EDITORIAL: ¿QUÉ NOS DICE EL ÚLTIMO REPORTE DE CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA? (Boletín AMP # 228 – Junio 2018)

Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo nos han venido mostrando un incremento sostenido de la conflictividad social. Entre diciembre 2017 y mayo 2018, los conflictos han pasado de 169 a 198 (el nivel más alto de los últimos doce meses).

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por ejemplo, el conflicto de los paperos a inicios de este año-, el incremento sostenido no es muy notorio ni explosivo, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las estadísticas indican que algo está pasando en diferentes zonas del país y en diversos sectores gremiales.

La tendencia creciente en el número de conflictos coincide con el registro de acciones colectivas de protesta,aunque este tipo de manifestaciones se han dado sobre todo entre febrero y mayo: de 35 a 202 acciones de protesta, el pico más alto de los últimos 10 meses, que incluso supera los niveles alcanzados en julio del año pasado. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el mes de julio del año pasado las acciones de protesta alcanzaron un pico en plena huelga de maestros, profesionales de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

En lo que va del año, el registro de las actuales acciones de protesta muestra una amplia gama de situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga y otras regiones; damnificados del norte del país; productores de papa; trabajadores azucareros; pescadores artesanales; comunidades indígenas del Datem del Marañón, huelgas de trabajadores de algunas industrias, maestros y un largo etc.

Fuente: Defensoría del Pueblo

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor número de conflictos? Como ha venidoocurriendo en los últimos tiempos Ancash es la región que concentra el mayor número de conflictos: 28 conflictos que representan el 14.1% del total nacional. Le siguen  Puno con 19 conflictos y una participación del 9.6%; Apurímac y Cusco con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1% del total. Cierra este grupo -que encabeza el pelotón Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En todas estas regiones predominan los conflictos activos.

En todas las regiones, destacan nítidamente los conflictos socioambientales, sobre otros temas (como los casos de conflicto vinculados al gobierno nacional, los gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de demarcación territorial, entre otros). Esto se expresa en las cifras globales: el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales y de estos el 65.6% son casos vinculados a la minería: conflictos sobre todo con empresas de la gran minería por problemas de contaminación, demandas económicas, incumplimientos de actas, modificaciones de proyectos, tránsito pesado, etc. En varias regiones también se registran conflictos por la presencia creciente de actividades de minería informal o abiertamente ilegal.

En lo que va del año, el número de personas heridas por conflictos sociales suma 54 y 3 personas fallecidas.

Fuente: Defensoría del Pueblo

¿Cuál puede ser la tendencia en los próximos meses?

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que los casos de conflictos activos superan largamente a los casos latentes, lo que de por sí representa una carga pesada que debería ser tomada en cuenta por el gobierno y sobre todo por el nuevo viceministro Raúl Molina. Además, sólo el 56.91% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo.

En la medida que la gran mayoría de conflictos  sobre todo los socioambientales-, se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional (66.5%), su evolución dependerá mucho de la estrategia que se defina en la Presidencia del Consejo de Ministros. Las primeras decisiones tomadas sobre algunos casos emblemáticos como el de Las Bambas- causaron preocupación, pues el nuevo equipo de gobierno volvió a prorrogar por sesenta días el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, medida que había sido dictada en enero por el gobierno de Kuczynski. Finalmente, en junio la medida no fue prorrogada y en la actualidad ya no se encuentra vigente.

Fuente: Defensoría del Pueblo

Fuente: Defensoría del Pueblo

El tantas veces mencionado corredor vial que estuvo en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, lo que representa una población de más de 50 mil habitantes. Con las sucesivas ampliaciones del estado de emergencia -desde agosto del año pasado- habían localidades de Cusco y Apurímac que cumplieron casi un año bajo esta situación supuestamente excepcional, con varios derechos ciudadanos restringidos (por ejemplo al libre tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad y seguridad personales, así como a la libertad de reunión), pese a que durante todo este tiempo no se registraron nuevas protestas.

Desde CooperAcción hemos insistido en todo este tiempo que la declaración de estados de emergencia era una clara muestra de la incapacidad del Estado para revertir la conflictividad social por vías alternativas, fortaleciendo la institucionalidad y el diálogo.Se espera que la decisión de no prorrogar nuevamente el estado de emergencia se mantenga y sea un mensaje al país y sobre todo a las zonas con presencia minera, que se está buscando hacer las cosas de manera distinta. En el caso del sur andino, nada justificaba las ampliaciones del estado de emergencia.

27 de Junio de 2018