Las Sombrillas: Derecho a la playa vs. abuso empresarial

El intento de construir un megaproyecto comercial en la playa Las Sombrillas, en el distrito de Barranco, reabrió el debate sobre el derecho al espacio público, la conservación de ecosistemas costeros y los abusos empresariales sobre la costa limeña. La polémica, centrada en una concesión otorgada en 2005 y activada ahora mediante un arbitraje, fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, que analizó los alcances del caso y las respuestas ciudadanas ante lo que vecinos y especialistas consideran un abuso empresarial.

En este programa participaron Natalia Sobrevilla, historiadora y activista ciudadana; Enrique Delucci, presidente de la Junta Vecinal N.º 6 de Barranco; y Antony Apeño, biólogo de CooperAcción. Los tres coincidieron en que la discusión no es solo sobre un contrato firmado en 2005, sino sobre la preservación de un espacio público y de servicios ecosistémicos que la ciudad necesita.

Desde la mirada vecinal, Enrique Delucci recordó que la concesión data de 2005 y que, al no haberse ejecutado la obra en todo este tiempo, la expectativa de los residentes era que el terreno quedara liberado. Advirtió que la posible materialización del proyecto implicaría la pérdida de canchas deportivas, accesos públicos y espacios de recreación que hoy utilizan deportistas y familias del distrito. Relató además la indignación por el silencio de instancias como la Autoridad para el Proyecto Costa Verde y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), y anunció que las juntas vecinales y el municipio han iniciado acciones legales —incluida una acción de amparo— para frenar cualquier entrega efectiva del espacio.

Antony Apeño puso el foco en los riesgos ambientales. Señaló que Las Sombrillas presenta rasgos costero-marinos relevantes —afloraciones de agua dulce, relictos de humedal y presencia recurrente de fauna marina— cuya dinámica podría verse alterada por una obra de gran envergadura. Advirtió que construcciones en la franja costera modifican la dinámica de arena y oleaje y generan impactos que se extienden a playas vecinas: “No se trata solo del lugar donde se construya, sino del efecto en todo el sistema litoral”, explicó.

Natalia Sobrevilla contextualizó históricamente el conflicto: las concesiones de la Costa Verde no equivalen a privatización legal de playas, pero en la práctica muchas han terminado restringiendo el uso público. Relató casos previos (como la pérdida de playas en Barranco por desarrollos anteriores) y denunció prácticas como dragados y maniobras de mantenimiento que han deteriorado la biodiversidad y la capacidad de uso público de tramos costeros. Subrayó también la paradoja de que contratos antiguos se pretendan activar sin que se evalúen a la luz de los daños acumulados y de la normativa vigente sobre el litoral.

Los tres invitados coincidieron en que hay una carencia institucional: pocos especialistas en las municipalidades, escasa fiscalización y una débil gobernanza metropolitana que facilita decisiones poco transparentes. Además, enfatizaron la necesidad de transparencia —que la Autoridad de Proyecto Costa Verde, la Superintendencia de Bienes Nacionales y DICAPI pronuncien públicamente sobre la situación— y de mecanismos de participación real de la ciudadanía antes de cualquier decisión.

El programa concluyó con una advertencia y una llamada a la acción: más allá de la legalidad formal de contratos de hace veinte años, está en juego el acceso público al paisaje costero, la protección de servicios ecosistémicos y la posibilidad de que las comunidades decidan el uso de sus playas. Los invitados coincidieron en que habrá que vigilar de cerca el papel de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, DICAPI y el Municipio de Lima, y mantener la movilización ciudadana para evitar un nuevo recorte de lo público en favor de proyectos privados.

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