Noticias – ¿PRORROGARÁN OTRA VEZ EL ESTADO DE EMERGENCIA? (Boletín AMP # 227 – Mayo 2018)

¿PRORROGARÁN OTRA VEZ EL ESTADO DE EMERGENCIA?

En junio vencen los 60 días de prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa. Ante ello, diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos vienen pidiendo no renovar esta medida que restringe los derechos de unos 50 mil ciudadanos. En la zona no existe actualmente ninguna situación de convulsión social ni de emergencia, por lo que la medida de excepción no se ajusta a lo establecido por la Constitución.

FOTO (Unas 50 mil personas viven en la zona declarada“en emergencia”, según análisis territorial de CooperAcción)

En mayo, la presidenta del Consejo Regional de Apurímac, Evelin Cavero, presentó una demanda de acción popular contralaprórroga del estado de emergencia, establecida mediante Decreto Supremo N°37-2018 PCM. La demanda señala que esta medida viola el artículo 137 de la Constitución, que establece el carácter excepcional y extraordinario de los estados de emergencia. Además, solicita que el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se abstengan de declarar estados de emergencia en los lugares donde no hay una grave afectación al orden público. Cabe indicar que el Poder Judicial declaró en enero improcedente una demanda de hábeas corpus contra la prórroga del estado de emergencia en Apurímac y Cusco, establecida mediante el Decreto Supremo 101-2017-PCM. Tras ello, aún se espera que el Tribunal Constitucional revise un Recurso de Agravio Constitucional al respecto. Un análisis territorial de la medida, realizado por CooperAcción, muestra que el estado de emergencia afecta actualmente a 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado, dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas). A partir de lo señalado, podemos concluir que más de 50 000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, tienen suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, por una política gubernamental que, a todas luces, como han señalado diversas instituciones pro derechos humanos, es inconstitucional, pues su declaración no cumplen con los requisitos establecidos para su aplicación en nuestra carta Magna. Frente a ello, demandamos que el actua gobierno no renueve esta ilegal medida en junio. Este sería un gesto que evidenciaría una verdadera voluntad de abordar los conflictos de otra manera, mediante el diálogo y en un marco de respeto a los derechos humanos.