El chifagate: inversión china y sombras de corrupción

El llamado “chifagate” —las reuniones del presidente Jerí con empresarios chinos realizadas fuera de los canales institucionales— volvió a poner en el centro del debate público la relación entre poder político, grandes inversiones extranjeras y corrupción en el Perú. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso abrió interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones estratégicas en el país y la debilidad de los mecanismos de control del Estado. Este fue el eje del más reciente programa de La Hora Verde.

Para esta edición, el programa contó con la participación de Julia Cuadros, economista e investigadora de CooperAcción; Eloy Marchán, director del portal El Foco; y Julio Rospigliosi, periodista del portal La Contra. Desde sus respectivos campos, los invitados analizaron el caso como un síntoma de problemas estructurales más profundos en la política y la economía peruana.

Desde una perspectiva económica, Julia Cuadros explicó que el “chifagate” evidencia cómo la atracción de inversiones extranjeras en el Perú se desarrolla en un contexto de alta opacidad y escasa institucionalidad. Señaló que el país ha optado por un modelo que privilegia el ingreso de capitales sin establecer salvaguardas claras ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En ese sentido, advirtió que no se trata únicamente de quién invierte, sino de bajo qué reglas se permite que esas inversiones influyan en decisiones políticas y económicas clave, muchas veces sin evaluar impactos sociales, ambientales o fiscales.

Por su parte, Eloy Marchán centró su análisis en el plano político e institucional. Señaló que las reuniones irregulares del presidente con empresarios chinos reflejan una práctica recurrente en el ejercicio del poder: la normalización de la informalidad y el uso discrecional del cargo público. Marchán sostuvo que este tipo de conductas no ocurre en el vacío, sino en un escenario marcado por la debilidad del Congreso, la falta de fiscalización efectiva y la captura de instituciones que deberían ejercer control. Desde su punto de vista, el caso ilustra cómo la crisis política facilita la entrada de intereses económicos sin supervisión ni transparencia.

Desde el periodismo de investigación, Julio Rospigliosi puso énfasis en los antecedentes de los empresarios involucrados y en la gravedad de que el presidente mantenga vínculos con actores cuestionados judicialmente, incluso con uno que cumple prisión domiciliaria. Rospigliosi subrayó que este no es un problema menor ni meramente personal, sino un asunto de interés público que compromete la credibilidad del Estado. Asimismo, cuestionó el rol de ciertos medios de comunicación que minimizan o silencian estos hechos, y defendió la necesidad de un periodismo crítico que investigue las relaciones entre poder político, negocios y corrupción.

En las reflexiones finales, los tres participantes coincidieron en que el “chifagate” debe entenderse como la punta del iceberg de una forma de gobernar que debilita la democracia y favorece la captura del Estado por intereses privados. Alertaron que, mientras no se fortalezcan los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, estos episodios seguirán repitiéndose, independientemente del origen del capital involucrado.

La Hora Verde dejó así una advertencia clara: más que un escándalo coyuntural, el “chifagate” revela cómo se están tomando decisiones de poder en el país y plantea una pregunta urgente sobre los límites entre inversión, corrupción y democracia en el Perú.

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