Penal que se hicieron durante el gobierno del aprista Alan García, que cambió la tipificación del delito de extorsión para que se aplique en caso de protestas sociales.
«Tomar carreteras o locales públicos constituye delito de extorsión. Por ejemplo, si un grupo de padres de familia decide tomar el local de un colegio para que se mejore su infraestructura, estaría cometiendo ese delito y podrían ir a la cárcel por tres años», afirmó.
«No se diferencian medidas legítimas de fuerza de actos vandálicos que deben ser sancionados. Estas medidas promueven la criminalización de la protesta», agregó.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada contra la Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN. El informe en el que se sustenta esta denuncia concluye que los convenios entre la Policía y las empresas extractivas perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en la zona de influencia de los proyectos. Esto, sostiene, devela una falta de adecuación de las normas internas a las obligaciones que el Estado peruano asumió con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).