Fiscalía sin recursos para combatir la minería ilegal

El fiscal superior, Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), alertó que el financiamiento fue recortado para el 2026.

“Para este año, el presupuesto designado en el Presupuesto General de la República para luchar contra la minería ilegal para la FEMA fue cero, y para el 2026 también lo será” dijo al medio Convoca.pe.

Sin recursos, los fiscales persiguen a organizaciones que mueven más dinero que el narcotráfico, operan con tecnología satelital y armas de guerra, y blanquean toneladas de oro.

Si bien, durante su gobierno, Dina Boluarte presento un proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público con la finalidad de reducir la minería ilegal, no tuvo en cuenta el respaldo financiero.

En el proyecto de ley elaborado por órganos del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía, dirigido por Acuña Namihas, no se tomó en cuenta destinar recursos para el Ministerio Público para el 2025 y 2026.

Aunque en 2023 el Ministerio Público recibió la asignación de 4.3 millones de soles, destinados principalmente a viáticos y pasajes para operativos de interdicción en zonas de extracción, estas cifras cayeron drásticamente a 141 mil 196 soles.

Para los años 2025 y 2026, el Ministerio Público ha vuelto a quedar fuera del plan, lo que significa que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental no cuenta con fondos asignados para combatir la minería ilegal en ningún punto del país.

Según información de Convoca.pe, si bien se ha destinado presupuesto de 177 millones 796 mil 795 soles para el programa de reducción de la minería ilegal, solo el Ministerio del Interior, Defensa, Procuraduría, la Sucamec y Sernanp, recibirán estos fondos, mas no la Fiscalía.

A la falta de presupuesto se suma la carencia de despachos fiscales en zonas como Ucayali donde solo existe cuatro, en Madre de Dios, cinco; en Loreto, tres; y en Condorcanqui (Amazonas), zonas con especial crecimiento de minería ilegal.

La Fiscalía Ambiental ha estimado que requiere 7,4 millones de soles para abrir nuevas sedes en zonas críticas donde crece la minería ilegal, como Ramón Castilla (Loreto), Sandia y Carabaya (Puno), y La Libertad. (Tomado de Servindi)