Disputa Geopolítica EEUU – China: los ojos sobre Perú
Ya lo habíamos advertido hace algunos meses. El megapuerto de Chancay se ha convertido en el nuevo tema de interés de la administración Trump. El año pasado, la administración estadounidense había expresado su “preocupación” por el incremento de las relaciones comerciales e inversiones estratégicas, como la minería y la infraestructura portuaria y vial por parte del Gobierno y las empresas chinas. En 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú, advirtió a las autoridades peruanas que China representaba una amenaza para los pueblos y la paz en la región, enfatizando que era necesario frenar sus “oscuros intereses económicos”.
La situación del Perú en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China se ha vuelto más compleja en los últimos meses, no solo porque se mantiene la creciente presencia económica china, sino también por declaraciones públicas de autoridades de ambos países y por el fallo judicial a favor de Cosco Shipping y en contra de OSITRAN sobre el megapuerto de Chancay.
Perú intenta navegar entre las dos potencias con una estrategia de «multi alineamiento» o «neutralidad activa», aunque el enorme peso económico de China y la reciente agresividad geopolítica de EEUU están poniendo a prueba este equilibrio. Habría que preguntarse si esta “estrategia del muertito” continúa siendo o no manejable para Perú, en momentos en que atravesamos una nueva crisis política con la censura del presidente (e) Jerí y la elección del nuevo encargado de la Presidencia del Perú.
Es clara la existencia de una interdependencia económica con China; además, Perú forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta desde 2019, lo que ha profundizado su vínculo con Beijing.
Sin embargo, también existe una relación estratégica histórica con Estados Unidos (para quienes seguimos siendo su patio trasero).
Estados Unidos: relación histórica política, económica y de seguridad
Luego del autogolpe de Fujimori en 1992, Washington priorizó la estabilidad económica y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
En los años noventa, el gobierno de Fujimori promovió reformas estructurales en el marco del llamado Consenso de Washington: privatizaciones, apertura comercial y disciplina fiscal. De igual manera, Estados Unidos fue un actor clave en la reinserción financiera internacional del Perú tras la crisis de la deuda de los años ochenta.
Empresas estadounidenses, aprovechando este contexto, invirtieron en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y finanzas, consolidando su presencia en sectores estratégicos.
En 2006, Perú firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, implementado en 2009; facilitando el acceso preferencial al mercado estadounidense; aunque nos puso en desventaja en cuanto a candados en inversión y resolución de controversias.
En 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó el documento “Agency Strategic Plan Fiscal Years 2026-2030 U.S. DEPARTMENT of STATE”; en dicho documento, la Administración Trump señaló que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás será cuestionado” y estableció la denominada nueva “Doctrina Donroe” en alusión a la Doctrina Monroe de 1823, señalando que no permitirán que ningún adversario establezca una base militar en cualquier lugar de la región, incluidas instalaciones con posibilidades de doble uso, como han señalado los funcionarios estadounidenses respecto al puerto de Chancay.
Resumiendo, fue una relación de alta dependencia económica y fuerte alineamiento político, que sentó las bases del modelo económico peruano contemporáneo y definió buena parte de su inserción internacional antes del ascenso de China como principal socio comercial.
China: principal socio económico y actor estratégico
China es actualmente el principal socio comercial del Perú y concentra alrededor del 33 al 40% de sus exportaciones, (comparado con aproximadamente el 11 al 14% de EE.UU.) especialmente de minerales como cobre y hierro. Su presencia es determinante en minería (Las Bambas, Toromocho, Shougang), energía eléctrica (monopolio de la distribución en Lima Metropolitana) e infraestructura portuaria y de transporte (donde destaca el megapuerto de Chancay).
Según datos de fuentes como Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas, hemos construido la siguiente tabla:
Distribución de la Inversión Extranjera Directa China en Perú
Según sector a 2025
En millones de USD
| Sector | Porcentaje de participación | Inversión aproximada en Millones de USD |
| Minería Las Bambas, Toromocho y Hierro Perú, en operación, y otras que aún no han empezado a operar como Pampa del Pongo, Don Javier y Galeno | 47% | 13 000 |
| Generación, transmisión y distribución eléctrica China Three Gorges Corporation (CTG): San Gabán III-Puno; Hidroeléctrica Chaglla-Huánuco; China Yangtze Power (filial de CTG)-Luz del Sur; China Southern Power Grid International (CSGI)-ENEL (monopolio de la distribución en Lima Metropolitana) | 33% | 9.1 |
| Petróleo y gas Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) y Sinopec, que han operado y operan lotes petroleros en Loreto y Cusco | 10% | 2800 |
| Infraestructura y transporte Puertos (Chancay – Cosco Shipping) China Railway, Power China | 5% | 1300 |
| Pesca | 4% | 1157 |
| Finanzas y Seguros | 2% | 425 |
Chancay ha adquirido una dimensión geopolítica. Autoridades estadounidenses han expresado preocupación sobre la creciente influencia china en infraestructura crítica en América Latina, aludiendo a posibles implicancias estratégicas. En respuesta, las autoridades chinas han defendido la naturaleza “estrictamente comercial” del proyecto y han cuestionado lo que consideran interferencias externas.
Para el Perú, China representa inversión, financiamiento y un mercado clave para sus exportaciones.
Soberanía y tensiones diplomáticas
Las recientes declaraciones públicas de representantes de Estados Unidos sobre la presencia china en puertos e infraestructura estratégica han sido interpretadas en el debate interno como advertencias sobre seguridad y soberanía. Paralelamente, voceros chinos han subrayado que sus inversiones respetan la legislación peruana y la soberanía nacional.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense se pronunció en X “Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”.
China expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto de Chancay y acusó a Washington de realizar una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco Shipping. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense.
Por su parte, el nuevo Embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, también en su cuenta de X dijo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
Este cruce discursivo ha colocado al Perú en una posición incómoda: cualquier pronunciamiento puede ser interpretado como un alineamiento con una de las potencias. La narrativa de la “soberanía” se ha vuelto central, especialmente en un contexto donde el país enfrenta fragilidad institucional y polarización política.
Y, hablando de soberanía, a Estados Unidos no le importa ni el concepto ni la práctica. Es más, las intervenciones militares de EE.UU. en otros países siempre estuvieron acompañadas del discurso de paz, democracia y sí, soberanía. Sin embargo, ahora Trump es mucho más claro y transparente: quieren el petróleo, quieren nuestros recursos, quieren recuperar su protagonismo global y países como el nuestro podríamos ser presas fáciles de esta estrategia.
El caso Cosco – OSITRAN y la dimensión regulatoria
Un elemento particularmente sensible ha sido el proceso judicial mediante el cual Cosco Shipping logró en primera instancia un fallo favorable que limita determinadas funciones de supervisión de OSITRAN (organismo regulador de infraestructura de transporte de uso público) en relación con el puerto de Chancay.
La sentencia señala que «El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno».
Si bien el proceso se enmarca en disputas contractuales y regulatorias, en el contexto de la rivalidad geopolítica adquiere una lectura mayor: ¿hasta qué punto el Estado peruano mantiene plena capacidad de regulación y supervisión sobre activos estratégicos operados por empresas estatales extranjeras? ¿Qué tan fuertes son nuestros organismos autónomos, como OSITRAN? ¿Tenemos la capacidad, como país, para tener un equilibrio entre la promoción de la inversión y la defensa del interés público?
La respuesta cae por su propio peso: el marco normativo y la institucionalidad pública han seguido debilitándose, los poderes públicos están tomados por intereses mafiosos y angurrientos de poder.
Riesgos de la estrategia peruana: equilibrio bajo presión en contexto de crisis política
Tradicionalmente, el Perú ha seguido una política exterior pragmática, manteniendo relaciones comerciales tanto con China como con Estados Unidos. Sin embargo, el creciente peso económico de China y la agresividad geopolítica de EEUU están rompiendo ese equilibrio. La competencia entre ambas potencias reduce el margen de maniobra que Perú había venido teniendo. A ello hay que sumar la permanente inestabilidad política por la que atravesamos, una crisis de sistema, no de gobiernos.
En este escenario, los riesgos de la inestabilidad política están referidos, por un lado, a la dependencia excesiva de un solo mercado, al debilitamiento institucional frente a grandes inversiones y a la instrumentalización política de proyectos estratégicos.
Los impactos ambientales y sociales
No podemos olvidar que, mientras las potencias y los poderes económicos y mafiosos disputan entre sí y se llenan los bolsillos, la población de Chancay, sus organizaciones y liderazgos están siendo criminalizados y judicializados por exigir sus derechos, por defender sus medios de vida, por proteger su medio ambiente, como el humedal Santa Rosa y la biodiversidad marina.
La sociedad civil organizada en el Frente de Defensa por la Vida y la Dignidad de Chancay identificó distintos impactos ambientales por la construcción del megapuerto. Habiendo agotado las instancias administrativas, decidió llevar su reclamo a la vía penal. De esta manera, han presentado una denuncia por la contaminación ambiental de la playa Chorrillos contra la empresa Cosco Shipping Port Chancay – Perú ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental de Huaral; así como demandas de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima y el Juzgado Civil de Chancay, que incluyen a Cosco Shipping a la par de entidades del Estado como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente y otros.
Las actividades, tanto de la empresa china como de las autoridades nacionales, continúan afectando la vida de la población, la soberanía alimentaria, la actividad pesquera y a los pescadores artesanales; afectan sus viviendas, el turismo y el ecosistema costero afectando fundamentalmente la fauna, el humedal Santa Rosa que es un área protegida, y la fauna acuática.
La estrategia empresarial de relacionamiento comunitario ha sido el ataque y la represión, con grupos de matones para amedrentar a las y los dirigentes, con la complicidad de la Policía Nacional del Perú y las autoridades locales, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El Perú no es un actor protagónico en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, pero sí es un territorio estratégico por sus recursos y su ubicación. Los últimos acontecimientos evidencian que la competencia entre potencias ya no es abstracta: se expresa en decisiones regulatorias concretas y en debates sobre la capacidad del Estado peruano para ejercer plenamente su autoridad.
El desafío actual no es solo económico, sino institucional y político, requerimos un nuevo pacto social, una nueva Constitución Política.
En los momentos en que vivimos en nuestro país es difícil imaginarnos un futuro de respeto de derechos y de justicia ambiental y social. Sin embargo, las y los pobladores de Chancay persisten en sus demandas y sus luchas y desde la sociedad civil organizada demandamos se haga justicia.
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