EDITORIAL: EL CONGRESO Y EL DICTAMEN SOBRE LAS CONCESIONES MINERAS

El dictamen aprobado el pasado 17 de marzo en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificar el régimen de concesiones mineras, ha provocado reacciones desde diferentes frentes.

Desde CooperAcción consideramos que este Congreso de la República y el propio Ejecutivo, no tienen ningún tipo de legitimidad para plantear cualquier reforma importante en el actual contexto. Los hechos demuestran que comisiones congresales y diversas instancias del Ejecutivo se han convertido en espacios donde grupos de interés de toda índole buscan influir en proyectos y leyes para su propio beneficio. El caso de la Comisión de Energía y Minas del Congreso es un buen ejemplo de este juego perverso.

En el caso de las concesiones, si no hacemos el esfuerzo de salir de las posiciones maximalistas que plantean los diferentes grupos de interés vinculados a la minería (por un lado, los sectores que buscan representar a los informales y los abiertamente ilegales y por otro, las grandes empresas mineras), no vamos a avanzar y, mientras tanto, se seguirán beneficiando las mafias que buscan controlar de manera violenta la actividad. El reto sigue siendo generar un debate serio sobre este tema en el país.

La propuesta de la Comisión de Energía y Minas plantea cambios en la Ley General de Minería, reduciendo de 30 a 15 años el tiempo requerido para la caducidad de una concesión minera considerada ociosa. Además, se plantean mayores exigencias de producción, inversión y de pago de derechos mineros de vigencia.

La respuesta de la Sociedad Nacional de Minería y algunos consultores y medios afines al gremio empresarial no se ha hecho esperar y ha sido de crítica abierta al dictamen. Se ha dicho que, de aprobarse, se está poniendo en riesgo la inversión minera; que el dictamen va a matar a la minería formal; que es una suerte de expropiación encubierta y que las concesiones van a ser invadidas por los ilegales; entre otras afirmaciones. En realidad, desde hace bastante tiempo, cada vez que se plantea algún cambio a las reglas de juego que rigen a la minería ―que no provenga del sector empresarial minero― se anuncian estos escenarios catastrofistas.

Nuestra crítica al dictamen va por otro lado. Consideramos que la propuesta de la Comisión de Energía y Minas no se enfoca en un tema fundamental que, insistimos, debe ser evaluado de manera más seria posible. En la actualidad, en el Perú hay una clara concentración de las concesiones mineras: el 1% de los titulares mineros controla el 50.11% del territorio concesionado. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una distribución desigual de los derechos mineros y claramente es el sector de la gran y mediana minería el que concentra el mayor porcentaje del territorio concesionado.  

El otro tema que se debería discutir es si existen o no concesiones “ociosas”. En relación a este punto, el propio Minem brinda la información que se resume en sus boletines de la siguiente manera: las unidades que se encuentran en producción y en exploración minera suman 1 944 631 hectáreas. Si se agregan las concesiones que ocupan las plantas de beneficio, las de cateo y prospección, preparación y desarrollo, cierre progresivo, cierre final y el poscierre, se llega a 2 329 520 hectáreas. Los últimos datos dan cuenta de que hay 20 463 015.51 hectáreas concesionadas, por lo tanto, el área no utilizada sería de 18 133 495.51 hectáreas.

Todos estos puntos deben ser abordados seriamente. La pregunta que corresponde plantear a los diferentes estamentos de la minería es cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas e intereses de grupo para construir salidas a los problemas que la minería enfrenta en el país, para que se atraiga a los verdaderos mineros a la formalización y se aísle a los ilegales y al crimen organizado.