EDITORIAL – LA MINERÍA ILEGAL Y LA VIOLENCIA (Boletín AMP #235, Enero 2019)

La minería ilegal, que continúa expandiéndose en gran parte del país, no solamente genera enormes pasivos ambientales y tremendos daños a la naturaleza. Lamentablemente esta actividad también viene provocando violencia y muerte donde se implanta.

El último episodio ha sido el asesinato, el pasado 19 de enero, del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián, Wilbelder Angel Vegas Torres, ocurrido en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca en Piura. Como se sabe, Suyo es el principal asentamiento de minería informal/ilegal en Piura.

Wilbelder Angel Vegas Torres era del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián. Foto : Cutivalú

Vegas Torres, ingeniero de profesión, se trasladaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 1102, en las inmediaciones donde se ubica el cementerio de la localidad, donde fue acribillado por sicarios. Todo indica que el asesinato está vinculado a las disputas entre grupos de mineros, los pobladores de la comunidad y otros intereses que disputan el control de tierras y también los derechos mineros. Vegas Torres había pedido garantías para su vida y según algunas informaciones no solo encabezaba el frente de defensa de su comunidad, sino que también estaba registrado como minero artesanal y había conformado una cooperativa para la explotación minera artesanal.

Lo que se espera es que se investigue este crimen y se sancione a los culpables. Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito de Ayabaca: como lo ha recordado Radio Cutivalú de Piura, en los últimos años el conflicto con los mineros ilegales instalados en Suyo ha cobrado la vida de más de diez personas. Por ejemplo, en el año 2010, el fiscal de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo también fue asesinado por sicarios y hasta el momento este hecho ha quedado impune.

Lo que ocurre en Suyo se reproduce lamentablemente en otras zonas del país. Por ejemplo, Madre de Dios no es solo una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal que genera graves impactos ambientales, sino que una de sus provincias,  Tambopata, -epicentro de la minería ilegal en ese departamento-, es la que registra el mayor índice de homicidios a nivel nacional (29.5 por cada 100 mil habitantes), según información del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En la provincia de Tambopata se ubica La Pampa, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del mismo nombre, en el kilómetro 105 de la Interoceánica, carretera que, desde su inauguración, es totalmente controlada por diversas mafias: comerciantes de combustible, mercurio, explosivos, maquinarias y equipamientos diversos; servicios de todo tipo, entre los que, lamentablemente, destaca el tráfico de personas, explotación sexual, prostíbulos disfrazados de bares, cantinas y discotecas, entre otras actividades ilícitas.

Otra zona que también viene siendo presionada por la minería ilegal es la Cordillera del Cóndor, de manera más precisa en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui en Amazonas.  Reportes recientes dan cuenta de enfrentamientos entre poblaciones indígenas que se oponen a la actividad minera que presiona por implantarse en la zona y los promotores de esta actividad. Como consecuencia de estos enfrentamientos se han reportado heridos y una persona desaparecida en el sector El Tambo.

Lo cierto es que en esta zona, frontera con Ecuador, también se vienen implantando mafias que controlan un conjunto de actividades ilícitas: trata de personas, tráfico de materiales, de divisas, etc.; todo ello en medio de enfrentamientos entre pobladores que están a favor y en contra de esta actividad e incluso entre peruanos y ciudadanos ecuatorianos que pretenden desarrollar esta actividad en ambos lados de la frontera. Los procesos de interdicción no están funcionando.

En los disrtitos de Suyo y Sapilliqa en Aayabaca así como la zona de
Tambogrande se ha expandido la minería ilegal. Foto : Correo

La realidad muestra que un conjunto de actividades ilegales (minería, tala indiscriminada de diferentes especies de madera, narcotráfico y las mafias de traficantes de tierras) vienen avanzando e imponiéndose de manera violenta frente a la inacción e indiferencia de nuestras autoridades. Estas actividades ilícitas han crecido y controlan cada vez un mayor porcentaje de territorios en varias regiones del país.

Los defensores ambientales, las comunidades y los pueblos indígenas son aliados para enfrentarlas. Si no se reacciona a tiempo, el riesgo es enorme; la primera tarea es que todos estos crímenes sean esclarecidos y que los culpables sean drásticamente sancionados.