Estudio compara dinámicas de la minería informal e ilegal en los Andes y la Amazonía

El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, en alianza con CooperAcción, realizó el webinar titulado “Entre los Andes y la Amazonía: Una mirada comparada a la minería informal e ilegal en el Perú”. El evento presentó los hallazgos de una investigación comparativa que analiza cómo se configuran y diferencian las dinámicas de la minería informal e ilegal en ambos territorios, así como sus impactos sociales, económicos y ambientales.

La presentación principal estuvo a cargo de Daniel Hernando, investigador del CEMS. Los comentarios fueron desarrollados por Alejandra Villanueva, investigadora afiliada del CEMS de la Universidad del Pacífico e investigadora senior en la Universidad Católica de Lovaina; Roger Merino, profesor asociado e investigador en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico; y José De Echave, investigador principal de CooperAcción, doctor en Estudios de Sociedades Latinoamericanas y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Durante su exposición, Hernando recordó que la minería representa alrededor del 10 por ciento del PBI nacional y cerca del 60 por ciento de las exportaciones del país. Sin embargo, en paralelo a la gran minería formal, se ha expandido de manera acelerada la minería artesanal y de pequeña escala, conocida como MAPE, cuya producción de oro ha llegado a superar en determinados periodos a la de la gran minería. En este contexto, la minería informal e ilegal constituye uno de los desafíos socioambientales más complejos del país.

Uno de los principales aportes del estudio es demostrar que la MAPE no es un fenómeno homogéneo. A través de una comparación estructurada entre casos andinos como Pataz, Cotabambas y Chumbivilcas y casos amazónicos como el río Cenepa y Puerto Inca, la investigación evidencia diferencias sustantivas en las formas de extracción, organización, relación con las comunidades y presencia estatal.

En la Amazonía predomina una minería aurífera aluvial y mecanizada, desarrollada en cauces de ríos mediante dragas y retroexcavadoras, con impactos directos sobre ríos y bosques. En los Andes prevalece una minería vetiforme subterránea, asociada a socavones y uso de explosivos, con mayores niveles de especialización técnica y una operación más anclada al territorio.

El estudio también identifica diferencias en la temporalidad de la expansión. Mientras que en zonas como Pataz existen antecedentes históricos de minería, en varios casos amazónicos la expansión más intensa se registra entre 2012 y 2018, con un punto de quiebre durante la pandemia, periodo en el que se incrementó la llegada de nuevos actores e inversionistas.

Respecto a los actores involucrados, Hernando destacó la figura del inversionista externo que aporta capital para maquinaria y contratación de trabajadores. En los Andes, la negociación con comunidades suele ser más estructurada y colectiva. En la Amazonía, en cambio, se observan mayores niveles de fragmentación interna y acuerdos individuales que pueden debilitar la gobernanza comunal.

En cuanto a la presencia de economías ilícitas, el estudio encontró variaciones territoriales. En algunas zonas amazónicas y en Pataz se reportan amenazas y episodios de violencia, mientras que en otros casos no se identificó evidencia concluyente de organizaciones criminales en las áreas específicas analizadas. Asimismo, la presencia estatal muestra contrastes. En los Andes existe mayor infraestructura y articulación institucional, mientras que en la Amazonía predominan intervenciones esporádicas, principalmente vinculadas a operativos de interdicción.

En sus comentarios, Alejandra Villanueva destacó la importancia de analizar la minería artesanal desde una perspectiva territorial comparada. Señaló que el estudio permite desmontar visiones simplificadoras y aporta evidencia clave para diseñar políticas diferenciadas. En el intercambio posterior con el público, subrayó que el desafío radica en cómo traducir este enfoque en instrumentos normativos concretos que reconozcan la diversidad organizativa sin debilitar estándares ambientales y sociales.

Roger Merino resaltó el análisis del marco legal y la necesidad de revisar aspectos estructurales como el sistema de concesiones y el ordenamiento territorial. Durante la ronda de preguntas, enfatizó que la discusión no debe limitarse a la formalización administrativa, sino que debe abordar las condiciones económicas y políticas que hacen viable la expansión de la MAPE. Planteó que cualquier estrategia estatal debe considerar la dimensión de derechos colectivos y los conflictos por el acceso al territorio.

José De Echave puso especial énfasis en que la actual expansión de la minería informal e ilegal es acelerada, desordenada y en algunos casos violenta, especialmente en territorios amazónicos donde la presencia estatal es precaria o inadecuada. En el diálogo final advirtió que resulta un error insistir en políticas uniformes o en una ley MAPE que no tome en cuenta las distintas realidades territoriales. Señaló que la investigación muestra que, con diferentes matices, el Estado carece de suficiente capacidad de regulación, fiscalización y sanción en las zonas analizadas. Por ello, sostuvo que enfrentar este fenómeno requiere más Estado y no menos, con mayor densidad institucional en los territorios y el fortalecimiento de capacidades subnacionales.

El webinar concluyó con una reflexión compartida entre panelistas y participantes sobre la urgencia de superar enfoques uniformes frente a la minería informal e ilegal. Los especialistas coincidieron en que fortalecer las capacidades de autogobierno comunal, mejorar la coordinación interinstitucional y construir políticas públicas basadas en evidencia territorial son pasos fundamentales para enfrentar un fenómeno complejo y en constante transformación en el país.