Morococha inicia expansión al borde del conflicto – (Boletín AMP # 228 – Junio 2018)

A inicios de mes, en una conferencia de prensa donde apareció flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el presidente Martín Vizcarra anunció la expansión del proyecto minero Toromocho. Con el anuncio de una inversión de US$ 1300 millones y en el marco de la celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de este megaproyecto minero. El mandatario subrayó la importancia de este proyecto, que elevará en 50,000 toneladas métricas la producción diaria de cobre.

Este anuncio no estuvo exento de conflicto. Días antes, cientos de ciudadanos de Morococha se movilizaron ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, para rechazar la expropiación de 34 hectáreas a favor del proyecto minero. El conflicto se originó pues la ampliación de la mina implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en la antigua Morococha y demandan negociar con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias. Las organizaciones sociales de Morococha habían anunciado un paro indefinido a partir del 7 de junio.

Finalmente se logró un acuerdo y se levantó la convocatoria a la medida de protesta. Según el acuerdo alzando, el Fondo Social Toromocho permitirá la adquisición de un terreno con una dimensión máxima de 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de “proyectos productivos”. Adicionalmente, Chinalco Perú se comprometió a elaborar el estudio técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS) y el Ministerio de Energía y Minas se encargará de las coordinaciones para la valorización de la infraestructura pública no considerada dentro del Estudio de Impacto Ambiental.

Lo que preocupa en este caso es cómo se implementan procesos de traslado forzoso de poblaciones sin prever alternativas de desarrollo sostenible. En el caso de Nueva Morococha, los ciudadanos señalan que no existe una dinámica económica en la zona, debido a que la población en la antigua ciudad de Morococha había establecido sus dinámicas alrededor del comercio y los servicios muchas veces ligados a la propia actividad minera. Por ello Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, explicó que con el reasentamiento en Nueva Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando.

27/06/2018