¿EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO BIEN SU TAREA?

  • A propósito de las últimas medidas aprobadas para enfrentar la desaceleración de la economía

La desaceleración de la economía peruana durante el 2014 ha producido dos tipos de respuestas o paquetes legislativos por parte del gobierno central. Primero, para tratar de combatir esta caída en el corto plazo se ha tratado de impulsar la demanda a través de la inyección de dinero con aguinaldos excepcionales, pago de la deuda social que tiene el Estado, bonos como el de S/. 100 nuevos soles para los beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65, mantenimiento de locales escolares, entre otros (ver tabla siguiente).

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Estas medidas se han impulsado a través de la Ley No 30191 para la prevención de desastres naturales y los Decretos de Urgencia 001-2014, 002-2014 y el recientemente aprobado D.U. 004-2014. Sumando todas estas medidas, el Estado ha inyectado (o “inyectará”) 7,011 millones de nuevos soles que representa 1.2% del PBI aproximadamente.

Segundo, para apuntalar el crecimiento en el mediano plazo el gobierno ha lanzado una serie de medidas para promover la oferta productiva. La estrategia utilizada ha sido principalmente la simplificación de procedimientos y permisos y medidas tributarias. De éstas, la más famosa ha sido el “paquetazo ambiental” o Ley 30230 aprobada el pasado mes de julio. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso el 5 de noviembre el proyecto de ley 3941-2014-PE, que plantea nuevas simplificaciones en materia de trámites de evaluación y fiscalización ambiental.

¿Qué explica este comportamiento del gobierno? A principios de año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2015-2017, proyectó que la economía peruana crecería este año con una tasa de 5.7%. Más adelante, en la versión revisada del MMM de agosto, la proyección bajó a 4.2% y actualmente diversos estimados señalan que apenas creceremos este año entre 2.5% y 3%. Más allá de las explicaciones que se dan sobre la desaceleración de la economía, es notorio que ha habido una falta de previsión respecto a la evolución de determinados sectores económicos y una subestimación de los factores que explican el freno de la actividad económica del país. Por ejemplo, a comienzos de año el MEF había estimado que el sector de minería e hidrocarburos crecería 6,2% durante el 2014. Luego ajustó, su proyección en agosto a 3.5% y en este nuevo estimado el sector sólo crecería 1.3% según el MEF. De hecho no se valoró adecuadamente el impacto del contexto internacional y se pensó, por ejemplo, que la minería crecería a tasas elevadas como sucedió en los dos primeros meses del año (ver gráfico).

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Ahora la receta con la que el gobierno abandona este automatismo parece ser la inyección de dinero a través de gasto corriente: aguinaldos a funcionarios públicos, bonos excepcionales y pequeñas obras de mantenimiento. Lo cierto es que en el corto plazo se intenta a como dé lugar revertir la caída del PBI: en lo que va del año la economía peruana ha decrecido y ya van dos trimestres con crecimiento negativo, lo que técnicamente significa que estamos en recesión pese a que nuestras autoridades no lo quieren reconocer.

Esta última inyección de dinero a través del D.U 004-2014, aprobada el 6 de noviembre, tendría el objetivo que la economía comience a salir del estancamiento. Este nuevo decreto de urgencia propone un mayor gasto público en 963 millones de nuevos soles y autoriza la modificación de varios pliegos presupuestarios en ministerios y agencias del Estado, en este último caso orientado hacia el gasto social y la construcción de pequeñas obras. Estos 963 millones de nuevos soles se destinarán a cuatro rubros centrales: un aguinaldo excepcional en diciembre de 300 nuevos soles a servidores públicos (aunque se exceptúan a trabajadores de gobiernos locales e instituciones estatales que recauden directamente sus recursos); un bono excepcional de S/.100, también en diciembre, para los beneficiarios de Juntos y Pensión 65; un adelanto del pago de la deuda social del D.U. 037-94 que beneficia principalmente a trabajadores del sector educación y salud, y 198 millones de nuevos soles dirigidos al MIDIS para obras de infraestructura sanitaria en instituciones educativas y al Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados (FED) (ver cuadro siguiente).

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Los S/. 963 millones, que sólo representan el 0.2% del PBI, recién tendrían un efecto en la economía durante el primer trimestre del 2015. Con esto el gobierno trataría de empujar ligeramente el PBI hacia arriba desde el inicio del próximo año y así ayudar a construir una sensación de reactivación económica. Está claro que se pretende evitar a toda costa que se repitan los resultados económicos del presente año.

Esta política de inyecciones de gasto corriente a corto plazo duraría mientras se inicia la construcción de los próximos mega-proyectos, los cuales harían repuntar nuevamente al PBI peruano. Los principales proyectos son la construcción de la línea 2 del metro de Lima, la refinería de Talara, el gaseoducto sur-andino, el aeropuerto de Chincheros, así como la puesta en producción de proyectos mineros de gran envergadura como son la ampliación de Toromocho, Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, Constancia, entre otros, durante el 2015 y 2016.

Para el economista Oscar Dancourt -ex presidente del Banco Central de Reserva-, la actual situación de la economía peruana se explica sobre todo por un contexto externo que ha cambiado y porque la respuesta de política macroeconómica ha sido errónea. “En vez de estar discutiendo cambios en el código tributario, laboral, o ambiental, que son a mediano plazo, el Banco Central debe bajar la tasa de interés de referencia y se debe realizar un aumento significativo de la inversión pública”.

Las medidas que ha aplicado el gobierno, dirigidas a fortalecer la oferta, presentan varias incongruencias. Primero, no son medidas que van a tener un impacto sustantivo en lo inmediato; segundo, las medidas que se viene aplicando desde el año pasado vulneran reiteradamente los derechos ambientales y sociales de las poblaciones; y tercero, no contemplan las diversas áreas en la cuales el Perú debe mejorar significativamente su competitividad. De hecho, el FMI señaló este año que el Perú había retrocedido por el contexto internacional y por su déficit de infraestructura. Igualmente, en el último ranking Doing Business del Banco Mundial, el Perú se ubicó en el puesto 35 entre 189 países (segundo a nivel de América Latina), es decir, dentro de los países más atractivos del mundo para hacer negocios. Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son las reformas que realmente necesita el país? Y finalmente ¿el gobierno está cumpliendo bien su tarea para combatir la desaceleración de la economía?

Escrito: Nov 10, 2014 Actualizado: Nov 10, 2014

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