Vía crucis por defender el ambiente

(Foto: Andina)

En julio del año pasado fueron absueltos Óscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, y Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de dicha provincia cusqueña, en el proceso judicial que se les abrió tras las protestas ambientales de 2012. Pero esta semana, en una más de las contramarchas que vuelven imprevisible a nuestro sistema judicial y que generan preocupación por el uso político que se le pudiera estar dando a la justicia, la segunda instancia ha vuelto todo el proceso a fojas cero. Es decir, este juicio que lleva ya seis años volverá a empezar nuevamente, extendiendo aún por más tiempo el vía crucis que sufren los defensores ambientales de Espinar.

“En este momento lo que sentimos es indignación y preocupación de una arremetida más que va consolidando una persecución jurídica por el Poder Judicial”, ha dicho el ex alcalde y protagonista de esta lucha social. “Nosotros no hemos cometido ningún delito, pese a ello hemos sido encarcelados y procesados. Y mientras tanto la contaminación minera sigue, los abusos a los derechos humanos, ambientales, comunales, a los derechos sobre el territorio y el agua, siguen con más fuerza”, ha señalado.

Recordemos que, tras el paro de 2012 en contra de la contaminación por metales tóxicos que sufre Espinar, Mollohuanca fue violentamente intervenido mientras se encontraba en sus oficinas en la municipalidad provincial y fue recluido bajo la figura de prisión preventiva. Otros líderes y defensores de derechos humanos también fueron detenidos, algunos de ellos incluso dentro de las instalaciones de la empresa minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay). Alegando “falta de garantías”, el Poder Judicial decidió trasladar el proceso hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se mantiene hasta hoy pese a que las protestas acabaron y la zona se ha mantenido en calma. Ello ha significado elevados costos económicos y personales para los acusados, como parte de una estrategia de judicialización de la protesta que ha buscado obstaculizar la defensa de los activistas ambientales y de los líderes de las comunidades.

Cabe recordar que durante las protestas, tres manifestantes murieron por la represión policial con arma de fuego. Este caso ha quedado en la más absoluta impunidad.

Pese a que en la primera instancia quedó claro que no existe ninguna prueba de que Mollohuanca, Huamán y Huamaní hubieran “azuzado” a acciones violentas tal y como acusa la Fiscalía, este proceso se sigue alargando y se siguen prolongando así los costos personales para quienes alzaron su voz de protesta ante un caso emblemático de contaminación.

No podemos olvidar que, luego de las protestas, el Estado se vio obligado a impulsar un estudio ambiental integral, liderado por el Ministerio del Ambiente, el mismo que demostró una vez más la información que el propio Estado ya tiene desde por lo menos el 2010: que en Espinar existe grave contaminación de agua y suelos asociada a las zonas de actividad minera, contaminación que ya viene afectando la salud de las personas. Frente a esto, que constituye la causa de fondo de la protestas, no hay aún acciones adecuadas para responder a la gravedad de la situación, ni en el campo de la salud ni en el campo de la remediación ambiental.

Espinar: un caso emblemático de contaminación con metales tóxicos en zonas de actividad minera

Y mientras tanto, continúa el estado de emergencia que se decretó en todo el corredor minero en enero de este año, restringiendo los derechos ciudadanos de las personas que viven en torno a las operaciones de Glencore Antapaccay. En ese contexto, organizaciones de derechos humanos de Cusco denunciaron hace poco acciones violentas por parte de agentes de seguridad contra la población de la comunidad de Alto Huarca en un conflicto por el uso de tierras con la empresa minera.

Judicialización de la protesta, impunidad para los responsables de represión violenta, ausencia de diálogo y de solución de las demandas de la población, y suspensión de derechos ciudadanos: este parece ser el patrón actual para afrontar los conflictos socioambientales. Expresamos nuestra solidaridad con los defensores de Espinar que sufren esta injusta situación y hacemos un llamado de atención al Gobierno a fin de que entienda que se necesita una estrategia de abordaje de los conflictos que esté centrada en garantizar los derechos de las personas.

11 de mayo de 2018